La impunidad es resultado del maridaje entre militares y civiles golpistas

Escribe: Miguel Ángel Cabrera

-¿A quién suelto?-, pregunta Pilatos a la masa enardecida, y esta vocifera: a Barrabás.

- ¿Y qué hago con el otro? -, insiste el Gobernador, delegando así su responsabilidad.

- Crucifícalo -, le ordenan con ademán perverso, convencidos de que obraban bien al  condenar a quien consideraban culpable sin más alternativas.

Convencidos de estar sirviendo a su dios, que era el dios de quienes gobernaban, quedaron cuatro toscos soldados romanos encargados de ajusticiar al reo, condenado a una de las muertes más dolorosas y crueles. Y entonces, el palestino, enjuto y de piel cetrina, que proclamaba un mundo nuevo sobre otros valores, fue ejecutado, cumpliéndose el destino que le marcaba su propia religión.   

Por más que el cine le haya dado espectacularidad -y también banalidad-  al hecho, transformándolo en argumento de una película de acción, no se borra la profundidad de las interrogantes planteadas. Preguntas fundamentales que han atravesado los siglos y siguen vigentes: ¿A quién responsabilizar por este crimen? ¿A Pilatos, a los soldados romanos, a los ancianos del templo y a los mercaderes, a la masa, a los discípulos o a quienes le traicionaron?

A más de dos mil años de sucedido este hecho se reitera la pregunta: ¿Quiénes son, en realidad, los asesinos? ¿Quiénes instigaron y se beneficiaron con su muerte? ¿Todos son culpables, y lo son de la misma manera?

La actitud de Pilatos proyecta su sombra hasta hoy día. No solo por “lavarse las manos”. Si no también por la ambigüedad de los factores que incidieron en la toma de la decisión. Ocultos detrás de las columnas del Templo, sacerdotes y mercaderes controlaban que el Gobernador cumpliera con lo pactado y dejara en manos de los soldados ejecutar la resolución. El sistema de dependencia y explotación debía mantenerse junto con sus privilegios al tiempo que ellos quedaban libres de culpa y de toda sospecha.

Jesús y su prédica constituían la contradicción fundamental de ese momento y era entre explotados y explotadores.

Y ahora en Uruguay, a más de tres décadas y media del retorno a la institucionalidad,  cabe preguntar: ¿cuánto se ha avanzado en la re-democratización de las repúblicas del Cono Sur? Pero también se debe interrogar acerca de ¿Cuánto queda pendiente?

De acuerdo al Derecho Internacional y a la casuística acumulada, el ideal de las Democracias Republicanas plenamente sanadas de aquellas heridas, serían los lazos de relación interpersonal que se elaboran a partir de la reconstrucción fidedigna de los hechos y del ejercicio de la justicia, de acuerdo a lo establecido para los Crímenes del Terrorismo de Estado, catalogados como de “Lesa Humanidad”- esto es: imprescriptibles, inamnistiables, pudiendo ser juzgados en cualquier parte del planeta). Esto, junto con la asunción de la culpa por parte de los Estados e Instituciones, seguida del pedido de perdón a la sociedad y los actos reparatorios, que apunten a que nunca más se produzcan hechos semejantes, estableciendo marcas de la memoria, que permitan a las nuevas generaciones tener una advertencia a partir de esas evidencias.

El ideal, también -a los efectos de una genuina sanación- debería pasar por la reconciliación entre las víctimas y victimarios. Las víctimas, con la garantía de la firme voluntad y vigilancia de todas las Instituciones del Estado de que esos hechos aberrantes nunca más volverán a repetirse, deberían intentar la renuncia al odio, si es que lo poseen o a todo sentimiento de revancha indiscriminada, extendiendo un voto de confianza a un nuevo marco legal que contemple en toda su dimensión estos crímenes.

En un balance, focalizando específicamente en Argentina, Chile y Uruguay, se comprueba que estas décadas pasadas han dejado muchos más “debes” que “haberes”.

De los tres países, el que avanzó más fue Argentina y el que menos lo hizo, Uruguay. En Argentina, la firme acción de Alfonsín con la CONADEP, permitió reconstruir importantes fragmentos del pasado reciente, individualizando responsables y adoptando algunas medidas reparatorias.

En Uruguay, hubo avances y retrocesos en los juicios a militares responsables directos y a unos pocos, poquísimos, civiles. De modo que se avanzó en “Verdad” y algo en “Justicia” Sin embargo, no se avanzó absolutamente nada con respecto al “Nunca Más” porque los cabecillas civiles instigadores, cómplices y beneficiarios directos de enormes transferencias de riqueza desde los sectores populares a dichas élites, gozaron y continúan gozando de total impunidad ya que  en ningún momento fueron considerados siquiera pasibles de juicio y sanciones porque no se les ha colocado hasta ahora en el esquema de posibles responsables.

Documentos desclasificados permiten concluir, sin el menor margen de error, que las FF.AA de estos países actuaron articuladamente a partir de la Doctrina de la Seguridad Nacional diseñada y enseñada en la Escuela de las Américas (USA, Panamá) y coordinaron operaciones conjuntas en todos los países del área, con tráfico de personas cautivas y desaparecidas en operaciones de cacería. En Uruguay, la casi totalidad de las víctimas de desaparición forzada se produjeron durante la etapa dictatorial que fue bastante posterior a la derrota armada de los grupos de insurgentes, de acuerdo a los propios comunicados de las Fuerzas Conjuntas. No hubo resistencia armada durante la dictadura y la prueba fehaciente de ello, es que los hombres y mujeres considerados y tratados como rehenes para ser ejecutados en caso de que se produjeran acciones armadas, no fueron ejecutados. De modo que se trató de una cacería de jóvenes hombres y mujeres, estudiantes y sindicalistas principalmente, que resistían y denunciaban el régimen dictatorial, a partir de acciones de propaganda pacífica, exclusivamente.

          El punto anterior, sobre el cual han pivotado prácticamente en exclusividad las acciones de los grupos de Derechos Humanos, consideran que el brazo armado de los civiles, es decir las FF.AA, son las responsables únicas de la dictadura y de sus consecuencias. Es decir que ellos son los cuatro romanos que clavaron al inocente en la cruz.

Pero debería abrirse un paréntesis para plantear el interrogante de si las Fuerzas Armadas por sí solas hubieran podido gobernar el país sin contar con el insustituible apoyo de los técnicos civiles en todas y cada una de las diferentes áreas de la administración del Estado. Es así que resultó imprescindible el concurso permanente de civiles al frente de los Ministerios, de los Entes Autónomos, de las Intendencias, del Consejo de Estado, etc. para que el “gobierno de facto” pudiera tener cierta permanencia. No resulta temerario afirmar y aceptar que la dictadura fue posible  porque los civiles la instigaron, la hicieron factible, la mantuvieron y se beneficiaron económica y socialmente con ese régimen. Y continúan haciéndolo hasta el presente, porque el Pacto, que existió sin dudas, no solo fue el de la impunidad para los militares sobre crímenes y desaparecidos, sino también sobre la participación civil en dicho régimen.

En Uruguay, solamente dos civiles fueron enjuiciados. Porque eran “insalvables”: el dictador inicial y su Ministro de Relaciones Exteriores. El Sr. Bordaberry y el Dr. Juan Carlos Blanco que ofició de Canciller de facto.

De modo que -en forma increíblemente sesgada- hasta ahora, sólo se reivindica el juicio a los militares, dejando fuera a los actores civiles que están entre sus principales beneficiarios. Quienes integraron los más altos cargos de los Ministerios, Entes Autónomos, Consejo de Estado, Intendencias, son -sin la menor duda- coautores y cómplices. Sin ellos nada o muy poco hubiera sido posible. Este es un hecho dramáticamente evidente y sin embargo cautelosamente soslayado en todas las acciones que se realizaron con el fin de establecer la Verdad, la Justicia y garantizar el Nunca Más. Y este es el error histórico más importante de quienes han luchado por los DD.HH durante el período posterior a la dictadura.

Sin lugar a dudas, los coautores civiles, agradecidos, operaron y operan como encubridores y garantes de la impunidad de los militares y también de la suya propia. Puede decirse que el “Nunca Más” es la más cínica de las expresiones, si se focaliza en la parte civil de la dictadura. Han sido instigadores, beneficiarios, cómplices, encubridores y están totalmente impunes. Ni siquiera una sanción social de los Partidos a los que pertenecieron. Nada. Más impunes que nadie. Para los civiles golpistas fue gratis. Sólo les reportó beneficios. Esto brinda la posibilidad de pensar que si lo consideran necesario, o si se les ordena, lo volverán a hacer. Volverán a instigar y volverán -llegado el caso- a cogobernar y a beneficiarse del trabajo sucio realizado por las Fuerzas Armadas. Saben cómo hacerlo y pueden volver a hacerlo.

En este reparto de responsabilidades si bien es cierto que el Partido Colorado y el Partido Nacional, han sido y son cómplices y les caben, sin dudas, las mayores responsabilidades, el Frente Amplio suele quedar ubicado en lo que podemos denominar la zona de confort y de aceptación de las políticas que desarrolló en estos quince años por los DD.HH. Aunque un análisis apenas preocupado sacaría a luz, los votos imprescindibles que se prestaron para mantener la impunidad, las acciones desarrolladas para el fracaso del voto verde por algunos colectivos partidarios,  y desde el estratégico Ministerio de Defensa para negar, dificultar, impedir y trastocar evidencias, hasta la actitud samaritana para con los militares encarcelados en óptimas condiciones, sin olvidar las acusaciones de actuar  movidos por el odio a quienes solo reclamaban el derecho de saber dónde están sus desaparecidos.

Sin perjuicio de esto, existen en el marco de opositores y oficialistas, numerosas  persona que entienden, lo dicen y sostienen, que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se avanzó en el esclarecimiento de este tema. Fueron miles de testimonios reunidos por las víctimas y sus familiares. Se sumó a esto el  reconocimiento de la Comisión para la Paz de J. Batlle que asumió que hubo casi 200 desaparecidos, sin negar las demás violaciones. A partir de ahí, tanto durante la administración de Mujica como en la actual, se colocaron todas las piedras posibles para impedir, o al menos enlentecer el avance de estas causas. El 95% de las causas están paradas. La Suprema Corte declaró, por boca de uno de sus miembros que ella (La Suprema) sería una MURALLA para evitar que continuaran las investigaciones. Vázquez creó una Comisión de la cual ya se han ido muchos miembros porque no ven voluntad política para avanzar.

Pese a esto, existe y se reclama por parte de toda la ciudadanía de pensamiento democrático una señal que un gobierno dispuesto a avanzar en estos temas no puede soslayar. Y es la de dar cuenta y poner en conocimiento de la opinión pública el contenido de los archivos encontrados e incautados. Por ejemplo, los "Archivos Berruti" y los "Archivos Castiglioni" hace muchísimo tiempo que obran en poder de las autoridades y la prensa y la opinión pública no han tenido acceso a tan importante material que -sin duda- establece responsabilidades del sector civil de la dictadura, sobre figuras hasta ahora insospechadas. Es hora de desvelar el manto de ocultamiento sobre la actuación civil durante la dictadura, para evitar que esos hechos vuelvan a repetirse.

Es preciso crear un escenario de verdad total aclarando la participación y responsabilidad de todos los que participaron en el Terrorismo de Estado. Tanto civiles, como militares. Es preciso cortar totalmente la impunidad de los civiles, porque pueden volver a hacerlo.