Hoenir Sarthou

La respuesta a la pregunta del título es crucial, porque es la primera vez que uno de los contratos leoninos e inconstitucionales en que se ha enredado Uruguay en las últimas décadas es revisado, y su objeto, en este caso el suministro a la población de agua extraída del Río de la Plata, es dejado sin efecto.

Ante todo, la oposición a Neptuno no fue hecha por ninguna de las vías institucionales o políticas convencionales.

La coalición que gobernó en el período pasado respaldó y firmó el contrato. El Frente Amplio, fuera de algunas tibias objeciones, se mostró dispuesto a cumplirlo, como lo hicieron saber enfáticamente el ministro de economía, Gabriel Oddone, y el Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

Como consecuencia de esas posturas políticas, el Parlamento nada objetó. De hecho, no hubo una sola voz parlamentaria que se opusiera en forma al proyecto.

El Poder Judicial, salvo por el Dr. Alejandro Recarey, que luego fue separado del caso por un Tribunal de Apelaciones, nada hizo por detener el contrato, pese a su flagrante inconstitucionalidad. Y tampoco lo hicieron los otros organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación.

Vuelvo a la pregunta, entonces. ¿Quién detuvo a Neptuno? Es imprescindible resumir las características del proyecto para acercarnos a la respuesta. Se trataba de concederle a un consorcio privado la función de sacar agua del Río de la Plata, una de las fuentes hídricas más contaminadas y eventualmente salobres de nuestro territorio, para vendérsela a OSE, que la suministraría a la población por medio de sus cañerías, que pierden la mitad del agua que se bombea. Y todo el asunto nos costaría la friolera de casi mil millones de dólares.

En suma, agua insana, contaminada y eventualmente salobre, procesada inconstitucionalmente por una empresa privada (en violación del artículo 47 de la Constitución), mediante un contrato que no fue conocido por la población ni aprobado por el Parlamento. Y a un costo disparatado de casi mil millones de dólares.

Basta esa síntesis para intuir la respuesta. Neptuno no tenía partidarios verdaderos. Fue un proyecto inspirado en motivos económicos y políticos. Ganancia para el consorcio privado, quizá algún beneficio indebido para los promotores oficiales del proyecto, y la clara voluntad de dejarle al nuevo gobierno otro “peludo de regalo”, un compromiso absurdo, en un país que tiene agua dulce por todos lados, y además carísimo.

La población supo rápidamente que el proyecto estaba viciado por lo disparatado e inconstitucional de su objeto y por tener motivos económicos y políticos inconfesables.

Nadie en su sano juicio querría tomar agua del Río de la Plata. Y menos si hay alternativas mucho mejores y se huele a kilómetros que hay cosas turbias en el proyecto.

En definitiva, es innegable que la opinión pública lo veía con malos ojos y se mostraba dispuesto a castigar electoralmente al gobierno y al partido que lo llevaran a cabo.

En el Uruguay, esos estados de la opinión pública se expresan de formas extrañas. No dan lugar a grandes actos ni manifestaciones. Se procesan en silencio. Pero se procesan. ¿Acaso alguien puede negar que lo ocurrido con Sendic en Pluna, por ejemplo, incidió mucho en la derrota electoral del Frente Amplio en 2019, o que el caso Astesiano tuvo mucho que ver con la derrota de la Coalición Republicana en 2024?

Neptuno sólo podía ser llevado a cabo por un gobierno y un partido suicidas. Eso, por suerte, fue leído por muchos dirigentes y militantes del Frente Amplio, que hicieron lo suyo, junto con diversas organizaciones sociales y políticas, para que el proyecto fuese renegociado.

La dinámica política, en apariencia, suele centrarse en los partidos y en sus representantes parlamentarios. Pero el poder político tiene otras expresiones, mucho menos visibles, aunque no menos poderosas.

La opinión pública, es decir la mirada generalizada de la población sobre determinado asunto, es un poder que se suele minimizar. El sistema partidario y los medios de comunicación creen que pueden -y acaso que les conviene- ignorarlo o manipularlo. Y buena parte de la población no es debidamente consciente de ese poder que está en sus manos. Pero ese poder existe y, si toma consciencia de su fuerza, puede ser determinante.

Neptuno fue una demostración de ese poder. El nuevo gobierno logró advertirlo a tiempo y evitó así una crisis política y de legitimidad que podría haberle sido fatal, no sólo dentro de cinco años, sino, desde el punto de vista de la confianza y la legitimidad política, durante el período de gobierno que recién empieza.

La decisión respecto a Neptuno tiene una ventaja importante: no se usará agua del Río de la Plata para el suministro a la población. Eso era vital. Queda por ver si se respetará la Constitución y se evitará asignar la gestión del agua a una empresa privada. 

Tampoco es para lanzar campanas al vuelo. Los términos del nuevo contrato que se suscriba con Saceem y sus socios pueden ser tan leoninos como los del contrato anterior. Por lo pronto, todo indica que el costo de mil millones de dólares se mantendrá, sea cual sea la obra asignada. Y la falta de transparencia de las negociaciones sigue incambiada, lo que no es el mejor augurio.

En suma, el episodio de Neptuno puso en evidencia un poder usualmente ignorado: el poder de la opinión pública, de la voluntad popular. Un poder informal y difuso, pero no por eso menos real.

Quizá sirva para recordarles a los actuales y a los futuros gobernantes que ignorar a la población y sentirse impunes para acatar ciegamente los mandatos de los “inversores” puede ser un camino políticamente peligroso.