En los últimos días hemos estado confrontados a dos hechos de alcance diferente pero ambos generadores de gran preocupación y rechazo desde una perspectiva democrática y desde el celo libertario.
Primero: El Jefe de Policía de Montevideo Erode Ruiz, banalizó la gravedad del uso de la picana eléctrica, aplicada por un agente policial a un detenido que ya estaba reducido; la defensa esgrimida por el jerarca y avalada por el Ministro del ramo estuvo centrada en que el arma es de venta libre y que el ministerio no la entrega a sus efectivos y, ergo: no está prohibida. Así interpretó con un caprichoso sesgo la Ley de Procedimiento Policial, una norma promovida y aprobada en el gobierno progresista, sin perjuicio de que siempre provocó inquietud en amplios sectores de la población al estar signada por una muy fuerte tendencia al “policiamiento” de la vida social y por ser generadora de ciertos procesos de autonomización profesional de los cuerpos policiales, al evadir de hecho la supervisión y el sometimiento a la autoridad política y el control ciudadano, dos aspectos claves para un encuadre positivo de la acción coercitiva y represiva en el marco de un Estado democrático.
Esta preocupación se complementa y aumenta con la operación impulsada por el actual senador Guido Manini de reimplantar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El ex comandante del Ejército, hoy líder de un partido conservador, reaccionario y autoritario, imbuido de una ideología de raigambre católica nacionalista; se desnudó por completo dejando caer caretas y vestiduras; se mostró tal cual es: un defensor de la impunidad, un buen protector de los esbirros del terrorismo de Estado, un activo personero político contrario a la búsqueda de la verdad y justicia, es por eso cubre y colabora tesoneramente con los autores de crímenes aberrantes. Su funcionalidad política al servicio del sistema de impunidad, lo lleva a desconocer e ignorar que los delitos cometidos por esos sus hoy añosos compañeros de armas, que han logrado hasta el presente eludir el castigo, constituyen delitos que la consciencia de la humanidad y el derecho internacional los han convertido en imprescriptibles e inextinguibles. Con su iniciativa el senador de charreteras amparado en ser una suerte de baza en el juego de la coalición procura generar un hecho político, coloca en una situación delicada y embreta al presidente y sus socios en el gobierno, .
Reflotar la Ley de Caducidad hoy es un imposible porque las fuerzas y la institucionalidad democrática a nivel nacional e internacional aseguraran la existencia de condiciones para que este intento no sea más que un sueño o deseo quimérico. Manini Ríos lo sabe, pero vale la pena recordárselo, el asunto no tiene vuelta
De todas maneras las fuerzas populares de las que hacemos parte deben prepararse para dar una batalla contra algunos personas que ocupan altos cargos en el actual gobierno, contra ciertas agrupaciones política y grupos de presión portadores de una visión nostálgica y trasnochada, cuyo designio es entorpecer, distorsionar, alterar la convivencia democrática, para lo cual se apoyan en lo mas refractario de nuestra sociedad, yendo contra pelo de un espíritu e intencionalidad de justicia y deseo de no repetición.
Los últimos 50 años de la historia del Uruguay han demostrado quienes son los que han luchado y sabido defender las libertadas y quienes la han atacado y erosionado. Resulta claro que Guido Manini busca ser coherente y responder en términos positivos, afirmativos, tanto en el plano de las ideas como en el de la acción política con quienes constituyen sus principales pilares de sustentación, es decir con una porción de la sociedad uruguaya que hace parte de fuerzas reaccionarias por antonomasia, entre las cuales reviste mucha gente de uniforme; estos hechos han confirmado qué intereses representa y con cuales sistemas de ideas se identifica,.
Los dos hechos despiertan la sana indignación que conduce, sin vacilaciones, también a rechazarlos de plano y con vigor.