Análisis en borrador adelanta el contenido de LUC

Por Gabriel Portillo – Ex dirigente de AUTE. Coordinador del Frente Sindical León Duarte. Integrante de la dirección del PVP.

Introducción

En el marco de una reducción de precios de nuestros productos agrarios se produce estancamiento económico, aumento de la desocupación y se dan algunos ajustes en salarios y jubilaciones que, entre otros factores sumado a errores propios, agudizan el descrédito del FA, abriendo así un escenario oportuno para el retorno de la derecha al gobierno. 

La capacidad de la derecha de actuar a través de sus partidos tradicionales se debilitó. Esto se expresa en términos de la práctica política con la aparición de Manini Rios y su representación política. 

El modelo neoliberal recupera hegemonía política, en el terreno de las ideas nunca perdió influencia, aún con la izquierda en el gobierno sus ideas mantuvieron cierta vigencia, lo que no ha logrado es obtener bases de apoyo social que le den estabilidad, por eso la necesidad de una coalición donde el arco de alianzas llega hasta la ultraderecha. Es una coalición a los efectos de retirar al FA del gobierno. Y con el programa de las cámaras empresariales como eje de la misma. 

Es una política que reproduce sistemáticamente la exclusión social y que, por lo tanto, requiere represión, ya que no tiene capacidad de persuasión y por tanto no logra estabilidad en las bases de apoyo popular. Es particularmente asombrosa la semejanza con los años 90: Depreciación del tipo de cambio, desmantelamiento de la producción nacional, apertura comercial indiscriminada y privatizaciones, desregulación laboral, baja de salarios y jubilaciones, recorte del gasto público pauperizando la salud y la educación, aceitadas bicicletas financieras con un empresariado reacio a la inversión y habituado a las ganancias rápidas. Es decir, la derecha llega al gobierno para ajustar a la baja los costos del capital acomodando al país a la lógica de acumulación financiera internacional.

En qué consiste la LUC

Brevemente diremos que sin duda consiste en una reforma del Estado bajo la forma de ley de urgente consideración, esto implica rapidez en la resolución y sin necesidad de mayorías especiales. Los objetivos políticos son dificultar tanto el debate democrático como la resistencia a las reformas, aprovechar la expectativa y respaldo electoral para un avance rápido y furioso. Por otro lado, es imperioso para la coalición de derechas resolver lo antes posible algunos temas en la medida que aún se mantienen unidos a través de cargos en el gobierno, de dilatarse o abrirse a la discusión de fondo sería difícil mantener la unidad de acción para resolver con mayorías parlamentarias las aspiraciones de los distintos sectores del capitalismo uruguayo. 

Hay que recordar que el sector herrerista fue uno de los pocos sectores del país que no acompaño el histórico plebiscito del año 1992 que detuvo las privatizaciones de las empresas públicas, las mismas que al día de hoy se cuestionan.

Es el principio de toda una ofensiva de reforma estructural, similar a la de Argentina y Brasil, que de transitar la misma sin contratiempos y sin resistencia de la sociedad organizada, ahondará en esas reformas por intermedio de otras leyes como ya se han anunciado. Tenemos en plazo breve consejos de salarios (a partir de abril) y luego el presupuesto nacional que reflejará lo aprobado en la LUC.

La estructura de la ley consiste en 10 secciones de diversa extensión cada una, con propuestas tan amplias que por eso decimos implica una reforma de estado, que  requerirían un profundo debate democrático.

 En la SECCIÓN 1 tenemos el tema SEGURIDAD PÚBLICA (Código Penal, Código de Proceso Penal, legislación policial, estupefacientes, menores, privados de libertad, espacio aéreo, etc.). En la SECCIÓN 2 se aborda la INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DE ESTADO. En la SECCIÓN 3 ni más ni menos que EDUCACIÓN (ya no pública sino educación a secas, con profundos cambios en Ley N° 18.437). En la SECCIÓN 4 se centra en ECONOMÍA Y EMPRESAS PÚBLICAS (Regla Fiscal, inclusión Financiera, Promoción MiPymes, Desmonopolización del Estado, transparencia). Es en una parte de esta sección en la que nos concentraremos en este artículo. SECCIÓN 5, EFICIENCIA DEL ESTADO (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Evaluación de Políticas Públicas, Compras Estatales, funcionarios del Estado. organización en la Administración Central, Justicia Administrativa, Sector Portuario y sistema de PPP y concesiones) SECCIÓN 6, SECTOR AGROPECUARIO (Colonización, INAC, Código Rural, Instituto Nacional de la Granja, Tenencia Responsable y Bienestar Animal). SECCIÓN 7, RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL (derecho a huelga; comisión sobre Seguridad Social, “Ley de cincuentones”, jubilación y empelo, modificaciones en las elecciones del BPS). SECCIÓN 8 con DESARROLLO SOCIAL Y SALUD (competencias del MIDES, régimen de adopción, Medicamentos de Alto Costo y Técnicas Complejas, historia clínica, telemedicina, recursos tratamientos de alto costo). SECCIÓN 9, NORMATIVA SOBRE LA EMERGENCIA EN VIVIENDA (Ministerio de Vivienda, arrendamiento sin garantía, ampliación del ámbito del MEVIR). SECCIÓN 10, OTRAS DISPOSICIONES (Piquetes, portabilidad numérica, Ley de Medios) 

La mirada que vamos a desarrollar es un borrador rápido de solo uno de los capítulos de la LUC, de ahí la necesidad de seguir estudiando la misma para ver posibles salidas o alternativas políticas que ayuden al debate y a la denuncia, no solo parlamentario sino en el conjunto de las organizaciones sociales y pueblo en general, para organizar una resistencia amplia que nos permita, como en la década de los 90 y principios del 2000 oponer lucha y simultáneamente avanzar en grados de conciencia popular sobre la necesidad de cambios profundos. Parte de los problemas contenidos en la LUC son los que el progresismo no resolvió, o los dejó tal cual se desarrollaron en esos años de neoliberalismo hegemónico. De hecho, la mayoría de la estructura jurídica construida en esos años no se modificó, constituyendo hoy un problema político a la hora de resistir a determinadas propuestas de contenido, no pasamos del blanco al negro sino a un mundo de grises. Viendo los debates entre compañeros de izquierda contra representantes de la derecha, queda claro las dificultades internas para dar algunas peleas; o leyendo algunos comparativos que analizan la LUC también vemos allí como aspectos e ideas neoliberales han colonizado cabezas en el progresismo. Para la izquierda existe el riesgo de quedar subsumido en el funcionamiento del aparato estatal: parlamento, intendencia, alcaldías, cargos en el gobierno, etc. La lógica de funcionamiento del aparato estatal reproduce una distancia con la población y los movimientos sociales.

Sobre la regla fiscal 

Las reglas fiscales introducen restricciones del gasto público y marcan el nivel de endeudamiento de los gobiernos. No es casualidad que la Confederación de Cámaras Empresariales, ya en mayo de 2019, proponga, dentro de sus propuestas para implementar en el próximo período de gobierno: “el diseño e implementación de una regla fiscal que reduzca la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, limitando el aumento del gasto público al crecimiento tendencial de la economía”. En la LUC también se recogen las recomendaciones del FMI respecto al tema (año 2018) donde dice: “De cara al futuro, la introducción de un marco fiscal de mediano plazo respaldado por una regla fiscal vinculante ayudaría a reafirmar el ancla fiscal y la sostenibilidad.” Obvio que ya existía regla fiscal en Uruguay, por lo tanto, lo que aquí se establece es una restricción mayor para el gasto público. Es decir, una política de achique en las inversiones del Estado, el unico que podria hacer ciertas inversiones necesarias para el desarrollo.

En este recorte indudablemente se verán afectados tanto educación como salud, vivienda, etc. y si vinculamos esta intención política propia del neoliberalismo a los aspectos modificativos de las unidades reguladoras tendremos también un panorama de perjuicio para las empresas públicas no solo en recorte de inversiones con todo lo que eso implica (privatizaciones mediante) sino, más importante aún, en el mantenimiento de los servicios públicos de calidad. Por tanto, lo que hoy está en disputa es el carácter de lo público, que es lo que día a día está cuestionado.

Empresas Públicas (EEPP)

En este apartado lo más relevante sin duda es la propuesta de derogación del monopolio para la importación, exportación y refinación de combustibles de ANCAP. También, disposiciones que implican un mayor control por parte oficinas de Presidencia sobre las decisiones de los directorios de las empresas, dando potestades, que antes no tenían, a los órganos de control.

Se plantea que las sociedades anónimas propiedad del Estado deberán promover “siempre que las condiciones lo permitan” la apertura minoritaria de su capital accionario, lo que implica un esquema de cotización en el mercado de valores, que es una de las vias de impornerles una lógica interna de gestion neoliberal.

Además de lo que ya viene sucediendo en cuanto a la restricción en el ingreso de funcionarios públicos, en este caso se establece por ley lo que le da un carácter permanente, que evidencia una mirada estratégica de largo alcance referido a la intención de reducción de trabajadores públicos y la sustitución, con gran seguridad, por trabajadores tercerizados con las condiciones que ya todos conocemos y que se ha venido denunciado, al tiempo que reduce la dimensión y el espacio de acción de las EEPP.

Podríamos señalar que se retoma la ofensiva contra las EEPP donde una parte es independientemente de la LUC, en la medida que ya existe marco jurídico en el tema (por ejemplo, para el caso de UTE un marco regulatorio) que permite su privatización y que no fue modificado en los gobiernos del FA. 

Leyendo los programas de los partidos de la coalición más allá del contenido de la LUC, está clara la intención de profundizar la participación del capital privado y extranjero (en america latina los procesos de prvatizacion son al mismo tiempo de extranjerización) en el sector.

Unidades Reguladoras

Estas unidades, que fueron objeto de cuestionamiento  al momento de su creación, tenían como objetivo político manifiesto el desmantelamiento de los monopolios estatales. Desmonopolizar en este caso quiere decir privatizar. Esto implicaba desregular más que regular, ya que los controles y los aspectos reglamentarios estaban decididamente diseñados y dispuestos para las empresas públicas, pues  las empresas privadas no estaban operando con fuerza. Todo esto en el marco de la ofensiva privatizadora. En su momento estos organismos eran parte del paquete de recomendaciones del Banco Mundial (BM) para ambientar mercados de competencia (que obviamente no son tales).

Básicamente, el discurso hegemónico dice que las unidades reguladoras “representan los intereses de los usuarios”, tienen por objetivo ”promover la competencia en el sector como forma de mejorar el servicio y bajar sus costos”, ”frenar los abusos de poder de los monopolios”, defender ”derecho del consumidor”, ”fomento de la competencia ya que los monopolios fijan sus propios precios”, “ganar en transparencia”, ”tarifas que reflejen costos de prestar el servicio en forma eficiente”, estos son algunos de los conceptos que se mencionaron para justificar la presencia de las unidades reguladoras. (Talvi hoy el mejor exponente, lo hizo desde Ceres durante un buen tiempo).

Sin duda hay una doble intención entre establecer normas y reglamentos de calidad, y a la vez no dejar que la empresa regulada pueda invertir (regla fiscal de por medio) para llegar a lo exigido (la dificultad se presenta con el recorte del gasto que justamente aleja las posibilidades de cumplir con lo exigido).  Además de jerarquizar el papel de las unidades dándole la potestad en la fijación del precio de las tarifas, afectando con esto un componente estratégico fundamental para las empresas. La intención es vestirlo de organismos técnicos totalmente independientes. 

Sobre su naturaleza jurídica 

 Siguiendo a Cajarville se define las Unidades Reguladoras como Unidades cuya competencia básica es regular sectores de la actividad que, generalmente comprenden entidades públicas, estatales y privadas. 

Su necesidad aparece cuando ocurre la apertura de determinados sectores de la actividad, hasta entonces monopolizados por entidades estatales, a la competencia de entidades privadas. 

Los sectores de actividad de que se trata son siempre de interés público, de lo contrario no se justificaría la regulación y el control estatal.

Se ha sostenido en Uruguay que la regulación no puede emanar de estas entidades sino de las propias leyes y decretos de ejecución o eventualmente de reglamentos autónomos que dicte el Poder Ejecutivo. Aun admitiendo la posibilidad de que se creen estas entidades con potestades reguladoras, surge el problema de determinar si estas entidades podrán dictar normas que contengan verdaderas opciones políticas, es decir: opciones de fines a perseguir y de medios a utilizar para ello.

 

Propuesta

 Hoy se transforman en servicios descentralizados. El discurso público es que dichos organismos son creados para la defensa de los usuarios. Pero sin participación de ellos en los mismos. Por tanto, entendemos necesario democratizar e ir más allá, transformando las Unidades Reguladoras en Entes Autónomos. Estos órganos disfrutan de la mayor autonomía que el ordenamiento prevé, pero están sometidos a controles del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Independientemente de considerar si esta autonomía es suficiente o no, es la que nuestra Constitución autoriza. 

Pero, además, por sobre todo, estos Entes permiten la participación desde su Dirección de todos los actores que tienen interés en los servicios que se prestan, no solo el Estado, sino también las empresas, públicas y privadas, así como los usuarios grandes o pequeños, así como los trabajadores de las empresas. Con lo cual ofrece la posibilidad de que todos, de alguna manera, tengamos la posibilidad de incidir en la toma de decisiones respecto de actividades que son de gran interés de toda la comunidad, y que hacen al desarrollo económico, político y social del Uruguay.

¿Quiénes son los interesados en la gestión de estas Unidades Reguladoras? 

1-. El Poder Ejecutivo, sin duda. Lo que no requiere mayor análisis. 

2.- Los empresarios, públicos y privados que desarrollen las actividades que van a ser reguladas 

3.- Los usuarios de los servicios. 

4.- Los trabajadores de los diferentes entes y empresas. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución todos ellos pueden estar integrando, mediante un representante por supuesto, el Directorio de la Unidad Reguladora. 

 

En esta oportunidad hemos realizado un somero y específico análisis de algunos planteos o aspectos de la LUC, a partir de la cual realizamos una propuesta como iniciativa política ya que hoy dicha iniciativa la tiene la derecha. Necesitamos insumos para dar la discusión en torno no solo a la oposición a determinadas reformas que la derecha quiere implantar, sino intentar construir ideas que, si bien no tienen los votos suficientes en el parlamento, sean motor de discusiones más profundas sobre hacia dónde queremos transformar al país.