Escribe: Equipo de Claridad
No fueron suficientes las 300 mil firmas reunidas para someter la denominada “Ley de Riego” a la consulta popular del referéndum. Pero no haber alcanzado el tope establecido por ley para este tipo de iniciativa, no representa una “redota”. Son, tan solo una muestra de la digna resistencia que mantuvo la “Mesa Por el Agua y la Vida”, en el seno de la cual, el sindicato de OSE, (FFOSE), jugó un rol central. Un arco social se constituyó y desplegó una campaña confiada en que la ciudadanía, a través del ejercicio de la democracia directa, podía dejar sin efecto este cuerpo normativo que, según afirmaron los impulsores de la recolección: “privatiza el agua”, “la transforma en mercancía” y ayuda a “intensificar un modelo productivo contaminante, concentrador de la riqueza y no sustentable”.
En el parlamento todos los grupos del FA votaron la Ley exceptuando al diputado de la UP que voto negativamente. Por otro lado, buena parte de la academia integrada en organizaciones profesionales y gremiales -Cure, Adur, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias- y la Cátedra de Derecho, que objeta la constitucionalidad de esta ley, manifestaron su posición contraria a la misma. Por su parte la Institución Nacional de Derechos Humanos -(INDHH)- expresó claramente que esta ley vulnerara derechos fundamentales, como el acceso al agua potable, el derecho a la recreación y a la participación ciudadana, marcando tempranamente sus reparos.
Los apoyos a la Ley estuvieron centrados en aquellos que hacen una apuesta al agro negocio, integrados en el modelo de desarrollo imperante en el país. Un esquema que abarca a una amplia banda que incluye a aquellos que en el terreno político son opuestos al progresismo, pero que, junto con este, sostienen esta Ley.
En cuanto al apoyo brindado por el movimiento sindical y social, corresponde señalar que fue más que nada declarativo y estuvo lejos de tener, en el plano de la movilización, la contundencia necesaria para alcanzar el objetivo. Se vio, y se sabe, que muchos apostaron al desgate y a que no se llegaba a las firmas. Es una historia conocida, ya que algo parecido se vivió con el “voto rosado”, que se perdió en las filas de la izquierda política, donde algunos de sus integrantes no la ensobraron y apostaron a que después de remar, dolorosamente, muriera en la orilla.
Lejos estamos de aquellos tiempos cuando figuras centrales de la izquierda decían que firmar para habilitar los “referéndums” era abrir las compuertas de la consulta popular, en un acto de reafirmación democrática, utilizando los procedimientos de la democracia directa sin que el mero hecho de firmar fuera un pronunciamiento sobre el fondo de los temas, que se dilucidan con el voto en el referéndum.
Los tiempos cambian y son unos cuantos los que ahora se sitúan del otro lado del mostrador ya no auspician ni propician siquiera la defensa primaria de los derechos básicos del pueblo y defienden, a ultranza, todo acto y medida del gobierno, argumentando que es “nuestro gobierno”. A eso se debe la existencia de un nítido abroquelamiento en la defensa de esta Ley, cuyo mentor fue el ex ministro Aguerre, que encontró tesoneros y abnegados escuderos dentro de la bancada parlamentaria. Algunos, convencidos, y otros inducidos por la disciplina y la solidaridad partidaria y, entre ellos, algunos que hicieron el esfuerzo de defender la propuesta recorriendo el país de punta a punta, siempre oteado la marcha de la recolección de firmas. Por supuesto que no se discute el derecho –y hasta la obligación- que tienen de defender lo que han votado, pero es evidente que se quedaron con la iniciativa de los propulsores del agro-negocio y no tuvieron la necesaria flexibilidad de aceptar las objeciones que surgieron desde el bloque social. Confiaron en la fractura entre el movimiento social y la izquierda política, para que su iniciativa saliera indemne. Sin embargo, parecería que faltó, y falta, la evaluación de los “daños colaterales” que se expresarán en brevísimo tiempo. No caben dudas que, en torno a esta Ley de Riego se ha puesto en juego la confrontación entre modelo de país y bloques de poder ciudadano. No se trata de un problema “técnico” de cómo instrumentar el riego, sino fundamentalmente de un tema político en torno a la propiedad y uso del agua.
Gran parte de los promotores del referéndum coincidían en la necesidad de riego para el desarrollo nacional, pero sostenían, y sostienen, que el país necesita una ley diferente. La advertencia acerca de una eventual privatización del agua y su transformación en una mercancía al servicio de un modelo productivo contaminante, concentrador de la riqueza y no sustentable, son una de las grandes lesiones y reflexiones que nos deja esta primera etapa de la lucha social.
La Mesa del Agua y la Vida y FFOSE, no bajaron la guardia, ni dieron por concluida la lucha, se abrirán otros y nuevos frentes, uno de ellos, tal vez, sea lograr un pronunciamiento de inconstitucionalidad para esta Ley de Riego.