Emergió el déficit habitacional

Emergió el déficit habitacional con las barras llenas, el Plan de Vivienda Popular promovido desde la UP, tuvo los votos y ahora tiene la media sanción.

Por Edmundo Ballesteros

El Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública logró su media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 14 de marzo de 2018.

La discusión parlamentaria logró colmar las barras y se desarrolló en el marco de una importante movilización. Dos hechos que hace mucho tiempo no suceden.

El mérito principal de este logro corresponde a Unidad Popular que, pese a contar con un solo diputado, logró catalizar los reclamos del Movimiento “Quiero comprar mi casa” y el respaldo de siete Juntas Departamentales que la declararon de interés. De este modo la izquierda no frenteamplista, utilizando el  viejo estilo y método del accionar parlamentario que caracterizó a la izquierda testimonial a lo largo décadas, logró la aprobación de su propuesta con el respaldo de la oposición y la defección del diputado frenteamplista Darío Pérez. La mayoría oficialista no pudo imponer su oposición a la iniciativa pese a las carencias e imperfecciones que posee la ley aprobada pero posee el gran mérito de poner en el tapete de la consideración publica la problemática de la vivienda que ya acusa un déficit de 80.000 unidades. En ese marco a propuesta apunta sus baterías a contemplar algunas realidades, especialmente la de aquellos que hoy no pueden acceder a los programas existentes.

Este universo de los que “aspiran pero no pueden” abarca alrededor de 120.000 trabajadores que ganan menos del salario mínimo nacional. La real magnitud de esto se comprende considerando que el 40% de los trabajadores uruguayos gana menos de $ 15.000 líquidos y el 60% de ellos menos de $ 20.000 líquidos. A esto se debe sumar la altísima tasa de desempleo, que entre los jóvenes ronda el 20% mientras la del total de la población se sitúa en 8.1%. El Instituto Nacional de Estadística informó que existen unos 139.000 hogares con jefatura joven,que un 40% de los jóvenes alquila y solo el 32% son propietarios. Los beneficiarios del plan serán personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales sean iguales o menores a 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones, unos $ 72.220 al valor actual

No debe ignorarse el tema de la relación entre la naturaleza de la propiedad  privada y la propiedad colectiva/social, sin olvidar que el Plan de Vivienda Sindical, tampoco logró encararlo positivamente pese a que es algo que este Plan tampoco resuelve de la mejor manera. Tal vez la carencia mayor  de esta iniciativa se sitúe en la articulación con las propuestas existentes.

Se debe reconocer que si bien el cooperativismo de vivienda es la gran herramienta para  encarar la temática de la vivienda popular, no puede ser la única vía para responder a esta demanda.

El  proyecto en discusión recoge algunos elementos centrales de los enunciados por la izquierda en general para responder a este problema, ya que  parte del supuesto que no existe solución al problema de la vivienda  sin una fuerte intervención económica del Estado y precisamente el rol incrementado del Estado en la construcción y regulación de la entrega de ellas, es un elemento que está contemplado con fuerza en la iniciativa al vincular la cuota de acceso a la vivienda con la capacidad de pago (10% de los ingresos hasta cubrir el valor de la vivienda). En caso de que luego de cumplido un plazo de 25 años no se llegue a amortizar su valor, el texto establece que “se tendrá por pagada la vivienda, corriendo por cuenta del Estado el saldo restante”, algo muy importante para los sectores a los que apunta.

El proyecto que estaba durmiendo en la Comisión respectiva desde el 2015 salió de su en sueño al aprobarla y pasarla a consideración del cuerpo.se aprobó primero en ella. En ese lapso algunos de los actores frenteamplistas involucrados en el trámite no mostraron disposición a realizar todos los esfuerzos y tejer todos los acuerdos necesarios en ese ámbito para mejorar el proyecto, luego el mismo día de la sesión promovieron la iniciativa de retornarla a la Comisión.

En esas condiciones el proyecto pasó al pleno y el informe en minoría estuvo  a cargo del FA, en la persona del diputado Edgardo Rodríguez, quien anunció una intervención de demolición sistemática de la iniciativa, cosa que  finalmente no ocurrió. No estaban dadas las condiciones.Rodríguez  subrayó la inconstitucionalidad  de la primera redacción del artículo 5 del proyecto, que establecía que el presupuesto para la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular “será el equivalente al 1% de Producto Bruto Interno (PBI), tomándose como referencia el ejercicio anterior “, en tanto la nueva sostiene que el Poder Ejecutivo “asignará el presupuesto necesario para la ejecución y prosecución de Plan Nacional de Vivienda Popular”. Agregó que el proyecto “no es claro” en su articulación con las leyes relativas a la vivienda que ya existen, y ejemplificó con el artículo 6, que crea el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, cuando desde 1968 existe el Fondo Nacional de Vivienda. Comentó que “cambiar su nombre sólo lleva a confusión”. No obstante, Rodríguez señaló que ese es un aspecto formal que se podría mejorar cambiando la redacción, y que hay “aspectos más graves”, como que el fondo que se propone se destine “únicamente a la construcción”, dejando de lado “una enorme cantidad de acciones” que se llevan a cabo actualmente, como “reformas, ampliaciones, reciclajes, compras de viviendas usadas”, etcétera. “Dejar establecido por ley que los recursos del Estado vayan solamente para la construcción de viviendas es empobrecer terriblemente las opciones para dar respuesta a las necesidades de la población, y una forma de terminar favoreciendo a las grandes empresas constructoras”, afirmó.

Por último, el diputado oficialista apuntó que es confuso el artículo 9, en el que se establece que “el Estado suministrará los materiales básicos al menor costo posible y se encargará de realizar las importaciones de los materiales necesarios fijando el precio en el mercado nacional”, y que su cumplimiento requeriría “una amplia burocracia estatal”. “Se habló de los ladrilleros y de ANCAP, pero en la construcción se utilizan muchas otras cosas. Yo quiero ver cómo sería la cosa. De ahí a la corrupción hay un pequeño paso”, subrayó Rodríguez.

Una de las constantes de la argumentación de los frenteamplistas que hicieron uso de la palabra es la de la falta de financiamiento del proyecto. El emepepista Alejandro Sánchez, actual coordinador de la bancada frenteamplista, sostuvo, como uno de los principales motivos de la votación en contra, que “no podemos aprobar un proyecto sin financiamiento”. Claro que olvida que son muchas las leyes que se votan sin ese respaldo, a guisa de  mero ejemplo y cercano se puede mencionar: Salud Reproductiva, Código de Procedimiento Penal, o las propias leyes de presupuesto que incluyen déficits importantes.

Pero los parlamentarios frenteamplistas próximamente tendrán si así lo quieren la gran posibilidad de enmendar la plana y salvar la falta de recursos, a la hora del tratamiento y votación de la próxima Rendición de Cuentas, útima que permitirá incrementar el gasto. Hasta ahora  han primado los  pequeños avances traducidos en acuerdos, tironeos y  política de concesiones, en la cual se han impuesto siempre las sensibilidades y el talante de la misma conducción económica, que se las arregla para ahogar los tímidos intentos tendientes a limar los ángulos de la ortodoxia social liberal imperante desde 2005. *