Por  Jorge Ramada

El temor que despierta la posibilidad de que el plebiscito por la seguridad social consiga los votos necesarios, hace que se multipliquen propuestas, argumentos y gritos destemplados por parte de los asustados.

No voy a hablar de la carta de los 111 iluminados, que ya ha sido respondida por varios compañeros que respaldan el SÍ. Solo una apreciación: ante la propuesta de equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, ven “un riesgo cierto de que algún gobierno futuro limite el aumento del salario mínimo nacional” para no aumentar la jubilación mínima. Teniendo en cuenta que algunos de ellos aspiran a integrar el equipo económico de un futuro gobierno, ¿los ha traicionado el subconsciente?; ¿será que piensan en usar el salario mínimo como variable de ajuste para conjurar ese espíritu al que tanto temen: el déficit fiscal?

Esto muestra la debilidad de los argumentos contra este punto de la reforma. Pasa lo mismo con la oposición a bajar la edad jubilatoria. Decir que la mayoría de la gente se jubila después de los 60 años, no es razón para hacer obligatorios los 65. Claro que ambos argumentos en el fondo están sustentados por el temor a “gastar demasiado” que tienen todos los economistas cortados con la tijera de la concepción clásica de la economía. Temor que va junto al de poner nuevos impuestos o eliminar exoneraciones, no sea cosa que se asusten los millonarios o los inversores nos abandonen. ¡Menos mal que no se incluyó aumentar la tasa de reemplazo, si no, los augurios de catástrofe se habría multiplicado!          

Este es el primer aspecto que pone en el tapete el plebiscito: disponer de más fondos para financiar una seguridad social de mejor calidad que la actual; más fondos para mejorar las jubilaciones bajas, para comenzar a pagar las jubilaciones 5 años antes. Está claro que se deberían mejorar todas las prestaciones (casi todas, no la de los privilegiados como los militares) y de algún lado hay que sacar los recursos. Es más, quizás debería gastarse más todavía, para prever la posibilidad de jubilaciones para quienes han trabajando años en la informalidad y la marginación.

Pero este aumento del gasto asusta a los economistas de casi todas las tiendas políticas; tienen miedo a los desequilibrios fiscales. Aunque hay que reconocer que uno de los componentes que más compromete el equilibrio: el pago sistemático de los intereses de la deuda externa, nadie quiere tocarlo. Y la gran mayoría de esos economistas tampoco se plantean obtener fondos aumentando los aportes patronales y eliminando o disminuyendo exoneraciones al capital. Esta es la lógica que predomina: cuidemos a los inversores, porque ellos son los que aseguran nuevos emprendimientos productivos, promueven el crecimiento económico y generan fuentes de trabajo. La lógica del sistema, de la que cuesta escapar. Cierta izquierda ha olvidado aquel concepto de que el valor proviene del trabajo y que en la contradicción entre el trabajo y el capital, ser de izquierda es estar del lado del trabajo.

El segundo aspecto es el de las AFAP. Voy a empezar por lo que manifestó la Cámara de la Construcción a través de su presidente: las AFAP han invertido 2.200 millones de dólares en obras e infraestructura; si se las elimina se perderían unos 25.000 puestos de trabajo en el sector. Pero entonces, no es que la reforma va a confiscar los ahorros de los trabajadores como dicen Saldain, Mieres y otros tantos. Son las empresas que ya están confiscando esos fondos para hacer sus inversiones.

Como acertadamente le respondió el dirigente del SUNCA, Daniel Diverio: “Si las AFAP….financian proyectos que planifican las empresas que no ponen ni un peso, quiere decir que los trabajadores con nuestro ahorro individual, estamos financiando esos proyectos… Lo que está diciendo el presidente de la Cámara de la Construcción es que los que invierten son los trabajadores”. La rentabilidad de esas inversiones ¿volverá a los trabajadores o se la llevarán las empresas que las utilizan? Fácil imaginar la respuesta.

Dicho de otra manera: nos a obligan a los trabajadores a prestarle nuestros ahorros a las AFAP para que ellos hagan sus negocios. Curioso préstamo: no les cobramos interés, al revés, ellos nos cobran comisión.

Las AFAP nacieron en la nefasta década de los ‘90 y sobrevivieron a todos los gobiernos hasta ahora. La misma lógica del sistema –que es la lógica del capital– es la que defiende su permanencia; queda claro en las expresiones del presidente de la Cámara de la Construcción. Pero más específicamente la defienden quienes se benefician con su existencia: sus directivos, que cobran suculentos sueldos; gerentes y altos cargos de empresas que ponen a salvo su aportes jubilatorios para que no se usen en un sistema solidario. Es la franja de sueldos muy altos la que puede recibir mejores jubilaciones que en el sistema anterior, a expensas de esa gran mayoría que sale perjudicada.

Por eso la decisión es sencilla: esta es la reforma de los trabajadores. La votación puede decirse que va por fuera de lo que es elegir el próximo gobierno, pero es la que puede marcar la cancha al próximo gobierno. Es en definitiva una lucha más, que se suma a la de todos los días, del trabajo contra el capital.