Por Clara Amorin

Manifestación  de los vecinos de Nuevo Comienzo en pleno confinamiento  abril 2020Imagen de La Izquierda Diario arg

En enero, un conjunto importante de familias se instaló en Santa Catalina, en el oeste montevideano. Lo hicieron  mediante ocupación pacífica y sin clandestinidad,  de  un predio  con un área  de dimensiones importantes, conformado por tierras privadas (mayoritariamente de empresas ligadas a la logísticas) y públicas, municipales, que fueron expropiadas con la finalidad de incluir en ellas un plan de saneamiento.

Se trató de una respuesta, surgida  desde abajo, para el acuciante problema de la falta de vivienda generada en parte por  la precariedad e insuficiencia de ingresos que no permiten superar esa  terrible situación. Los últimos años se han caracterizados por el crecimiento y extensión de los asentamientos, que en una progresión sostenida han superado todas las fórmulas de  realojo y regularización llevadas adelante desde los gobiernos nacionales y municipales.

Los vecinos fraccionaron el terreno, que durante cinco décadas permaneció como baldío, desmalezaron, abrieron calles y sendas, delimitaron pequeñas  parcelas de unos 25  x 15 metros, las mismas llegan casi a las 700. Los vecinos saben que protagonizan un fenómeno de autorganizacion popular impulsando un proceso de formación de un barrio de gente de trabajo, que denominan el Nuevo Comienzo. Han sido estigmatizados desde el comienzo de esta actividad  por la prensa grande, que los emparentó con el narco tráfico. En el supuesto caso de que sea así  si hay casos de venta de drogas, deberían intervenir las autoridades, como en cualquier otro barrio, ellos no son otra cosa que hombres, mujeres, niños y viejos carentes de un techo, siendo gente de laburo, en su mayoría integrantes de esos segmentos más vulnerables cuya existencia nos recuerda la pandemia 

Al amparo de la transformación de la figura penal de la  usurpación, votada en 2008 bajo el gobierno del FA con los votos de su mayoría parlamentaria, se acentuó la carga punitiva de dicha figura referirla a la ocupación, introduciendo la noción laxa de arbitrariedad, dando lugar a  una disposición que  confirma la valorización prioritaria  de la propiedad privada sobre la necesidad. Es precisamente en base a esa  legislación que ahora la justicia respondiendo a las denuncias de los propietarios             Dervalix SA e Intendencia de Montevideo, hoy actúa imputando a mas de 11 vecinos y vecinas, algunas de ello (dos mujeres y un hombre)  que cumplen prisión domiciliaria, con una llamativa  y discutible medida que hace que algunos de  ellos tienen una autorización de libertad ambulatoria por algunas horas, en la que deben aplicarse a convencer a otros vecinos para que desalojen el predio. Esta curiosa medida así es explicada por los vecinos movilizados: “los formalizados han sido tomados de rehenes por la fiscalía,  para hacernos cargo de algo que no le corresponde a un civil: desalojar a casi mil familias”. 

El fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, eligió  dos caminos para encauzar la acción penal: intenta probar la existencia de una organización delictiva, a través de  reivindicar la existencia del delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de usurpación, junto a la determinación de un patrón común para todos los imputados bajo el tipo delictual de la “invasión ilegítima en fundo”.

Los vecinos en su proclaman dan su respuesta a la judicialización de  protesta y la lucha por los derechos, diciendo “Sr Fiscal, no nos trate como delincuentes, en el Nuevo Comienzo no hay una asociación para delinquir , hay hambre. No hay vivienda digna, y sí hay mucha gente pasando mal.”

Nuevo Comienzo alberga a muchas familias, gran parte con jefatura femenina, algunas víctimas de de violencia, provenientes de refugios, a muchos niños y a unos cuantos adultos mayores. OSE realizó la conexión de una fuente (canilla) y los vecinos han gestionado ante UTE, sin estar colgados.

FUCVAM, en gesto consecuente con su línea de actuación histórica se ha acercado a los vecinos, para apoyar su lucha respetando su voluntad y les   ha planteado la posibilidad de la organización cooperativita. Un grupo de 30   que fueron desalojados en febrero (ocupan predios municipales) han dado el paso y se constituyeron en una cooperativa en formación, que se levantara en un terreno en La Paloma que hace parte de la cartera de tierra.

Gustavo González secretario de Fucvam en declaraciones para La Diaria sostuvo:

“Nosotros nos pusimos a las órdenes para encontrarle una salida al problema, porque nos parece una barbaridad que en momentos de emergencia sanitaria se esté desalojando y procesando gente. Esto vale tanto para [los vecinos de] Santa Catalina como para cualquiera”.

Pero no todas las familias tienen las condiciones, el deseo y las posibilidades de transformarse en cooperativa, un proceso que implica ingresos regulares y sobre todo tener tiempo por delante (el que insume la gestión del préstamo y la realización de la obra); entre tanto hay que tener de manera urgente, soluciones efectivas para su vivienda.

 

 

Imagen de una de las viviendas del Nuevo Comienza Mariana Grief La Diaria

 En Nuevo Comienzo con rapidez y en precariedad, fue rápidamente conformándose, siendo una alternativa de mitigación de de la cruda realidad de carecer de un techo. Así se multiplicaron las construcciones de techo liviano, fabricadas con madera y chapa, y algunas son más sofisticadas que otras. También hay quienes cuidan sus terrenos en carpas, porque todavía no tienen los materiales para construir.

El Covid 19, con el estado de la  emergencia sanitaria que nos impuso, ha hecho emerger con fuerza esta realidad de todas estas familias que reclaman una solución para su problema de vivienda. A pesar de las limitantes de la situación, nos vecinos organizados no han dejado de movilizarse, ganando la calle, manifestándose  frente a la Torre Ejecutiva, el Ministerio de Vivienda MVOTMA,en la Explanada Municipal, bajo la consigna ¡No nos Condenen por ser pobres! al amparo del derecho constitucional de acceso a la vivienda.

El  justo y legítimo reclamo de estos vecinos organizados es el de una solución habitacional inmediata, en el marco de la dignidad.

Una respuesta estatal a estos reclamos resulta más que difícil, los últimos años han mostrados pequeños progresos en el terreno de soluciones en el campo de la vivienda popular y buenas políticas públicas en materia de vivienda. Ahora las carencias se ven acentuadas porque el  limitado presupuesto que tiene el Ministerio de Vivienda, se ve afectado, erosionado por el proceso devaluatorio que empequeñece sus montos.

Las soluciones de vivienda no vinieron en los gobiernos progresistas, difícilmente surjan de este gobierno conservador, si no media una fuerte movilización popular, inspirada en un sentimiento de radicalización de la democracia de base social.

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