Reflexiones para pensar la negociación colectiva

 Escribe: Martín Sanguinetti economista miembro de la cooperativa de trabajo Comuna.

Antes de comenzar con un análisis de actualidad, cabe recordar que los Consejos de Salarios fueron creados en 1943 a través de la Ley Nº 10.449, sin embargo, pese a existir el marco legal, no siempre hubo voluntad política para convocarlos por parte del Poder Ejecutivo. Éstos no fueron convocados durante la dictadura cívico-militar y tampoco lo fueron en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1994[1]), ni con el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-1999) y tampoco con el de Jorge Batlle (2000-2004). En el año 2005 se retoman bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2009) y en 2009 se promulga la Ley N° 18.566 que regula el marco de actuación de la Negociación Colectiva. Se puede esquematizar la negociación colectiva en dos grandes componentes, uno vinculado a lo estrictamente salarial, es decir, a la fijación del salario mínimo por categoría laboral y por actividad y a su evolución durante el período de vigencia del convenio. Otro componente hace referencia a las condiciones de trabajo dentro del sector de actividad, por ejemplo la fijación de feriados sectoriales, régimen horario, capacitaciones, horas sindicales, licencias especiales por cuidados y muchas otras que hacen a las condiciones de trabajo.

En estas fechas, faltan muy pocos meses para que finalicen los convenios colectivos de la gran mayoría de los grupos. En junio del 2020 la VIII Ronda de negociación colectiva fue la más grande de la historia de nuestro país, debido a la cantidad de grupos y subgrupos que abarcó, aunque cabe recordar que de negociación tuvo muy poco. Bajo el contexto de la pandemia, la propuesta del Poder Ejecutivo fue reducir la negociación a su mínima expresión centrándose únicamente en lo que refiere a la fijación salarial con una fórmula prácticamente universal para todos los sectores de actividad. El Poder Ejecutivo marcó los lineamientos a nivel del Consejo Superior Tripartito y con la excusa de las dificultades que impone el contexto sanitario, se pautó el salario de la mayoría de los grupos en ese nivel, con casi nula posibilidad para las organizaciones sociales de negociar a nivel de grupos y subgrupos.

Antes de pasar a analizar la generalidad, cabe destacar que algunos sindicatos consiguieron negociar con las cámaras y con éxito lograron salirse de las pautas del poder ejecutivo firmando un acuerdo más acorde a su realidad. Este es el caso del SUNCA que firmó un convenio colectivo a 35 meses con cláusulas que garantizan acompañar el salario según el desempeño del sector, además de una partida con ticket de alimentación. Otro ejemplo es el del SIMA quienes firmaron un convenio a 2 años garantizando el actual nivel salarial. También el SINTEP un sector golpeado por la realidad de la pandemia como lo fue la educación privada, firmó un convenio salarial con las pautas del ejecutivo, pero garantizando que les devolverán la pérdida salarial en los próximos años.

Si nos centramos en lo salarial, las pautas y lo que se terminó saldando para la enorme mayoría de los grupos, consistió en un convenio que garantiza la pérdida de salario real entre junio y diciembre. En enero hubo un aumento salarial único de 3% o en abril/2021 para aquellos sectores cuyos cotizantes a noviembre 2020 sean 90% o menos que los del 2019. Y a sugerencia del PIT-CNT se consideró especialmente a los salarios sumergidos de la economía, -menores a $U22.595 nominales- un aumento de 4% en vez de 3%.

Luego para fin del convenio, es decir en junio del 2021, se dará un correctivo donde se mira la inflación julio2020/junio2021, se le resta el correctivo antes otorgado, y también se resta la caída del PBI 2020 de toda la economía. Esto hace que a fin de convenio es muy probable que no exista ajuste, es más, es posible que el ajuste sea negativo. Si tomamos la caída del PBI según el promedio de las encuestas de expectativas del BCU, este será de -5,6% para el 2020. Por otro lado, si la inflación julio2020/junio2021 es menor a 8,6% el ajuste debería ser negativo[2], efecto que no está claro en las pautas cómo se saldará.

Estas pautas con casi nula negociación a nivel de rama esconde muchos problemas que sería deseable poder reflexionar de cara a lo que se viene. En lo que hace a lo salarial, es necesario resaltar que no todos los sectores de la economía registraron malos desempeños, en esos sectores estas pautas no son más que un avance del capital sobre el trabajo, ya que el capitalista obtiene más renta por el aumento de su producción y además por la caída del valor de la fuerza de trabajo.

A su vez, existe un supuesto poco comprobado pero que suele ponerse como una verdad absoluta, donde se asevera que los ajustes salariales a la baja son para garantizar las fuentes de empleo. En todo caso, si este supuesto se cumple, sería deseable que sea parte de la negociación conocer cómo y qué mecanismos garantizan los puestos de trabajo a cambio de ajustar por salarios. Algún sector, como el caso del transporte urbano, lograron acordar este tipo de mecanismos, donde se acepta la pérdida salarial a negociar a nivel de cada sindicato, a cambio de no perder puestos de trabajo.

De hecho, bajo este supuesto, el mecanismo presentado por el gobierno como incentivo a la conservación del empleo, es un subsidio de $u 5.000 durante tres meses a las empresas que reincorporen trabajadoras/es a su plantilla o que tomen personal nuevo. Este subsidio, que captará directamente el empresario, será muy bienvenido para aquellos que ya planeaban retomar o contratar trabajadoras/es, pero puede no ser incentivo suficiente para aquellas empresas que se encuentren en dificultades.

En lo que hace al aspecto no salarial de los convenios colectivos, es en esta parte de las relaciones laborales donde más se puede innovar y buscar soluciones para mejorar las condiciones laborales, buscar mejoras para compatibilizar la reproducción de la vida con el trabajo remunerado, buscar mecanismos que igualen desigualdades, pensar reconversiones laborales en el marco del avance tecnológico y el uso de las mismas, entre muchas otras. No haber tenido negociaciones a nivel de grupos y subgrupos hizo perder una gran oportunidad de pensarnos en este momento de pandemia, donde se intensificaron los cuidados, hay pérdida de ingresos que hace cada vez más difícil buscar en el mercado soluciones de cuidados, y además el teletrabajo nos dio un golpe hacía un mundo nuevo de hacer y pensar el trabajo.

Por último, no hay que olvidar que previo a la aparición del COVID-19 y sus consecuencias, ya se avizoraba un marco diferente para esta gran ronda de negociación colectiva. A fin del 2019 la Organización Internacional del Trabajo falló a favor de la queja presentada por las cámaras empresariales e intimó al gobierno uruguayo a realizar algunos cambios regresivos para los y las trabajadoras en lo que hace a la negociación colectiva. Especialmente en lo que refiere a la ultraactividad de los convenios, es decir, que los acuerdos no salariales de los convenios caigan cuando vence el mismo, haciendo renegociar todas las conquistas en cada negociación. Si bien el proyecto de ley presentado por el gobierno anterior no fue sancionado, es probable que el gobierno electo avance sobre esta materia en la brevedad, limitando el actual alcance de la negociación colectiva.

Por otro lado, fue sancionada la Ley de Urgente Consideración (LUC) presentada por el actual gobierno. La ley que modifica sustantivas y variadas políticas públicas que hacen al bienestar de la población -educación, vivienda, empresas públicas, entre otras-. Pese a que la LUC no profundiza en el ámbito de las relaciones laborales, sí introduce cambios que restringen el uso del espacio público y el derecho a huelga, herramientas de lucha para la clase trabajadora.

A este contexto político en lo que hace al mundo del trabajo y avances privatizadores en los servicios públicos, se le agrega un shock de austeridad sobre el gasto público cosa que va en contrapelo a lo que hace el mundo y la región, donde en momentos de contar con más y mejores servicios públicos estos se ven restringidos.

Estas reflexiones sobre la VIII ronda, intentan ser un aporte para pensar cómo nos preparamos para afrontar las que se vienen. Se vuelve imperioso estudiar para ser creativos, buscar herramientas  y fuerza para enfrentar un futuro incierto.

 

[1]                Se mantuvo la negociación colectiva para algunos sectores específicos como la banca, el transporte, la construcción, la salud y la bebida. Todos tienen la particularidad de tener una fuerte incidencia del sector público como prestador o como regulador (véase, “Crecimiento y exclusión” de Daniel Olesker).

[2]          Este escenario es probable ya que la inflación anual enero-diciembre fue de 9,4%, pero la misma viene en un proceso de enlentencimiento.