Obligado a decidir sobre temas políticos urgentes e importantes, el FA muestra  que ha perdido agilidad y vigor

Por Eduardo Aparicio

Una vez más el accionar político del Frente Amplio deja entrever las dificultades que se desprenden de una compleja realidad interna. Todo  esto quedó de manifiesto después de la aparición pública del Presidente Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo  decidió remitir al parlamento un proyecto de ley para reglamentar el artículo 38 de la Constitución, estableciendo limitaciones temporales al derecho de reunión.

No entraremos a considerar si se deben extremar las medidas de cuidado que el grave momento que vivimos exigen, lo fundamental es intervenir sobre las aglomeraciones de personas que no cumplen con las medidas dispuesta, no  respetan las barreras de disminuir la circulación y otras que serían las prioridades.  Hoy, simplemente queremos opinar sobre algunos aspectos políticos  que sacuden al FA.

Sus senadores,  de manera express,  realizaron una opción: ir por la reglamentación del artículo 44 de la Constitución, reforzando y haciendo centro en  la atribución especifica del Ministerio de Salud, para el ejercicio de la policía sanitaria.  Pero el proyecto de los senadores, también limitaba en términos muy  parecidos a los del ejecutivo el derecho de reunión. La propuesta alternativa, tal vez fue motivada y  tuvo la finalidad de generar condiciones para negociar. Pero no podemos dejar de interrogarnos, si era necesario y pertinente aceptar el dictado del Ejecutivo sobre las limitaciones al derecho de reunión, concediéndole el rango de pieza clave en el combate a la pandemia

Los diputados por su lado eligieron otro trillo, no recogieron el proyecto de los senadores que fue rechazado en el Senado y fueron a la discusión, con una señal de  no votar la iniciativa del P. Ejecutivo y plantearon una Minuta de Aspiración, donde se recogen criterios y medidas para combatir la pandemia, que se desprenden de las diversas propuestas que el FA hizo al gobierno.

Estamos frente a una desinteligencia entre ambas bancadas, a la expresión de diferencias tácticas o cabe preguntarse si ello es manifestación de problemas que subyacen junto con otros temas y dificultades.

Inquieta advertir cómo parte del FA se deja entrampar en una jugada  presidencial que conlleva riesgos para las libertades, sin que surja con contundencia un primer reflejo de defensa y preservación de las libertadas.

Las inclinaciones al ejercicio de una oposición responsable no se han disipado. A lo cual se le agrega una tendencia a que las definiciones políticas las adopten las bancadas y no la Mesa Politica. Se trata de la vieja tensión que ya evocamos: ¿Quién fija el rumbo político, los legisladores o el Frente? Se ha ido consolidando a través del tiempo y la reiteración del recurso, que son los parlamentarios, quienes los hacen, y el propio Javier Miranda, presidente del FA, obra en esa dirección.

 De todo este episodio hay que rescatar como positivo los esfuerzos realizados por algunos  sectores, de que sea la Mesa Política  quien defina el curso de la política del FA. Y, en contrapartida recatar como negativa una actitud “principesca” de los senadores frenteamplista, en el abordaje y el estilo elegido para llevar adelante el debate y la polémica en la sesión extraordinaria del 18 de diciembre.

De alguna forma, esta vez en el desenlace se impuso el talante de los diputados y no el de los senadores.

Innegable resulta que todo esto  alimenta legítimas  interrogantes y dudas sobre el proyecto político del FA, en términos de eficiencia y coherencia; pero también en el de su vigencia político histórico, porque las señales de agotamiento no son pocas.