La situación de Ancap antes que el Frente Amplio llegara al gobierno era muy comprometida. La izquierda intentó convertir a la mayor empresa pública uruguaya en un complejo industrial que dinamizará la economía y proyectara al país. Pero se dilapidaron centenares de millones de dólares y hoy, nuevamente, se enfrenta al viejo sueño herrerista para terminar con el monopolio.  

Por  Carlos Peláez

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) nació el 15 de octubre de 1931 a propuesta del diputado colorado Luis Batlle Berres durante el tramo constitucional de la presidencia de Gabriel Terra, quien en 1933 se convertiría en dictador.

El objetivo claramente expresado en las actas parlamentarias de la época era lograr soberanía energética y evitar la trasferencia al exterior “de millones de pesos” por concepto de impuestos.

Pero también primó un concepto geopolítico. Con el incipiente ingreso de automóviles a nuestro país y la consiguiente necesidad de combustible, dependíamos de las denominadas “7 hermanas” de la industria petrolera, que ejercían “dumping”.

Por entonces la Unión Soviética irrumpía como una potencia petrolera y nos ofrecía mejores precios y condiciones de pago. Por eso Uruguay comenzó a importar petróleo ruso.

Los batllistas de la época ya veían el potencial de ANCAP en el desarrollo industrial y de infraestructura del país, porque la ley original también preveía el monopolio de la fabricación de cemento.

Entonces los herreristas se oponían al monopolio. En un editorial publicado el 18 de octubre de 1931 por La Tribuna Popular, un diario identificado con los sectores herreristas del Partido Nacional, se decía : “El batllismo  si no pone coto a sus atropellos  nos conducirá al sovietismo. El monopolio de la industria de los combustibles es acabadamente leninista y no sólo atenta el derecho inalienable de la iniciativa particular, sino que sembrará desconfianzas que impedirán la implantación de nuevas industrias, con grave perjuicio a nuestra economía. ¿Quién será el guapo que se atreva a establecer una nueva industria bajo la vehemencia monopolizadora del batllismo?, se preguntaba el editorialista.

Y terminaba afirmando: “A esto nos conducirá el sovietismo batllista que no ha hecho otra cosa, que fomentar en todo el curso de su actuación pública, con fines electorales, la empleomanía…”

En 1934 ANCAP inauguró en Paysandú la primera planta auxiliar de combustibles y en 1937 comenzó a trabajar la refinería de La Teja con una capacidad de refinación de 600 metros cúbicos de petróleo crudo por día. En el año 1950 esta cifra sería aumentada a 4.100 metros cúbicos por día.

En el año 2003 el Contralmirante Oscar Lebel publicó el libro “Ancap: una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo” y allí aporta un dato desconocido por la gran mayoría.  En 1936, ya en dictadura, un ignoto diputado colorado de apellido Baltar, representante del riverismo, logra la aprobación urgente de un proyecto de ley por él presentado.

Esa ley  liquidó el monopolio del ente sobre la importación y venta de combustibles y favoreció a un trust integrado por las petroleras Shell, Esso, Atlantic y Texaco mediante la firma de convenios secretos con la empresa pública y por la que el trust se quedó con la mitad del negocio de combustibles.

Increíblemente ese convenio estuvo oculto al Parlamento hasta 1973. Jamás nadie explicó cómo fue posible mantenerlo  en secreto. Tanto que ni en la página web de Ancap figura alguna mención a la “ley Baltar”.

A fines del 2003 el 62,3% de los ciudadanos habilitados  votaron contra la ley 17.448 que eliminaba el monopolio del ente.

Antes del  FA

Es absolutamente cierto que el Frente Amplio casi funde a ANCAP. Pero no es menos cierto que cuando el FA asumió la empresa estaba fundido y casi sin posibilidades.

Fuentes de todos los partidos representados en el Parlamento y de FANCAP, coincidieron  que en el 2004 “ANCAP estaba al borde de desaparecer”.  Tenía una deuda de 350 millones de dólares, pero lo peor era que su infraestructura necesitaba inversión urgente a un costo de centenares de millones de dólares.

En 1997 el directorio del ente presidido por Eduardo Ache e integrado por Milka Barbato,  hizo negocios en Argentina con delincuentes buscados por Interpol . Unos 200 millones de dólares  perdimos con ese “negocito” . Y no perdimos  más porque nos salvó PDVSA que compró el “choclo” llamado Sol Petroleum. 

Una investigadora parlamentaria solicitada por el FA probó varias irregularidades y algún delito que pasaron a la justicia. En febrero del 2001 el entonces presidente Jorge Batlle destituyó a Ache. Pero nadie fue procesado porque la justicia no tenía fondos para solventar las pericias que debían hacerse en Argentina.

En 1998 se firmó un convenio con la empresa argentina Loma Negra, que dio origen a Cementos del Plata S.A. integrada entonces con un 55% de ANCAP  y un 45% de la cementera argentina, que sin embargo tenía mayoría en el directorio. El resultado de esa asociación fue tan deficitario que, según el  libro de Lebel “a partir de entonces la División Portland comenzó a dar pérdidas”. Y nunca se recuperó. Hoy Cementos del Plata S.A. se integra con un 99.8% de la empresa uruguaya y 0.2% de Loma Negra”. 

 El negocio del  gas es peor. Desde fines de los 90, Ancap pagó 429 millones de dólares  para la construcción de tres  gasoductos. Hoy el negocio del gas es casi inexistente. La empresa Montevideo Gas., recientemente en manos del Estado, provee gas por cañería a unos 6.000 clientes y es todo. Tenemos tres gasoductos, por dos de ellos circulan ratas.

Pero hubo una consecuencia más. Al deteriorado estado de las cañerías de hierro fundido se sumó que fueron hechas para un gas "húmedo" como el manufacturado. El gas natural "seco" llevó a que las juntas de las cañerías perdieran. Por tanto el 40% del gas que provenía de Argentina se fugaba al aire. O sea  no sólo no los usamos, sino que además no sirven.

Esta denuncia del Sindicato del Gas  fue caracterizada por sectores políticos como "una gran mentira de gente resentida". Pero en 2006 Gaz de France reconoció que era verdad cuando traspasó el contrato a Petrobras.

Otro negocio a pérdida millonaria absoluta fue la asociación con una destiladora escocesa en el año 2001, presuntamente para potenciar las bebidas alcohólicas que producía ANCAP . Pero el resultado fue la pérdida del 50% del mercado del whisky nacional. La empresa pública decidió no hacer un juicio por incumplimiento de contrato  y se acordó una salida negociada de una deuda de la escocesa, que jamás pagó. En el año 2018 CABA tuvo que cerrar después de acumular pérdidas  por unos 30 millones de dólares.

Con el FA

En el año 2005 Uruguay se sumaba a los países con gobiernos progresistas en América del Sur. Brasil con Lula y Venezuela con Chávez intentaban liderar un proyecto de transformación en toda la región. Lo que comprendía realizar fuertes inversiones en infraestructura y energía.

 Brasil se apoyó en algunas poderosas empresas privadas, Odebrecht la más grande de ellas, y Venezuela en su petróleo.

ANCAP encabezada entonces por Daniel Martínez recibió un ofrecimiento irrechazable por parte de PDVSA encabezada por Rafael Ramírez. El acuerdo firmado entre ambos países estableció que Uruguay pagaría el 75% de cada embarque en un plazo de 90 días y el 25% restante a largo plazo y sin intereses. Y que finalmente canceló en el 2015 con una quita del 38%.

Nuestro país importaba entonces unos 12 cargamentos de 900.000 barriles cada uno al año, por lo que el acuerdo firmado le dejaba al ente una caja de decenas de millones de dólares con los que podía solventar las inversiones necesarias.

Y fue aquí cuando Martínez tomó una decisión que tendría consecuencias a futuro. Eliminó la Gerencia General y puso a todos los gerentes de las empresas de grupo Ancap al mismo nivel, por lo que se les otorgaba facultades importantes para definir el rumbo de cada una de ellas. El problema es que, salvo la refinería, todas las otras operan bajo derecho privado.

Entonces comenzó la transformación que era imprescindible, pero fue mal ejecutada. Luego Raúl Sendic y Leonardo D León, entre otros, se comportaron como quien  saca el 5 de oro y no sabe qué  hacer con tanta  plata.

La Desulfurizadora fue proyectada con un presupuesto de 60 millones de dólares, terminó costando 430 millones de dólares,  el día de la inauguración se organizó una fiesta sobredimensionada y hubo que oír a Cristina Fernández decir que había sido financiada por Argentina, cuando fue enteramente pagada por Uruguay.

La planta de Alur terminó costando 150 millones de dólares cuando originalmente estaba proyectada para un costo de 50 millones.

La reconversión y ampliación de la planta de cemento portland de Minas estaba presupuestada por 45 millones de dólares, costó 120 millones y el directorio dijo que eran necesarios otros 27 millones para completarla.

Para la planta de cemento de Paysandú se adquirió un tercer horno a un costo de 85 millones de dólares, pero para montarlo son necesarios otros 100 millones, por lo que el horno permanece guardado desde hace 5 años en decenas de contenedores.

Y a esto se suman los desatinos con el remolcador Ky Chororo; el contrato con la empresa Pleno Verde para trasladar a Candiota la cal que se produce en Treinta y Tres, sin licitación y a la que se le entregó un adelanto de dos millones de dólares para la adquisición de camiones.

La planta de fabricación de cal construida en Treinta y Tres tuvo un presupuesto inicial de 80 millones de dólares pero terminó costando 147 millones. 

Sin olvidar a la Regasificadora, compartida con UTE y en el que literalmente se tiraron,  según los números  de hoy, 200 millones de dólares en un proyecto inviable antes de empezar.

En el 2015 hubo que recapitaliza a Ancap en 900 millones de dólares porque estaba fundida. Eso provocó un ajuste fiscal.

Es cierto, la empresa tuvo una importante e imprescindible renovación, pero el precio que se pagó fue altísimo. No sólo fue financiero,  costó un vicepresidente a la República y los resultados están a la vista. 

Después del FA

Con el triunfo de la Coalición Multicolor, reapareció el viejo proyecto herrerista para desmonopolizar a ANCAP . Así se plasmó en la Ley de Urgente Consideración. Como no hubo acuerdo interno el capítulo combustibles fue retirado.

Pero la situación más compleja se da en Cementos del Plata. FANCAP logró detener el cierre de la planta de Paysandú, que hoy sin el tercer horno es inviable.

Pero además hay otros fuertes competidores en el rubro.

Cemento Artigas , propiedad de la española Cementos Molins (51%,) y la brasileña Cementos Votorantim (49%), está ubicada en Minas frente a la planta de ANCAP  y como vende su producción más barata, le ganó más de la mitad del mercado a la empresa pública.

A fin de año se inaugurará en Treinta y Tres, Cielo Azul que será la cementera más grande del país. Propiedad de capitales brasileños, producirá unas 650 mil toneladas al año.  

En Treinta y Tres también se encuentra la empresa Ciemsa, propiedad de Diego Lugano y Diego Godín, que por ahora importa cemento de Turquía y lo vende bajo el nombre Charrúa.

La irrupción de tan fuertes competidores pone en riesgo la supervivencia de Cementos del Plata. En los hechos el gobierno ya anunció que busca un socio o un comprador para la planta de Paysandú. No sería extraño que más a largo plazo la planta de Minas corra igual suerte.

Uruguay tiene las mayores reservas de piedra caliza de gran calidad en una región que abarca el sur de Brasil y el norte argentino. El sindicato avaluó en unos 10.000 millones de dólares el valor de esas reservas.

En las últimas semanas se abrió una muy interesante posibilidad para la planta de cal de Cementos del Plata. Pruebas internacionales demostraron que la caliza uruguaya es apta para el uso en las plantas de celulosa instaladas en nuestro país y que ahora la importan desde Noruega.

Podría ser la tabla - o piedra – de salvación para el cemento y la cal de ANCAP.