Pareciera que los Servicios de Inteligencia entraron en cuarentena

Escribe: Walter Caimí PACTUM *

Treinta y cinco años después del retorno a la democracia, el domingo 31 de mayo del corriente año, se convirtió para el país todo en un día negro. Ese día, fueron asesinadas siete personas en circunstancias diferentes. Amaneció el domingo con la noticia impactante que tres infantes de marina habían sido ejecutados; luego se sumó la muerte de tres personas: un padre que mató a sus dos hijos y él posteriormente se suicidó, para terminar en horas de la noche con la muerte de un ex árbitro de fútbol a quien le robaron su coche al salir de su casa. Todos sucesos policiales por lo  que descarté de plano, en primera instancia, escribir sobre estos hechos trágicos.

A medida que corrían las agujas del reloj del día domingo, las preguntas me asaltaban y no encontraba respuesta en referencia a los tres jóvenes militares asesinados en el Cerro de Montevideo. Consultas de acá y allá, no esclarecían en nada mi preocupación al respecto, más bien, entreveraban. La condena social y del sector político fue unánime por la muerte de estos tres infantes de marina. Al entrar a analizar los hechos y ya parado en el día lunes 1° de junio, distintas manifestaciones de tono político hicieron un clic en mi mente. 

 

Los hechos indicaban que no había (no hubo) una organización política ni del crimen organizado detrás de estas muertes en referencia los militares. Las declaraciones de Sanguinetti -ex presidente de la república por dos veces- enlodaron la cancha de un muy mal gusto que no tiene parangón. En efecto, Sanguinetti comparó tal suceso luctuoso con la muerte de cuatro militares en el año 1972 en plena efervescencia política de aquel entonces. Luego se sumó lo vertido por el senador Jorge Gandini del Partido Nacional, quien palabra más, palabra menos, dijo que la droga en dicha circunstancia era el eje principal de las muertes de estos tres efectivos uniformados. Gandini, manifestó preocupación porque el espectro político –salvo el que él representa- no supo ni sabe cómo combatir la droga, etcétera, etcétera. Con sentido común, el colega Gabriel Pereyra, le refrescó la memoria diciéndole que su partido no había incautado siquiera 200 gramos de droga y que en los gobiernos de Sanguinetti, Batlle, y del Frente Amplio, sí se combatió este flagelo; dicho esto, las expresiones del colega las tomo oportunas y las hago mías. El lunes con algunas cartas a la vista, las redes sociales inundaron irresponsablemente acusaciones de todo tipo que apuntaron a los tupamaros y el Frente Amplio. 

 

Entrada la tarde del lunes primero, revisé cautelosamente el operativo policial, las declaraciones del ministro Larrañaga y de la fiscalía, y no había méritos para pensar en nada político ni del crimen organizado. A pesar de ello, llamó mi atención la familiaridad del ejecutante que disparó el arma de fuego, con la que se desempeñó para tal fin. Nada había roto en la escena del crimen. La precisión de dos de los disparos que dieron en la cabeza de un solo tiro en dos infantes de marina, el tercero había evidencias que algo sucedió y no tuvo la facilidad para rematarlo de un disparo. 

Está claro que los servicios de inteligencia del ejército habían fallado. Posteriormente, los trascendidos de prensa confirmaron la hipótesis de que existió en el mes de noviembre del año pasado comentarios respecto que hubo personal militar que esbozó robar armar; si bien se notició a la fiscalía no se actuó porque no existía delito. La “olla popular” de noticias falsas se incrementaba con el correr de las horas hasta que fueron detenidos tres personas atrás del Cementerio del Cerro. De golpe, los comentarios políticos cesaron. Es más, el señor Cristofer Zubía salió a desmentir que él nada tuvo que ver con el caso que vengo analizando, y presentó denuncia policial por el uso y abuso de no se sabe quién, en difundir su foto con su pareja, culpándolo de tal hecho.

 

Pasemos raya: 

1, Ministro del Interior y Fiscalía brindan conferencia de prensa el mismo domingo en horas de la noche, anunciando la detención de tres personas.

2, Ese mismo día, el Sr. Zubía dice ante cámaras de  televisión (Canal 4) relatando cómo las redes sociales lo incendiaron. 

3, Los políticos de turno, cierran la boca.

 

Este suceso lamentable por sus características, dejó en evidencia que el protocolo de seguridad de los infantes de marina, no fueron cumplidos. No es la primera vez que esto acontece, digámoslo. Ningún civil penetra un establecimiento militar sin antes pasar por el cernidor correspondiente. Tan es así, que durante más de 12 horas ningún superior se comunicó con dicho destacamento como sí debió hacerlo para enterarse si hay o no, alguna novedad. Los tres jóvenes militares custodiaban una antena de gran porte. Llamó mi atención que el mando superior no instruyera a sus subordinados cómo actuar y qué hacer ante un suceso equis y esto se desprende ni bien pude comprobar que en el lapso de 12 horas ningún superior tomó contacto con estos tres infantes de marina. Tal suceso, lo confirma el propio ministro de Defensa al cesar al responsable de la Base Naval del Cerro.

 

El cuarto elemento de “pasemos raya”, refiere a que uno de los tres imputados revistió en la armada hasta el mes de marzo del corriente año; en la jerga militar fue dado de baja porque no se presentó a trabajar transcurridos cinco días consecutivos. Este sujeto, conocía el lugar de los hechos pues había prestado servicio allí; esto lo dijo la fiscal en rueda de prensa, Dra. Mirta Morales. Al respecto, recuérdese que en la misma dependencia militar del Cerro, se intentó copar dicho establecimiento que fue repelido por la guardia. A ello se suma, el ataque con explosivos contra el edificio sito en el Prado, de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Droga acontecido el 9 de mayo.

 

¿Hay un eje conductor en todo estos sucesos? No lo sé. Sí sé, que no pasa desapercibido en tan corto tiempo físico, que inteligencia policial y militar están haciendo agua pues no hay resultados concretos, salvo en la ejecución de los tres infantes de marina. “Nada se descarta”, dijo la fiscal Morales. La droga pareciera ser el hilo conductor.  Precisamente, distintos fiscales que actúan en casos relacionados con el tema, mantuvieron reuniones de trabajo para intercambiar opiniones y/o estrategias  en sus áreas respectivas. ¿Qué quiere decir esto?, simple que Stella Llorente y Mónica Ferrero junto al fiscal letrado de Flagrancia Diego Pérez, se reunieron a tales efectos. 

 

Concomitantemente a estos sucesos, la fiscal Mónica Ferrero fue amenazada –aún no se sabe quién exactamente hizo tal cosa- se reforzó su persona para resguardar su seguridad física. Esta fiscal tiene el caso del empresario Mutio en relación a la droga incautada en Alemania ciudad de Hamburgo. El otro suceso, fue la citación por parte de la fiscal Alicia Ghione a una persona que plasmó en Facebook la alegría de “3 militares menos”. Tal hecho, fue puesto a conocimiento de la justicia por el concejal de Canelones José Abel Zarza, del Partido Nacional, que entendió con lógica razón, que los comentarios vertidos en redes sociales, alentaban a la “apología del delito”.

 

Sabido es que no trabajo en temas policiales, empero, las circunstancias de estos sucesos en tan corto lapso, ameritan bajar la pelota al piso, y dejar de manifiesto por escrito, que algo no funciona adecuadamente en los servicios de inteligencia de la policía y militar. Tanto el ministerio del interior como el ministerio de defensa, deberán encauzar su forma de trabajo, si se pretende custodiar a la ciudadanía de un mal como lo son las drogas. En este contexto, llamó mi atención que a partir de este lamentable triple crimen, se cite recién ahora, al recluso de la banda denominada “los ricarditos” que en apariencia libró orden para que detonaran explosivos en contra del edificio de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Droga. ¿Por qué no se hizo antes dicha citación? me pregunto.

El devenir de los días, seguramente afloren las circunstancias verdaderas de porqué se llegó a asesinar a tres jóvenes con el fin de robar sus armas de reglamento y venderlas; ¿venderlas a quién o quiénes?, ¿ a gente que trafica con drogas?, tampoco lo sé. La otra pregunta que aún no ha tenido respuesta, es el de la mujer y qué papel jugó en tales circunstancias. Me llama la atención.

 

A todo esto, está presente el caso Rocco Morabito que se fugó de la ex Cárcel Central y no hay noticias de él; nada se sabe, hay un manto de silencio y, según Larrañaga, cuando asumió el ministerio del interior, dio instrucciones para diligenciar el tema. El COVID 19 le vino como anillo al dedo a Morabito, pues el oso duerme plácidamente y no se sabe dónde reside. En tanto, y por cuanto, la ciudadanía parece olvidar que este escape mafioso tiene por protagonistas a funcionarios policiales cómplices en su fuga. De esto no hay duda. Nada se sabe. ¿Existió o hay alguna sanción vigente para la guardia de entonces? Tampoco lo sé. Y el hermetismo al preguntar por tal cosa, es una respuesta parca y con mala cara.

 

Hay muchos en juego para aclarar. Es hora de establecer responsabilidades.