MISCELANEA

Por Beatriz Lugo

Victimas y jerarquías tienen visiones diferentes sobre el abuso sexual en el seno de la Iglesia

 

A pesar que el papa Francisco declaró durante la reciente conferencia en el Vaticano, convocada para tratar la problemática  la lucha contra la pedofilia y de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, a que era necesario llegar a medidas concretas y eficaces. Las victima agrupadas en varios colectivos y organizaciones, sostuvieron al término del encuentro que el mismo  estuvo signado por el “bla-..bla”, porque Vaticano  se resise a  abordar directamente y en profundidad esta la problemática, insistiendo en la interpretación que el abuso sexual es perpetuado en todas las esfera de la sociedad, sin ser un fenómeno, exclusivo y mayoritario entre el clero católico.

De todas maneras el máximo pontífice cerró las jornadas el 24 de febrero afirmando su disposición a dar una lucha en todos los niveles contra las agresiones sexuales y las violaciones menores, hechos que no deberán ser encubiertos como ha sido el caso en el pasado.

 

Piden levantar inmunidad diplomática al Nuncio Apostólico en Francia




Nuncio Ventura



Francia instó el viernes al Vaticano a asumir sus "responsabilidades" ante las acusaciones de agresión sexual contra su representante diplomático en Francia y ex nuncio en Chile, Luigi Ventura, sugiriendo que su inmunidad diplomática debería ser levantada.

Dos denuncias fueron presentadas en Francia contra este prelado italiano de 74 años por agresión sexual. NOTICIA RELACIONADA Fiscalía francesa investiga por presunta agresión sexual a ex representante del Vaticano en Chile 6La primera fue presentada el mes pasado por un empleado de la alcaldía de París, de unos 30 años, que afirmara haber sufrido tocamientos sexuales por parte de Ventura durante una ceremonia en el ayuntamiento el 17 de enero. Unos días después, un antiguo empleado de la alcaldía de París presentó una denuncia afirmando que fue víctima de una agresión similar durante la misma ceremonia, pero un año antes, en 2018.


El fiscal Perciaballe no ceja

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del Dr. Enrique Perciaballe en año de actuación, se ha mostrado activa, alcanzando importantes resultados, confirmando que muchas veces es necesaria la ferrea voluntad para hacer avanzar los asuntos relacionados con la impunidad.  Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de cinco militares en el marco del Plan Cóndor e imputó a José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Maurente por dos delitos de privación de libertad, con dos delitos de supresión de estado civil y dos delitos de abandono de niños por los delitos perpetrados contra los hermanos Anatole y Victoria Julien.

Los niños fueron secuestrados junto con sus padres en Buenos Aires y trasladados clandestinamente a Uruguay en octubre de 1976, en el denominado “segundo vuelo”, y permanecieron recluidos en la sede del Servicio de Información y Defensa (Sid), en bulevar Artigas y Palmar. Más adelante, los hermanos fueron trasladados hacia Chile y abandonados en la plaza Bernardo O’Higgins, de Valparaíso. El 29 de diciembre de 1976, el diario El Mercurio publicó una fotografía de ambos en esa plaza. Los niños fueron internados en una casa cuna de Playa Ancha, donde permanecieron tres años, hasta que fueron adoptados por un matrimonio chileno. Su identidad y su historia se descubrieron en 1979.

 

A Comisión solo para aclarar



Con votos de legisladores del Frente Amplio (FA) y de la oposición, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados convocó al secretario de Presidencia, Miguel Toma, al prosecretario, Juan Andrés Roballo, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, para que expliquen la marcha de las negociaciones que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo con la empresa finlandesa UPM por la instalación de su segunda planta en Durazno. El tema quedó en el orden del día de la comisión cuando fue derivada a esta una petición al Parlamento del grupo de ciudadanos UPM2 NO, que tiene entre sus referentes al abogado Hoenir Sarthou. En ese escrito se afirma que el Ejecutivo cometió una “transgresión del orden constitucional” en el acuerdo con UPM del 7 de noviembre de 2017, firmado por los tres jerarcas que serán citados. Según los firmantes de esa petición, el Ejecutivo se excedió en sus facultades al suscribir ese documento, y además este debería haber sido aprobado por el Parlamento, por lo cual corresponde que la Cámara de Representantes inicie el procedimiento de juicio político por violación de la Constitución (conforme al artículo 93 de esta), mediante una acusación que luego debería considerar el Senado.

Antes de la comparecencia los legisladores oficialistas, que se tomaron se tomaron su tiempo para decidir, se avinieron  a votar la convocatoria, pero la diputada Mónica Bottino sostuvo que el tema del juicio político era impertinente y ni siquiera tiene que ser considerado, sin embargo afirmó que la oposición quería de todas formas convocar a quienes habían suscrito el contrato para que lo explicaran. “En ese marco entendimos que podía ser viable, pero separado de la petición”.

Todo indica que es bueno arrojar toda la luz posible sobre este proyecto UPM, cuya realización requiere de un debate sin a priori, por más que hay señales que desde el ejecutivo se considera como un hecho, siempre y cuando los finlandeses den el SI definitivo.