Al filo de terminar mayo, un mes que desde hace un tiempo se ha convertido en el mes de la memoria, CLARIDAD conversó con Raúl Olivera, un veterano militante de los derechos humanos, sobre los desafíos de la memoria en relación con el llamado pasado reciente.
Raúl Olivera
¿Qué función tienen las políticas de memoria?
Desde épocas prehistóricas, los seres humanos se han preocupado, de distintas maneras, por registrar sus historias. Sin embargo, no todo ello ha desafiado el paso del tiempo para perdurar. Es decir, la humanidad, colectivamente, o cada ser humano en forma individual, elige aquellas cosas que tiene interés en que perduren, al menos en el recuerdo de las nuevas generaciones, para que constituyan una suerte de herencia o enseñanza para el futuro.
Elizabeth Jelin ha escrito que “lo que el pasado deja son huellas, huellas que en sí mismas no constituyen memoria a menos que sean evocadas en un marco que les dé sentido”.
En nuestro país, en cumplimiento de lo que establece la Ley N.º 19.641 sobre Sitios de Memoria Histórica, se han señalizado como sitios de memoria aquellos lugares que se consideró que cumplían con los requisitos para ser identificados como tales.
Pero para que esos lugares en los que se coloca una placa puedan cumplir eficazmente con su carácter de sitio de memoria, necesariamente deben ser complementados con un relato que les otorgue significado. En ese caso, tanto el lugar como el relato, forman parte de una política de memoria. Por esa razón hablamos de los desafíos de las políticas de memoria, porque nos preocupa la existencia de un relato que les dé el sentido del que habla Elizabeth Jelin.
Creo que ese es un aspecto fundamental, de cardinal importancia: que las huellas se constituyan en memoria a partir de un relato que les otorgue sentido.
¿Qué opción se ha adoptado con relación a las políticas de memoria?
Hay un dato que no debe olvidarse: las políticas de memoria también son una preocupación de las derechas.
Lo fueron para la dictadura y lo son actualmente para quienes la reivindican. Un ejemplo lo encontramos en el relato registrado en el libro “La subversión. Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental”, publicado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1977.
En ese libro se pretendía “mostrar desnuda toda la verdad, para la real apreciación de los hechos”, a través de “la sacrificada labor cumplida por las Fuerzas Armadas -Ejército, Fuerza Aérea y Armada- juntamente con los servicios de Policía, en una lucha sin tregua para erradicar la subversión del suelo de la República”.
¿Pero a ese relato de las Fuerzas Armadas le falta el lugar físico al que se remite?
No está ausente; el lugar son las propias Fuerzas Armadas y policiales.
¿El desafío para las políticas de memoria consiste entonces en construir un relato que sustente la señalización de los sitios de memoria?
Hay que construir algo más que un relato: la verdad forense, aquella que resulta irrefutable a partir de los hechos probados en una causa judicial que conducen a la condena de los responsables. Hay que pensar y actuar en las polÍticas de memoria, como parte de la batalla cultural.
¿Las políticas de persecución penal, a las que usted dedicó muchos esfuerzos desde el movimiento sindical, qué enseñanzas le dejaron?
No sé si definirlas como enseñanzas; quizás las catalogaría como conclusiones. La primera es que, si los gobiernos de izquierda hubieran tenido la posibilidad de elegir a sus interlocutores sociales a la hora de acordar y definir las políticas públicas para gestionar los hechos del pasado autoritario, seguramente no habrían optado por uno con las características del movimiento sindical uruguayo, un sindicalismo que históricamente no solo se ocupó del salario y de las condiciones de trabajo.
Una segunda conclusión es que, para fortuna de las luchas por profundizar o avanzar en democracia, y para desgracia del llamado “cambio en paz”, el reclamo de verdad y justicia permaneció en la agenda reivindicativa de los sindicatos, aun después de la derrota sufrida en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009 que intentó dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Estas dos conclusiones deben ser tenidas en cuenta para explicar las estrategias que se ensayaron desde el sistema político con el fin de restarle legitimidad al involucramiento directo del movimiento sindical en el abordaje de los temas vinculados al pasado autoritario.
Lo que voy a decir ahora sí lo consideraría una enseñanza: que ese propósito no haya prosperado y que el movimiento sindical continuara sosteniendo de forma firme e intransigente una concepción integral de los derechos humanos implicó la existencia de un campo de tensiones y desencuentros entre la izquierda política y la izquierda social.
Hoy, a la luz de los hechos, puede concluirse que, gracias a que el movimiento sindical, junto con otros esfuerzos sociales y políticos, no abandonó la defensa de los derechos humanos, no lograron consolidarse definitivamente las estrategias del olvido y la reconciliación.
¿Qué implicó que eso fuera así?
Muchos esfuerzos para evitar ser derrotados en ese empeño por sostener una visión global e integradora de los derechos humanos frente a las falsas y efímeras propuestas de gestionar el pasado mediante la impunidad.
El movimiento sindical, en ese sentido, con aciertos y errores, fue construyendo y perfeccionando una visión de clase sobre la defensa de los derechos humanos, articulada con los avances que se producían en el mundo. Desde allí desarrolló una propuesta alternativa y contestataria, que se resistió a ser neutralizada o reducida por enfoques que no abarcaban la dinámica global que encierra la defensa de los derechos humanos. Sostuvo, sin sectarismos, una propuesta de articulación de esfuerzos para que los violadores de derechos humanos y los asesinos no continuaran disfrutando de los privilegios de la impunidad.
En ese marco, el movimiento sindical no admitió pasivamente que, en nombre de cierto pragmatismo, a la lucha por los derechos humanos se le despojara de una de sus características fundamentales: su capacidad transformadora de una realidad marcada por la impunidad. Resistió enfrentando políticas pragmáticas que, en este tema, conducían inexorablemente a la muerte de toda acción transformadora, confinándola a la lógica de lo posible y al fin de las utopías.
¿Con qué herramientas se llevaron a cabo esos desafíos?
En julio de 1997, luego de finalizado un Congreso del PIT-CNT cargado de tensiones internas en torno a modificaciones estatutarias y en el que, por primera vez, fue electa la Mesa Representativa mediante listas y voto secreto, el PIT-CNT resolvió instalar en el seno de su Secretariado Ejecutivo una Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales, que en sus comienzos estuvo encabezada por Luis Puig, de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (UAOEGAS).
Las actividades de esa nueva secretaría contaron invariablemente con el respaldo de las distintas instancias orgánicas, a pesar de que en el movimiento sindical coexistían diversas corrientes con claros vínculos con las organizaciones políticas de izquierda.
Ello posibilitó desarrollar, ante el sistema judicial uruguayo y ante tribunales de Argentina, España e Italia, un capítulo importante en la lucha contra la impunidad, al tiempo que daba respuesta a los cuestionamientos que se formulaban -incluso desde la izquierda- al involucramiento de los trabajadores organizados en el reclamo de verdad y justicia.
Se establecía así una continuidad entre una organización de trabajadores construida como respuesta al avasallamiento de derechos esenciales en los años sesenta y los desafíos de las luchas democráticas actuales. Esa continuidad, aun con dificultades, se había transmitido de generación en generación, permitiéndole desarrollar una cultura obrera propia, comprender la realidad y mantener, con aciertos y errores, una presencia activa en cada coyuntura histórica.
Sobre ese hecho también debe existir memoria.