La Fiscalía de Derechos Humanos tiene a estudio 202 casos. El Comandante en Jefe del Ejército no habla con la prensa

Escribe: Walter Caimí  PACTUM

El fiscal Rodrigo Morosoli tomó declaraciones al Presidente de la República y al Secretario de la presidencia, Tabaré Vázquez y Miguel Toma, respectivamente. La novela del Tribunal de Honor respecto a las actas en referencia al caso  José Nino Gavazzo, sigue su curso. Ambos declararon en la Residencia Suárez el martes 4 de junio. José Bayardi, Ministro de Defensa, dijo públicamente que “Manini Ríos hizo uso de su investidura militar para formar su grupo político”. Esto viene a cuento, porque tales indagatorias dispuestas por el Fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz, permiten una investigación acerca de las famosas actas del Tribunal de Honor que Manini Ríos entregó a la presidencia.  Este hecho, poco común en referencia a las actas, es digno de una novela que Oliver Stone debiera ejecutar en el cine para deleite de la rancia cúpula militar que aún pregona que nada pasó durante la dictadura cívico-militar.

 

Lo concreto, el dato objetivo, es que hay flagrantes contradicciones entre Tabaré Vázquez, Miguel Toma y el extinto ministro de defensa, Jorge Menéndez. Se trata determinar quién o quiénes, omitieron dar a conocer los fallos del Tribunal de Honor ni más ni menos. Cierto es que este suceso va disminuyendo su intensidad dado que transitamos la campaña política de los candidatos a presidente en cada partido político.  A pesar de ello, hay candidatos que desean dar vuelta la página sin más y otros que aspiran dejar el pasado con responsabilidades políticas señalando con nombre y apellido las actuaciones de responsabilidad de Estado.

Quizás, al publicarse este artículo, haya declarado Guido Manini Ríos y los miembros de entonces del Tribunal de Honor: Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún; más los miembros del tribunal de alzada compuesto por Alejandro Salaberry, Claudio Romano y Carlos Sequeira.

Tales circunstancias políticas y con un fallo de la Suprema Corte de Justicia en favor de la Fiscalía de Derechos Humanos, me llevó a solicitar  una entrevista  a efectos de saber cómo piensa Claudio Feola, Comandante en Jefe del Ejército designado para tal cargo por Vázquez en sustitución de Manini Ríos. El Tte. Cnel. Andrés Devotto se comunicó conmigo para requerir el motivo de la entrevista periodística al otro día del pedido de audiencia. El 5 de junio, Devotto me hizo saber que Feola no brindaría ninguna entrevista periodística sin el consentimiento de su superior; tomé nota. Está claro que el Ministro de Defensa José Bayardi, instruyó a Feola.

Volviendo al tema de la indagatoria por parte de la fiscalía, apareció en escena nuevamente el doctor Gonzalo Fernández, que representa legalmente a Vázquez y Toma. Las dudas respecto a esta telaraña política surgen de varios frentes de acción.  Cuando Manini Ríos fue arrestado a rigor, una vez cumplida la sanción disciplinaria, debió ser destituido y todo esto embrollo se lo hubiera evitado el Estado y el país que componemos usted y yo.

La única noticia positiva en estos días en materia de derechos humanos, fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rechazó por unanimidad de sus miembros, la inconstitucionalidad de la Fiscalía de Lesa Humanidad a cargo del doctor Ricardo Perciballe. Tal decisión de la SCJ brinda un respiro y alienta a que el trabajo debe continuar para que el Estado como tal, modifique su conducta por medio de los partidos políticos, y que no acontezca más eso de que un expediente se traspapeló cuando está en juego saber la verdad en materia de derechos humanos. Obvio resulta reflexionar, que la sociedad civil está atenta a los resultados políticos.

La investigación de la fiscalía va más allá de los resultados políticos. El tema en sí mismo es que no les conviene a los intereses de los partidos en circunstancias electorales, servir la cena con Derechos Humanos. Léase que la defensa de ex militares retirados tras diversos procesos judiciales, había solicitado la inconstitucionalidad de la Fiscalía de Derechos Humanos. La Sentencia N° 1148 consta de 17 páginas y es la que deja librado el camino para continuar indagando el pasado. Todo comenzó en el año 2011 al comparecer Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez (este último falleció), ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7mo. Turno, solicitando que en cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011 por el caso denominado “Gelman”, se reabriera la investigación de la denuncia presentada en el año 1984; nuestro país aún estaba bajo el yugo militar. Por aquel entonces, los ante mencionados militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, fueron secuestrados en Porto Alegre, Brasil, en noviembre de 1978 a manos de militares uruguayos. Ambos fueron sometidos a toda clase de torturas. Un 19 de noviembre de 1984, Celiberti y Rodríguez son liberados.

Es así entonces, que tras la creación de la fiscalía especializada en derechos humanos, esta recoge en su seno todos los expedientes que se iniciaron en distintos puntos de la república. Son 190 casos que se instruyen por el código viejo y 12 casos por el nuevo código, todos ellos a cargo del doctor Perciballe. Tarea mayúscula sin duda.

Promover los derechos humanos es un deber ético, moral, constante.  Hay una amplia gama de  instituciones nacionales dedicadas a ello. Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden precisamente los derechos humanos debiera ser un patrón de conducta del mismísimo Estado, y también de los partidos políticos. Para informar y educar hay que sensibilizar. Alentar medidas que permitan defender los DDHH para que no se violen es tarea de todos nosotros. A esto debemos sumar al Ejército en su conjunto. Precisamente, mi solicitud de reunirme con Feola va por ese camino: ¿Qué está haciendo el Comandante en Jefe en materia de DDHH?

Para informar y educar hay que sensibilizar a la opinión acerca de los derechos humanos e impartir conocimientos al respecto. La protección de los derechos humanos depende de que las personas conozcan los derechos de que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos derechos. Análogamente, se deben hacer conocer a todos los miembros de la sociedad las responsabilidades que les incumben conforme al derecho internacional y al derecho interno, hacerles comprender que ellos mismos pueden violar los derechos humanos, pero que también pueden protegerlos. Además, se les deben señalar las responsabilidades que tienen con respecto a sus semejantes.

La información es esencial, pero no basta para crear valores y actitudes necesarias para el pleno disfrute de los derechos humanos. Para promover estos derechos es preciso desarrollar una cultura de respeto y  observancia de los derechos humanos a nivel nacional; una cultura en la cual el conocimiento de los derechos y las responsabilidades se vea reforzado por la determinación de llevar ese conocimiento a la práctica.

Tampoco es positivo que demagógicamente Carolina Cosse diga que su primer acto (si alcanzara la presidencia de la república) será eliminar la Ley de Caducidad; el grupo que la respalda, MPP, poco contribuyó con su actitud política para ello; les recuerdo, que José Mujica firmó un mes antes del cierre de recolección de firmas para presentar a la Corte Electoral cuando funcionó la Comisión por la Anulación de la Ley de Caducidad.  Memoria  …  por favor.