MISCELANEA

MISCELANEA

Por: Beatriz Lugo*

 

El gobierno quiere evitar quedar atrapado en la lista gris

Dentro de breves días el país recibirá una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para evaluar el cumplimiento que da Uruguay a las recomendaciones internacionales en materia de combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El gobierno necesita y quiere que el proyecto de ley que está a consideración del Parlamento sea aprobado antes que los expertos dejen el territorio nacional, parece dispuesto a aceptar cualquier recorte con tal de que la norma quede aprobada.

Los parlamentarios no están contentos por tener que votar a marcha camión esta  ley sobre terrorismo, pero tanto Ejecutivo como Legislativo están frente a un dilema de hierro ya que  sin ley es un hecho el ingreso en la oprobiosa categoría gris con su correlato de medidas de retorsión. Pero,según los trascendidos, la sola aprobación de la ley no sea suficiente para zafar de la condena y las sanciones.

En 2016 el Poder Ejecutivo remitió un proyecto sobre terrorismo  que  nunca logró su sanción, el proyecto de ley parte de una trilogía: normas antilavado, normas antiterroristas, normas para el control de la inteligencia; pero los descensos en el seno de la bancada oficialista fueron importantes, dando lugar a una propuesta alternativa elaborada por los legisladores frenteamplistas que tan solo contempla algunos aspectos del proyecto original, eliminando todo el capítulo referido a las penas de los diversos delitos asociados con el terrorismo, para no entrar en colisión con las normas vigentes del Código Penal. Al parecer, también existirían discrepancias sobre el alcance de las medidas referidas al combate del financiamiento de actividades antiterroristas y sobre el trabajo de inteligencia e infiltración.

Pese a esto todo indica que, aunque  a disgusto, habrá finalmente entendimiento entre oficialismo y oposición y entonces, bajo presión y a las apuradas, habrá ley. Las cuestiones atinentes al terrorismo y su combate amplio, son peliagudas, espinosas, poco agradables y a veces a algunos le plantean ciertos dilemas. Resulta evidente y más que obvio que la institucionalidad  internacional limita y condiciona los márgenes de los gobernantes, planteando estas nuevas vicisitudes de la gobernanza mundial,  a esta realidad no escapa el gobierno progresista y el país todo.

 

Dos de las tantas cuestiones ambientales que cuestionan al gobierno

 

En dos puntos del país

Al director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, en menos de una semana y en dos puntos diferentes y distantes del país, le tocó ser interpelado y responder en tensos intercambios, con vecinos y actores comunitarios, es decir con exponentes de la sociedad civil.

 

 

El 24 de abril fue el turno de Cabo Polonia donde confrontó en el marco de una  agitada reunión abierta de la Comisión Asesora Especial para el Plan de Manejo de Cabo Polonio que desde tiempo atrás venía trabajando y generando algunos pre-acuerdos, pero tanto decisiones de la Intendencia de Rocha como del Ministerio, deshicieron el entramado  tejido. En noviembre la Dinama presentó a los vecinos un borrador del plan, donde atendió los principales planteos vecinales y aceptó que el máximo de 20 años de usufructo de las viviendas permanentes fuera renovable en función del cumplimiento de pautas ambientales.1 Sin embargo, mientras abonaban la esperanza de llegar a un acuerdo en otros puntos del proyecto, dos hechos implicaron un retroceso en las negociaciones y determinaron la ruptura del diálogo con el gobierno. Por un lado, a fines de enero la Intendencia de Rocha retiró los permisos de ingreso en vehículo a los referentes locales, impidiéndoles el paso por el control de acceso. Por otro lado, a mitad de febrero, la ministra Eneida de León aprobó el Plan de Manejo sin incorporar las reivindicaciones centrales de los pobladores, antes aceptadas por la Dinama.

Nario campeó como pudo el vendaval sosteniendo que el plan no tiene marcha atrás y  procuró enfatizar que el gobierno no despliega una política para beneficiar a promotores privados, como sostienen algunos de los vecinos (permanentes y veraneantes).

 

El segundo intercambio controversial se produjo el 30 de abril en Paso de los Toros,   en las instalaciones del Club Oriental, en el marco de una instancia convocada por la DINAMA antes de la puesta de manifiesto del informe ambiental concerniente a la eventual instalación de UPM2.

 

 

La presentación del informe estuvo a cargo del  ingeniero Carlos Amorín, de la empresa Estudio de Ingeniería Ambiental (Eia).

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presente en la instancia advirtió que la superposición de procedimientos viola el decreto reglamentario de la ley ambiental (349/2005) y se suma a “varias irregularidades” en torno al proyecto. Aunque Alejandro Nario, negó tal extremo, la agrupación ambientalista radicó un recurso de nulidad de la audiencia,

En paralelo prosiguen su movilización las iniciativas ciudadanas, por las cuales se juntarán firmas para impedir que el futuro tren de Upm atraviese ciudades en diferentes departamentos

 

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