PACTUM

 

Escribe: Walter Caimí

 

LA JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA. EL QUE ESPERA DESESPERA.

 

Analizar a la Suprema Corte de Justicia desde un contexto técnico jurídico requiere de una envergadura mayor que no poseo, no soy abogado, sí un periodista que se preparó y estudia con esmero, los problemas funcionales que tiene.

Existe la opinión generalizada que nuestra justicia es plausible, brillante, y equitativa, lejos del poder político de turno. ¿Realmente es así?

 

Los cinco ministros que componen la Corporación son elegidos por el Parlamento Nacional, así lo establece  la Constitución de la República. A partir de este hecho político, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, transitan por coordenadas sociales y políticas que tienen consecuencias. No está en duda la independencia de la judicatura, las cuestiones son otras. Desde este ángulo periodístico, se percibe un descontento generalizado en la administración de la justicia, de los servicios administrativos, de normas que no se acatan y que ellos mismos elaboran.  

 

Un brillante artículo del Dr. Eduardo Cavalli escrito en la publicación del Colegios de Abogados del Uruguay,  número 208 de agosto/setiembre 2018, titulado: Al Sr. Abogado pido, sustenta lo que pretendo decir por medio de CLARIDAD. “Enseñaba el pensador canadiense Marshall McLuhan que los hombres crean herramientas y luego, de algún modo, las herramientas forman a los hombres”, escribió Cavalli. Así es, ni más ni menos. Cavalli es ministro de apelaciones de familia de 2do. Turno.

Uruguay es el país que en América Latina tiene mayor número de niños y adolescentes internados en asilos. Acá, algo está fallando. Y lo que falla son los roles de los distintos actores que componen el sistema jurídico; Cavalli señala precisamente que llama la atención que “es muy poco frecuente recibir una apelación dirigida contra una resolución de un juzgado letrado que haya sido interpuesta por un niño, representado o asistido por su defensor abogado”. El doctor Cavalli apunta que Uruguay aún no se sacó el molde inquisitivo, y vaya si tiene razón. Hay un mal proceso enquistado.

 

A fines de Diciembre pasado, se daba a conocer desde el Departamento de Rivera, que  un juicio penal lleva más de 10 años sin sentencia. ¿Proceso enquistado? Sí. Y ni que hablar si hablamos de derechos humanos por actos cometidos durante el período de facto. Más de 200 casos sin resolver aún. El Estado –supuestamente- asegura la salud, educación, etcétera, el acceso a la justicia “debiera ser considerado de primer orden” dice Cavalli. Pues bien, en Costa Rica, los niños desde su temprana edad escolar tienen acceso a la justicia por medio de un manual llamado Somos Poder Judicial. El nuevo CPP, Código del Proceso Penal, aún no caló en la ciudadanía, para qué y porqué los tema penales, tienen un modo distinto. Lo cierto es que los mismos operadores de la justicia, muchos de ellos, aún no lo tiene claro y no asumen que las reglas son diferentes. ¿Qué falla entonces? Simple, la administración no controla lo que debe controlar y exigir a sus funcionarios: llegar en hora, controlar las repetidas licencia por enfermedad; que los jueces residan en el departamento (hay excepciones) y así un número de obstáculos que van en contra del buen desempeño. No hay norma que establezca a texto expreso, la duración del proceso en cada una de sus instancias. Conclusión, en el tema referido con anterioridad a Rivera, los ministros de la SCJ se cubrieron así mismos; en efecto, solo la ministra Bernadette Minvielle, dijo que correspondía iniciar una investigación administrativa. La Corte justifica lo injustificable.

Con el nuevo código los jueces penales hacen la plancha, dicho esto, va orientado con el mejor sentido del término. La tarea recae en los fiscales, cien por ciento se incrementó su labor y claro no están acostumbrados. Esto es un hecho y no una apreciación.

La SCJ de justicia no es solo un Poder del Estado, es el vigilante y tutelar del cumplimiento de las leyes y la Constitución. Lo mismo ocurre con el abogado, debe asumir su compromiso de tal. El Poder Judicial somos todos los habitantes del país, por ende, nosotros los habitantes de la República, debemos exigir mayor rigurosidad en los controles que atañen a la justicia. Si la audiencia fue fijada a las hora 13, el magistrado no debe llegar 45 minutos o una hora después; no sirven las excusas. Este hecho que pareciera no tener trascendencia, ocurre con muchísimos fiscales y representantes legales y con más frecuencia de lo que se pueda imaginar. Los expedientes se pierden ¿?. Sí se extravían y nunca se sabe el por qué. Usted sabe que es norma que el magistrado se lleve consigo a su domicilio los expedientes para estudiarlos… pues sí. En este camino de hincarle diente a la administración de la justicia, el actual presidente del CAU, Colegios de Abogados del Uruguay, Dr. Diego Pescadere, sostiene que le han hecho saber en diferentes ocasiones, que el sistema de justicia no funciona adecuadamente, “o que han recibido un tratamiento inadecuado por parte de funcionarios o jueces”; referencia página 3 del número 209 de la publicación del CAU.

Los controles debieran ser sorpresivos en todos el país y no avisando para abrir el paraguas. La cabeza jerárquica de la administración de la SCJ, deberá mudar su estructura errónea a la hora de aplicar. Fallan los controles. El director de los servicios administrativos, Ing. Marcelo Pesce debe reubicar funciones y gestión para una mejor producción funcional. Desde este lado concedemos crédito para que asigne y reubique al sistema administrativo en mejor posición.

En cuanto a lo técnicamente jurídico, otras aguas han de correr. Alcanzó el límite el CEJU, Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Los cursos impartidos también deben ser cuestión de preocupación, algo falla. La justicia no solo pasa por el aula, el terreno en vivo, el caminar por las calles, entreverarse, hace a la cuestión; el escritorio es muy bonito, pero muchos de los egresados no tienen ni las básicas en relaciones humanas.