Por Mauricio Ceroni

Geógrafo docente e investigador UDELAR

Este pasado viernes 25 de octubre se realizó una nueva marcha en rechazo a la instalación de la segunda planta agroindustrial de la empresa UPM. Para comprender la resistencia del movimiento social al megaproyecto y los argumentos favorables que defiende la clase política dirigente, es necesario realizar un breve análisis histórico sobre el desarrollo del sector de la silvicultura en Uruguay durante las últimas tres décadas, asumiendo como premisa central que la política agraria impulsada por el Estado, en especial para el sector de la silvicultura, ha profundizado y agudizado la dependencia de la economía nacional al capital transnacional. 

Para caracterizar el proceso lo podemos definir en dos grandes etapas. La   primera, comprende toda la década de los años noventa, y es donde se establecen las condiciones estructurales que van forjar los cimientos del sector a futuro. En este sentido, el mojón inicial fue la promulgación de ley forestal (15.939) que tenía entre sus objetivos promover el sector de la madera, principalmente en la fase de producción primaria, incentivando la plantación de bosques artificiales, con criterios de localización (suelos de prioridad forestal), acompañado de exoneraciones tributarias que apuntaban a mejorar las condiciones para la inversión del capital. Posteriormente se sumaron los beneficios de la ley (16.906), la cual tenía como objetivo promover la inversión en el conjunto de la economía nacional, estableciendo un mecanismo jurídico denominado "proyectos declarados de interés nacional", donde los proyectos que cumplían con determinadas condiciones, quedaban exonerados de impuestos referidos al patrimonio, a la renta y a la importación de bienes de capital, entre otros. Esto se vio reflejado en un crecimiento continuo del sector, que se tradujo en un aumento de las plantaciones forestales llegando a un pico anual de alrededor de 80.000 ha. para los años 1997 y 1998. La madera producida en esta etapa estaba destinada principalmente para la producción de la industria aserrada. Dicha plantación disminuyó  a menos de 20.000 ha. en el año 2002, producto de la crisis económica que afectó principalmente la región del cono sur de Latinoamérica, provocando un impacto fuerte en la inversión del capital.

((Luego de este estancamiento productivo, comienza una segunda etapa del sector, donde la silvicultura volvió a crecer ya con características nuevas, como fueron los cultivos para pulpa de celulosa, promovidos por las grandes empresas que concentraron las plantaciones y la nueva orientación que tomaría el rubro, pasando de capitales de carácter más nacional a capitales de origen más transnacional. Esta nueva orientación se consolidó con el desarrollo de la fase industrial de tecnología de punta para la producción de pasta de celulosa. Es en esta etapa donde se instalan las tres principales industrias del sector, en ese momento Botnia y Montes del Plata destinadas a la producción de pulpa de celulosa y Weyerhaueser asociada a la industria aserrada. La primera fue adquirida por el grupo UPM-BIOFORE con una inversión de mil millones de dólares, y se colocó a la vanguardia en tecnología de producción de pasta de celulosa. Por su parte Montes del Plata un “joint venture” formado por la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco, adquirió propiedades y el lugar de locación de la planta Ence, con una inversión estimada en 1.500 millones de dólares. Otra multinacional que utilizó el formato de integración vertical de las plantaciones silvícolas, fue Weyerhaueser con la instalación de un proceso industrial de paneles de madera a través de las plantaciones de pino como materia prima. Esta empresa se mantuvo hasta el 2017 para luego de una asociación empresarial y el desinterés por continuar un proyecto deslocalizado, concretó su venta por 405 millones de dólares a Timberland Investment Group (TIG), grupo accionario principalmente de origen brasilero, que era secundario hasta ese momento en el país donde había comenzado a adquirir tierras y plantaciones como fondo de inversión al igual que lo hicieron RMK o Global Forest Partners.

Dichas Corporaciones Trans Nacionales (CTN) se caracterizan por tener una alta concentración de la producción, tanto en la fase primaria como en la agroindustrial. Para la fase primaria se destaca la producción de viveros forestales, donde en un total de 29 viveros, las tres CTN poseen 27. Para el año 2017, la capacidad de producción fue de 96.863.844 plantas, con importante aumento durante los últimos 5 años y una gran concentración comparada con los años 1990, en los que se llegaron a registrar 115 viveros con una producción de 41.221.300 plantas (MGAP, 2017). Es interesante resaltar que 3 viveros concentran el 58% de la producción. Sólo los dos de UPM tienen la capacidad de producir 35 millones de plantines y el vivero de Montes del Plata produce 20 millones. Para el caso de TIG cuenta con un vivero con capacidad de producir aproximadamente 3 millones de clones (MGAP, 2017). Esta fase productiva que ocurre más en los laboratorios, se traslada al suelo, ya que se necesitan sembrar los árboles en el campo. En este sentido, para el caso de UPM, esta dispone de unas 215.000 hectáreas bajo su propiedad para las plantaciones, localizadas principalmente en la región Oeste del país cercana al complejo agroindustrial de Fray Bentos (UPM, 2019), mientras que Montes del Plata, registra unas 145.000 hectáreas, localizadas en el Oeste, Centro-Oeste y Noreste del país (Montes del Plata, 2019), y por último TIG posee en la actualidad unas 150.000 hectáreas, de las cuales unas 120.000 hectáreas fueron adquiridas a la CTN Weyerhaeuser, y el resto, unas 30.000 hectáreas, ya eran de  su propiedad desde el año 2013, localizándose principalmente en la región noreste del Uruguay (Timberland, 2017; El país, 2017) (figura 2).

El Estado como promotor de los megaproyectos de la silvicultura

Para el caso de UPM el rol del Estado fue decisivo para su instalación, no solo por los beneficios fiscales que le otorgó, como fue la producción industrial en régimen de zonas francas, la exoneración de importaciones de bienes y equipos de maquinaria, la eliminación del impuesto al patrimonio, la compra de energía por parte de la empresa estatal de energía eléctrica de 40 megawatts (MW). Además, en relación al diferendo diplomático con la república Argentina y su posterior resolución en la corte internacional de la Haya, se creó una especie de "nacionalismo" en base a la defensa de Uruguay debido a su seriedad y responsabilidad en el control ambiental, que tenía por detrás la defensa de la transnacional. La resolución internacional fortaleció al Estado uruguayo y a la CTN. En la actualidad se concretó la segunda planta de celulosa en el centro del país, en donde el Estado mediante la asociación Pública-Privada vía préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) recibirá un monto de 500 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura, lo cual implica la construcción de 273 kilómetros de vías férreas,que unirán la planta agroindustrial con el puerto de Montevideo, junto con una serie de obras viales en las ciudades por donde pase el tren. Además, se agrega que la empresa estatal de energía eléctrica le comprará el excedente de energía que generará la industria durante 20 años.

En relación al desarrollo de la CTN Montes del Plata el Estado uruguayo firmó un contrato, en el cual, se comprometió a establecer la declaración de inversión de "interés nacional" para la exoneración de impuestos (patrimonio) durante el proceso de instalación del megaproyecto, además, exoneró de tributos la creación del “joint venture” y estableció el cambio de categoría de suelos cercanos a la industria para generar beneficios en las autorizaciones ambientales. En ese sentido, también facilitó el dragado del Río de la Plata para otorgarle las condiciones de navegabilidad a sus embarcaciones. Todos estos beneficios para la CTN se enmarcan en el compromiso por parte del Estado uruguayo en el cumplimiento de los convenios de internacionales de inversiones que Uruguay tiene, para darle las garantías jurídicas necesarias frente al CIADI. De igual forma como en el caso de UPM la empresa estatal de energía tiene la obligación de comprarle el excedente energético durante 25 años.  

Finalmente, TIG también recibió apoyo del Estado, no tanto como los casos anteriores, pero sí favoreció la instalación de la industria, pues también exoneró de impuestos la construcción de la planta, la cual produce alrededor de 270 mil toneladas anuales de paneles de madera y 180 toneladas de madera de troza para celulosa. Además la CTN genera excedente de energía base a sus desechos de biomasa, aportando unos 10 Megawats a la red eléctrica que son comprados por la empresa estatal de energía.

Por último, es importante mencionar que si bien el Estado ha facilitado la instalación de las tres CTN, lo que ha generado un impulso directamente al sector, también ha contribuido a la construcción de las terminales portuarias marítimas y fluviales, junto con el mantenimiento de las principales carreteras y vías férreas. Para el caso de los puertos, existen dos modalidades de beneficio, el primero, es todo lo referente a las autorizaciones y permisos de construcción junto con la normativa específica establecida para la construcción de los puertos, principalmente el de Conchillas, Fray Bentos y Montevideo. La segunda es la realización y ejecución de la inversión física que el propio Estado realiza, este es el caso del Puerto de la Paloma en el departamento de Rocha. En relación a los ejes viales, se debe considerar que el sector silvícola se caracteriza por transportar millones de toneladas anuales por las diferentes vías de comunicación, lo que ha impactado de forma directa en el deterioro de las carreteras. En este sentido, el Estado invirtió en el período de gobierno (2015-2019) un 0.4 % del PBI destinado exclusivamente en el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura vial (carreteras y puentes) (Ley 19.355, 2015). En definitiva, el desarrollo de los megaproyectos de la silvicultura abarca el proyecto del capital en todas sus fases -plantaciones silvícolas y agroindustria-, sino que además involucra una serie de infraestructura asociada, que van desde puertos fluviales y marítimos, vías de comunicación (viales y férreas) y centrales termoeléctricas, produciendo un espacio de acumulación de carácter estratégico. 

A modo de reflexión

Este proceso de crecimiento y consolidación del sector tuvo un fuerte impacto en la economía nacional que sirvió, junto con otras políticas, a mejorar la recaudación de un Estado casi fundido luego de la crisis del año 2002. A su vez, permitió tener “caja” y así mediante una política distributiva se logro sacar a miles de personas de la pobreza e indigencia. Ahora bien, está política se forjó en base a dos pilares fundamentales, una dependencia del capital transnacional y una intensificación de la producción que atenta contra nuestra base material, siendo esta el soporte de la reproducción social y natural de nuestra sociedad. Por tanto, en base a la consolidación de un modelo que lleva más de 30 años, surgen algunas interrogantes ¿Qué margen de maniobra tiene el Estado para establecer una nueva política agraria? ¿Se puede afirmar que un gobierno sea de izquierda cuando favoreció directamente la acumulación de capital de las empresas transnacionales? ¿Está política económica implementada sirve de base para dar un cambio cultural que incida sobre la clase dominante, o más bien profundiza las relaciones sociales de dominación capitalista? ¿Por qué no existe un modelo económico, social y ambiental en el Uruguay que tenga una fuerte raíz socialista? En estos tiempos de cambios sin dudas que el progresismo es la alternativa a la derecha liberal, conservadora y neofasista, pero al mismo tiempo creo que estamos muy lejos de sentar las bases para un cambio real y profundo de nuestras relaciones de explotación, dominación, sometimiento, despojo y enajenación.