Están deterioradas las diferencias salariales del Poder Judicial con los otros poderes del Estado. Presupuesto cero

 

PACTUM 

Escribe: Walter Caimí

“Los Trabajadores Judiciales vemos con mucha expectativa la elaboración de la Ley de Presupuesto 202/2025, luego de un período de Gobierno donde no se contemplaron las necesidades del Poder Judicial”. Así encabezó el comunicado que emitió la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay el 5 de marzo del presente año.

En la ley de Presupuesto N° 19.355 el Poder Judicial no fue contemplado presupuestalmente, llegando al extremo por parte del Poder Ejecutivo de no incluir al inciso 16 Poder Judicial, dentro del articulado en su mensaje al Parlamento. Uno de los tres Poder del Estado, ya está en estado de alerta tras la asunción el primero de marzo del nuevo gobierno. Cabe recordar, que también las autoridades gremiales que representan a los funcionarios judiciales, renovaron su directiva a fines del año pasado.

En su extenso comunicado de 5 páginas la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) analiza diversos aspectos de funcionamiento y critica desde lo económico que se priorizó a otros organismo estrechamente vinculados con el Poder Judicial, tales como la Fiscalía y/o la Policía; dejando de lado las necesidades del Poder Judicial. 

Precisamente, la AFJU, señala la Ley de Urgente Consideración, de ser aprobada tal como está redactada actualmente, consagra cambios en seguridad y en el Proceso Penal que implicarían una recarga de trabajo en los juzgados penal de Montevideo e Interior, y que “colapsarán indefectiblemente en poco tiempo”. El sindicato se pregunta así mismo, si la justicia es el Poder Judicial y la respuesta que brindan es “no solamente”. En este contexto refieren al artículo 82 de la Carta Magna que dice: La Nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana; y más adelante en el mismo artículo sostiene que “Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por los poderes representativos que establece la Constitución”.

Los funcionarios judiciales a través de su sindicato entienden que se limita en lo presupuestal la gestión afectando los servicios. Al analizar y considerar qué rol tiene la justicia, se percibe claramente el descontento del sindicato con el “sistema de justicia del cual el Poder Judicial es una parte integrante”.  Plantean que la complejidad de los conflictos a resolver, debe abordarse (y propone) que el tema de la Justicia se sacuda en su conjunto, como un Sistema, la palabra sistema está en mayúscula según el comunicado. 

Para la Asociación de Funcionarios Judiciales el sistema de justicia se compone con el Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, la Policía y la Defensa Pública, que si bien está bajo la órbita del Poder Judicial, se merece “una consideración especial y específica” en clara referencia a la reforma del Código de Proceso Penal. “Es el momento de dotar a la Defensa Pública de una estructura administrativa, técnica y económicamente independiente” sostiene el comunicado.

El mensaje del Poder Ejecutivo de los años 2015 al 2020 al Poder Legislativo en referencia al Poder Judicial, la asignación de recursos es CERO. Las consideraciones del gremio, van más allá de lo estrictamente laboral, se puede decir que existe inquietud social y hacen mención al papel de las redes sociales. Valoran que el sistema político, tiene que tener en cuenta y proveer los recursos necesarios y suficientes para llevar adelante su tarea. AFJU subraya en negrita: el porcentaje que se le asigna al Poder Judicial en el Presupuesto Nacional, demuestra cómo quiere el País que se la Justicia. Se mire por donde se mire, el descontento, refiere a lo asignado tradicionalmente en materia de recursos que no superó el 1.3% del Presupuesto Nacional, es decir el 0.03 del PIB. “Notoriamente esto tiene cambiar” subrayan a título expreso. El comunicado difundido tiene un claro contenido social, pues hacen mención al combate frontal a la delincuencia, a las mafias internacionales, al narcotráfico, a la inseguridad. Claramente refieren que la protección a estos flagelos, los sectores más vulnerados como los niños, niñas y adolescentes y las mujeres víctimas de violencia de género.

4.900 funcionarios posee hoy día el Poder Judicial en materia de recursos humanos; el 62% del total son administrativos y servicios, el 80% son mujeres.

OBJETIVOS PRESUPUESTALES 2020/2025

1, Reordenamiento de la Estructura del Poder Judicial en todos los escalafones, tomando como indicador el mayor reconocido por el Poder Ejecutivo, el 26%, La racionalización de los salarios de todos los trabajadores judiciales

Permitirá resolver las diferencias  salariales que los acuerdos y las sentencias cumplidas han provocado. A su vez esta readecuación de los salarios suspende el incremento de la deuda salarial de aquellos trabajadores que siguen el proceso de cobro de sentencia.

2, Presupuestación de todos los trabajadores contratados de todos los escalafones con dos años de antigüedad al 31 de diciembre de 2020. Manteniendo este criterio hacia el futuro. Propuesta que no tiene costo adicional de carácter presupuestal.

3, Promover una compensación que jerarquice al Funcionario Judicial, vinculada a la prohibición consagrada en el art. 252 de la Constitución.

4, Habilitación a la Suprema Corte de Justicia de concursos internos para proveer las necesidades administrativas o técnico-profesionales, donde puedan postularse los funcionarios de todos los escalafones.

5, Recursos presupuestales para la creación de un Departamento de Salud Laboral, que desarrolle políticas en materia.