Gabriel Portillo

La ley 20130 votada por el gobierno realiza una reforma de la seguridad social regresiva.

Eleva la edad de jubilación y reduce el monto de las prestaciones al 45%, también se recortaron las partidas para la discapacidad, afecta también a los sectores bonificados, las personas que tenían enfermedades o impedimentos y se jubilaban por imposibilidad física lo hacían con un 65% del salario básico jubilatorio, que ahora baja al 45%, entre otros muchos prejuicios que la ley ahora vigente trae. Pero no es únicamente por esto que los sectores sectores sociales y grupos políticos estamos impulsando y promoviendo el plebiscito.

La necesidad del Plebiscito tiene que ver con no aceptar como algo natural, que haya 308 mil jubilados y pensionistas que cobrar menos que un salario mínimo

¿Lo que preocupa es la sostenibilidad? ¿Cómo vamos a sostener a la gente que a los 58 o 60 años no pueda trabajar y no pueda cobrar jubilaciones hasta los 65 años o más? ¿Por qué no se contemplaron todas estas cosas cuando se elaboró la ley 20.130? Omitieron al movimiento sindical y social en todo el proceso de discusión y ahora se alarman por la reacción defensiva y la capacidad organizativa de éstos.

Eliminar las Afaps: eliminar la devaluación de los ahorros de trabajadores

El sistema de ahorro mixto a través de las AFAPs ha fracasado rotundamente. Después de 28 años de instaladas en nuestro país, estas empresas financieras no resolvieron ninguno de los problemas que prometían resolver en 1995, por el contrario, agravaron la desfinanciación del BPS al obligar al mismo a transferirle una parte de los aportes de los trabajadores a las Afaps. Es un sistema que está probado en todo el mundo como caro e ineficiente, por ello de 30 países que lo aplicaron quedan solo 12.

No conformes con lo eso, el gobierno profundiza la situación generalizando la obligatoriedad de estar en una afap, a todos y todas las trabajadoras de manera compulsiva y sin mediar consentimiento alguno, con lo que se extiende este sistema y aumenta el déficit para el BPS, sabiendo de antemano que los salarios bajos pierden plata. Esto es así por varias razones, sea la intermitencia o la discontinuidad laboral en muchos casos, o porque esos ahorros dados los bajos salarios no hacen otra cosa que engordar los bolsillos de las Afaps ya que cobran un quinto de tus aportes por la administración de tu propio dinero, pero a la hora de pagar jubilaciones (hay 64 mil jubilados que ya cobran renta vitalicia por las afaps) estas son muy bajas: distribuidos por decil, el decil que cobra menos en promedio cobra $142 de renta vitalicia (hay 6405 trabajadores que reciben ese monto). El 90% cobra de renta vitalicia en promedio $5000, son 9 de cada 10 trabajadores. 7 de cada 10 de estos jubilados tienen un promedio de renta vitalicia de 1800 pesos, haciendo el mismo porcentaje de aporte que al BPS, por las aseguradoras privadas (afaps) cobran mucho menos algo que cualquier jubilado y jubilada puede comprobar.

De los 1400 millones de dólares que transfiere el BPS a las afaps para las cuentas personales (esto habla de lo caro que es el sistema) 270 millones de se van comisiones y primas.  Invierten tu dinero y te cobran por ello, sin importar si las inversiones dan ganancias o no, ellos nunca pierden, cobran siempre porque se cobran de tus aportes no del resultado de sus inversiones. No hay riesgo para ellas en materia de inversiones y en caso de no resultar exitosas las inversiones el que pierde es el trabajador, además que ahora cobran también cuando estás sin empleo, se cobran lo necesario de lo que ya tenes acumulado en tu cuenta de ahorro.

La papeleta es clara, se creará un fideicomiso con el único fin del pago de pasividades y cada afiliado o afiliada podrá seguir la trazabilidad de su dinero. La única confiscación la hacen las AFAP cuando somos obligados a pertenecer a ellas.

Por otro lado no se está diciendo claramente el contenido total de la ley 20.130 y quienes auguran una  catástrofe no  están considerando los ahorros que significaría para el país no tener que transferir recursos a las AFAP, ni pagar -como establece la ley 20.130-, con recursos de rentas generales el ingreso a las AFAP de todos los trabajadores que hoy están en las cajas paraestatales (el cálculo inicial para las cajas Notarial, Bancaria y Profesional son de 5.000 millones de dólares y falta sumar Policial y Militar). La eliminación de las AFAP, significará que en el BPS quedarán los 1470 millones de dólares por año que hoy van del BPS a las Afaps, más un ahorro de transferencias de rentas generales de 490 millones de dólares, que el gobierno podrá disponer para desarrollar políticas públicas en materia de Sistema Integral de Cuidados, o para pobreza infantil algo que ahora parece tener a todos preocupados lo cual nos alegra.  La reforma que plantea el plebiscito es sostenible financieramente por 20 años.

(1) Articulo que también se publica en la CHISPA.