Reflexiones para aquellos que van a la feria con los lentes del patrón y luego comentan cómo les fue.

 David Rabinovich  (San José, 6 de febrero de 2019)

El meollo del dilema que conmueve a la izquierda uruguaya está entre la voluntad de oponerse al sistema y la necesidad de apoyar al gobierno. Porque los objetivos que el Frente Amplio persigue desde su fundación, hace 48 años, no pueden alcanzarse plenamente dentro del marco del capitalismo..

Ayer se cumplieron 48 años del acto fundacional del Frente Amplio. Las Bases Programáticas del FA -aprobadas en 1971- señalaban cuatro medidas fundamentales a adoptar, como pilares del proceso transformador:

  1. a) Reforma Agraria;
    b) Nacionalización de la banca privada;
    c) Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior;
    d) Enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica.

Es, por supuesto, imprescindible entender y atender un contexto histórico diferente, pero el primer desafío de cualquier proceso de cambios en Uruguay, que tenga como objetivos esenciales la justicia social, la democracia, la igualdad y la libertad (esa que sí termina donde comienzan los derechos ajenos) es la tenencia y el uso de la tierra.

El paso de los años, las estafas y las crisis recurrentes, lejos de debilitarlo han potenciado el mundo financiero; su peso, en el conjunto de la economía, ha crecido en forma desmesurada. El capital financiero domina totalmente la economía mundial. Uruguay necesita un sistema alineado con sus objetivos nacionales de desarrollo. Un buen punto de partida es la recuperación de los bancos públicos: BROU, BSE y BHU. Tres períodos de gobierno frenteamplista dejan instituciones robustas, es necesario reorientarlas en función de nuevas políticas sociales.

La tercera clave para cambiar la matriz productiva del país y un enorme desafío, sigue siendo el comercio exterior.

En cuanto al cuarto punto, que se refiere a la producción industrial y confirma la vocación nacional del Frente en sus orígenes, hay mucho que debatir. Las cadenas productivas, en especial las que tienen base agropecuaria configuran los cimientos de todo proyecto de desarrollo. Pero el impacto de la revolución científico – tecnológica plantea nuevos e inmensos desafíos. Los mercados funcionan al impulso de la insaciable búsqueda de rentabilidad del capital. El gran desafío global, es construir economías a escala humana que atiendan las necesidades de las poblaciones. Hay que considerar el conjunto de derechos y necesidades básicos como punto de partida. El camino de la reproducción continua del capital nos aleja de las mejores tradiciones humanistas.

Hay que agregar otros aspectos que requieren medidas de fondo. El cuidado del medio ambiente: frenar el deterioro y comenzar a revertirlo es atender la mayor crisis humanitaria que enfrentamos.

Dejo por acá las propuestas de la izquierda. Repasemos algunos de los reclamos que hacen los ‘neo-ruralistas auto-convocados’ de Un solo Uruguay. Sin olvidar nunca que la sustitución que promueven a nivel de gobierno nacional, más allá de los discursos, desembocaría en un ‘bolsonarismo macrista’ a la uruguaya.

Para reactivar la actividad económica creen imprescindible ‘bajar los costos del Estado’. Quieren que el próximo presupuesto nacional no contenga incrementos de gastos. Defienden que con ‘redistribuir’ alcanza.  Quieren priorizar el gasto (importante) sin seguir ‘abriendo la mano con plata ajena’. Tome nota el lector: consideran los impuestos una suerte de apropiación indebida de parte del gobierno. Las sociedades necesitan bienes y servicios comunes: salud, vivienda, educación, seguridad, carreteras, plazas, playas, teatros… ¿Ellos sólo pagan? ¿No reciben nada? ¿No es lógico que una parte de lo que la sociedad produce se use para atender esas necesidades comunes? Dicho sea lo anterior sin entrar a detallar la interminable lista de reclamos con que bombardean al gobierno desde el 2005 sin solución de continuidad.

Hay sugerencias que me parecen atendibles. Creo posible “Reducir los cargos políticos en los Directorios de las empresas y Entes públicos”. Más cargos por concurso y menos cargos de confianza política puede ser una propuesta atendible. Se podría comenzar por regionalizar el país que no necesita 19 departamentos y la consiguiente multiplicación de cargos electivos y/o ‘designativos’ con ‘viáticos sin rendición de cuentas’ y abundancia de horas extras hasta para los full time. Eso sucede en San José, intendencia que –para algunos- sirve de ejemplo de buena administración. ¡Cómo serán las otras!

Se opone USU al “ingreso de empleados públicos o contratados por al menos cinco años a no ser en la atención directa en áreas sensibles como educación, seguridad y salud. Que el cumplimiento de las funciones asignadas sea el determinante de la permanencia en el cargo. No a la inamovilidad.” Vamos por partes. El grueso de los ingresos que se registran en el Estado desde que gobierna el FA ha sido, precisamente, en esas áreas sensibles. En muchos casos se regularizaron situaciones de ‘trabajo en negro’. No renovar la plantilla de funcionarios implica envejecer los servicios, no procesar los recambios, limitar la posibilidad de los jóvenes de acceder a un trabajo digno. Simple y sencillo: eso es desmantelar el Estado y sus servicios. Privatizar todo. Además la inamovilidad no existe. Cualquier funcionario puede ser destituido –con todas las garantías de un proceso- por ineptitud, omisión o delito. Bastaría aplicar eso correctamente. La discrecionalidad ambienta la politiquería y el acomodo. Como lo vemos en tantas intendencias del interior.

“Eliminar o unificar dependencias del Estado que han quedado obsoletas o sin función”  no parece mala idea. “Parar al menos el 50% de la flota de vehículos oficiales, propios y alquilados, no vinculados a salud y seguridad” no sé si es posible. Racionalizar el uso me parece bien. Se intenta, con relativo éxito.

En relación a los combustibles parece lógico revisar la política que se ha seguido. Uruguay transita por cambios en la matriz energética que son tomados como ejemplo a nivel mundial. La carga impositiva que tienen los combustibles convencionales es muy elevada porque su recaudación es fácil y segura. Los impuestos a las ganancias y a la propiedad son más justos, pero generan mucha resistencia en los sectores poderosos de la sociedad. Hay mucha evasión y poco compromiso de las élites con el destino y menos con los intereses de las grandes mayorías.

Controlar mejor las empresas de derecho privado y capitales públicos, revisar cuáles sirven y cuáles no, parece de recibo. Qué se hace con cada una debería ser parte del debate democrático. Como lo es transparentar el gasto. Que todo el que reciba viáticos o partidas de fondos públicos deba rendir cuentas y devolver el sobrante es lógico.

Es práctica común que los montos de las licitaciones se dupliquen. Por lo menos lo es en San José. Hay que poner atención a eso. Qué se vigile bien la obra pública y sus costos es imprescindible.  Darle al Tribunal de Cuentas más potestades también suena razonable. Sobre obras y servicios contratados por el Estado, la ley obliga a publicar todo en las páginas web correspondientes. Se llama transparencia activa. Las excepciones son pocas y deben ser fundamentadas. No funciona 100% todavía, pero es una disposición promovida por el gobierno del FA en el marco de la Ley de acceso a la información pública.

“Revisar sueldos y partidas extras” que paga el Estado me parece bien. Hay mucha inequidad y abuso.

Proponen: “Terminar con los privilegios de los Legisladores al cese de sus funciones”.1Me permito subir la apuesta: toda jubilación de privilegio debe ser revisada. Hay que comenzar por las jubilaciones militares. Y tener en cuenta que “Por cada peso que el sector rural abona al Banco de Previsión Social y al Fondo Nacional de la Salud, se pagan 3,68 pesos en derechos sociales, entre los que se incluyen 74.000 jubilaciones, 49.000 pensiones, 118.000 cuotas mutuales para productores, trabajadores y sus familiares, 53.000 asignaciones familiares, entre otros.” Las jubilaciones militares, más la seguridad social en el medio rural, significan un déficit de más de U$S 1.000 millones anuales. 

Hay que decirlo todo, analizar todo, discutir todo.

Hasta aquí lo que dicen reclamar, leído con mucha buena voluntad. Si logran el objetivo de sacar al FA del gobierno, el próximo gobierno estaría en manos de los blancos y contaría –probablemente- con la participación y/o el apoyo de los otros sectores de oposición salvo el de Unidad Popular.

“Hoy el modelo es que los capitales vengan y hagan lo que quieran; y me parece que en ese sentido nos merecemos una discusión profunda como sociedad sobre ese país que pretendemos para adelante”, sostuvo el Ing. Agr. Marcelo Nogués vocero de los autoconvocados. Sí señor ¡apoyado!

1 En materia de seguridad hay toda una serie de reclamos y propuestas que no analizaremos en esta nota.