Benjamín Nahoum

Casi un millón de votos no alcanzó, el 27 de octubre, para que la edad para jubilarse volviera a ser de sesenta años, las jubilaciones y pensiones mínimas fueran un poco menos mínimas, y la seguridad social dejara de ser un negocio para bancos y financieras nacionales y extranjeros. La ley 20.130, votada en abril de 2023, uno de los buques insignia de la coalición multicolor gobernante, seguirá, por lo tanto, rigiendo: las uruguayas y uruguayos nacidos después de 1975 seguirán penalizados con cinco años más de trabajo y cinco menos de recibir el pago de las prestaciones que les corresponden; seguirá habiendo jubilaciones y pensiones que no alcanzan para comer, y los gerentes de las AFAP seguirán cobrando por día más de lo que muchas y muchos jubilados y pensionistas reciben por mes.

¿Entonces, para que sirvió esta utopía, que convocó más de cuatrocientas mil firmas para que la gente decidiera y casi un millón de voluntades para que se hiciera realidad? Sirvió para lo que sirven las utopías, como enseña Eduardo Galeano: para caminar. Y caminando, ahora estamos mucho más adelante que antes de haber dado esta batalla, que dimos armados sólo con un tenedor torcido, pero un tenedor empuñado por el pueblo.

Porque ahora está cerrado el camino de la Constitución (que era el mejor, porque era la forma más segura de defender los derechos de los trabajadores) pero queda abierto el camino de la ley, que estaba cerrado por las mayorías contrarias y ahora debería estar abierto por las mayorías a favor. Porque los sesenta años, el aumento de las prestaciones mínimas y el fin del lucro en la seguridad social debería tener dieciséis o diecisiete votos en el Senado y cincuenta en Diputados, porque son cosas que están escritas con total claridad en las Bases Programáticas del Frente Amplio, como bien ha recordado recientemente Carolina Cosse, y fueron defendidos con ardor por Gustavo Salle, lo que completa esa mayoría en la Cámara de Representantes.

Y porque, además, como ha dicho Gabriel Oddone (que será el Ministro de Economía si Yamandú Orsi gana el balotaje, y su principal asesor, si lo pierde) “No creo que gane quien gane la elección pueda ´ignorar´ la votación que tuvo el plebiscito previsional”. A lo que Alejandro Sánchez (primer senador del MPP y por lo tanto, si gana Orsi, eventual vicepresidente de la república y presidente del Senado y de la Asamblea General en caso de licencia de la que sería vicepresidenta, Carolina Cosse), argumentando antes del plebiscito sobre la eliminación de las AFAP agregó: “Creo que hay que nacionalizarlas, en todo caso”, lo que no es una solución viable si lo que se quiere es suprimir el lucro, porque eso no se consigue nacionalizando, sino estatizando, pero muestra la intención de buscar una salida al tema, que quizá sea el más discutido de los contenidos en la papeleta plebiscitaria.

Todo esto muestra que la estrategia de “esto no se habla” con la que el Frente interpretó la libertad de acción sobre la reforma jubilatoria (excepto los que salieron a atacarla usando los mismos argumentos de la derecha) ha dado paso (quizá porque quedó demostrado que no hacer olas no alcanzaba) a reconocer que existe un problema grande, que requiere una solución urgente, y que ese problema se agravó con la ley multicolor. Por lo que es necesario revertir sus consecuencias más graves, por un lado, y solucionar los desequilibrios que indudablemente existen, por otro.

Sin embargo, hay un peligro que se debe esquivar, y es cómo se interpreta el diálogo social que el Frente se comprometió a impulsar como primer paso para los ajustes al sistema jubilatorio. Porque el diálogo siempre es bienvenido, pero a éste no se puede ir a agenda abierta, a ver qué proponen las y los trabajadores, y las patronales; quienes generan la plusvalía y quienes se la llevan; quienes viven al día (o al día anterior) y quienes depositan sus excedentes en el exterior. Porque de ahí lo que va a salir son dos modelos irreconciliables: precisamente el que instituyó la ley de la coalición multicolor y el que quería imponer el plebiscito.

Los resultados del 27 dejaron además otras cosas muy importantes:

-los sectores y partidos que apoyaron el plebiscito jubilatorio (los sub-lemas del Frente Amplio encabezados por los partidos Comunista y Socialista e Identidad Soberana), juntos, tuvieron del orden de un 15% de los votos totales, el plebiscito tuvo casi el 40. O sea que hay un 25% del total, unos 600.000 votos, de ciudadanas y ciudadanos que votaron a partidos y sectores que recomendaban no votar el plebiscito y que igual lo votaron, porque piensan con su cabeza, y no con la de ningún líder;

-en particular, en el Frente Amplio los grupos pro-plebiscito tuvieron el 30% de los votos, y los opuestos el 70, por lo cual lo que señalábamos para el conjunto de los votantes también es cierto para los votantes del FA: específicamente, un porcentaje muy importante de esos votos “orejanos” corresponde indudablemente al MPP;

-hubo 33.000 votos (más de los necesarios para elegir un diputado) que votaron sólo el plebiscito jubilatorio y seguramente de los sesenta mil y pico de votos a Gustavo Salle muchos lo hicieron por la misma razón;

-de acuerdo a las encuestas de opinión sobre el plebiscito, el apoyo a los 60 años y al aumento de los mínimos era arrasador, la dificultad aparecía con la eliminación de las AFAP, porque la campaña engañosa que se hizo por parte de opositores al plebiscito sosteniendo que se confiscaban los aportes de los afiliados, pese a que se demostró hasta el cansancio que era un error intencional, igualmente asustó a mucha gente. ¿Fue equivocado haber incluido el tema de las AFAP en la papeleta? Creo que no, porque la eliminación de las AFAP es imprescindible para el equilibrio del sistema, porque son una parte importante del problema: el lucro en la seguridad social. Y aunque hace casi treinta años, desde que se crearon las AFAP, que le estamos esquivando el bulto a ese problema, no puede demorarse más hincarle el diente.

Todo esto debe analizarse para que el Frente Amplio se reposicione respecto a este tema con vistas al balotaje, y luego para elaborar la ley que reforme para bien la seguridad social. Y porque se requiere una autocrítica, probablemente de todas y todos, pero principalmente de quienes defendieron intereses que no son los del pueblo y creyeron que era más importante la opinión de los tecnócratas que el sentir popular.