Raúl Olivera Alfaro

El 16 de abril pasado, se cumplieron 35 años de una consulta popular, que, a raíz de su resultado negativo en 1989, padecimos durante 22 años las consecuencias de una norma vulneradora del derecho a la verdad y la justicia[1].

Casi coincidiendo en la fecha, pero 35 años después, se cerró una etapa que a partir de la entrega de más de 430 mil firmas se puede casi  asegurar que los Uruguayos tendremos que expresar, esta vez con el voto, la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional sobre el Sistema de Previsión Social. Se trata de una iniciativa originada desde las organizaciones que nuclean y representan a quienes más afectará la reforma del sistema de la Previsión Social reformado con la aprobación por el actual gobierno de coalición por la ley 20.130.

La otra vez, hace tres lustros y medio, muchos de los que, en nuestra opinión, serán beneficiados en caso de aprobarse la reforma constitucional, o eventualmente perjudicados en caso de ocurrir lo contrario, aún no habían nacido o tenían poca edad. Entre los actuales candidatos en la interna del Frente Amplio, los que parecen contar con la mayor aceptación, Carolina Cosse tenía 27 años y Yamandú Orsi 21. No se puede afirmar, si eso tiene algo que ver con que una haya firmado y otro no la papeleta para habilitar el plebiscito. Sí me parece, que ambos están en condiciones de evaluar e incorporarar las experiencias vividas en el pasado a sus conductas actuales.

En 1989, era un referéndum contra la ley de caducidad, redactada, votada en el parlamento, y que usó para su ratificación en la consulta popular todos los recursos, inclusive el ilegítimo y repudiable recurso de la censura[2]. Es decir, casi con los mismos apoyos políticos que actualmente incorporaron esta reforma regresiva al régimen de la Previsión Social.

Si bien eso no explica ni justifica nuestro apoyo a la iniciativa de reforma constitucional que busca neutralizar y modificar el rumbo regresivo impuesto por el oficialismo, es un dato a tener muy en cuenta.

Una de las diferencias existentes entre la iniciativa que se votó el 16 de abril de 1989 y la que actualmente empezará a recorrer sus primeros pasos con la verificación de las firmas entregadas, está en sus apoyos políticos. Eso es lo que estuvo y todo parece indicar que, salvo que se produzca una saludable rectificación de rumbo, continuará tanto en las elecciones internas, y a la hora de fundamentar el voto por la aprobación o no de la Reforma Constitucional en las próximas elecciones nacionales.

Dicho de otra manera, actualmente a diferencia de otras consultas populares, el llamado “campo popular” o “bloque de los cambios” en el que compartiendo ciertos objetivos generales comunes desde el Congreso del Pueblo de 1965 se articulan las fuerzas de la izquierda social y política, se encuentra fracturado, no solo a la hora de firmar o no la papeleta, sino en los acentos que se ponen para justificar sus determinaciones.

Cuánto tiene que ver eso, con el alejamiento y el divorcio que se ha autocriticado el Frente Amplio de las organizaciones sociales, seguramente deberá ser analizado en el futuro a partir de que se manifiesten sus consecuencias, con el diario del lunes.

Para los partidarios de la impunidad en 1989 y los impulsores de la Reforma actual del sistema de jubilaciones, lograr triunfar en sus objetivos es una pieza importante y fundamental de un proyecto de sociedad que creemos no tiene puntos de coincidencia con el de la izquierda. Por esa razón, cualquier cosa que pudiera contribuir, consciente o inconscientemente, a diluir o confundir esa diferencia sustancial, debería ser tenido en cuenta muy seriamente.

El ¿después qué?, ya fue muy usado en el pasado y aparece en esta oportunidad a dos bandas. A nivel jurídico a partir de las consecuencias legales que implicaría la eliminación de las AFAP, el asegurar prestaciones sociales más justas en caso de triunfar el plebiscito. Frente a eso, los partidarios de la reforma constitucional con mucho esfuerzo y pocos recursos dan la pelea en un mano a mano con la población, para explicar cómo puede ser que dos proyectos de país que se les ofrecerá en las próximas elecciones y eventualmente el candidato, puedan sostener argumentos casi similares para cuestionar la iniciativa de reforma constitucional que va en contra de un proyecto que se supone todos coinciden en su carácter negativo.

No pretendemos sacar todas las conclusiones políticas posibles sobre esa etapa de la vida del país, sino solo anotar algunos elementos que permitan buscar y encontrar enseñanzas entre ambas situaciones. Se trata de experiencias vividas por la sociedad uruguaya, no solo separadas por el tiempo, sino también por generaciones distintas y liderazgos políticos también distintos, que hacen necesario que nos remitamos a recordar, traer a la memoria.

 

[1][1] El referéndum era contra la ley 15.848 que estableció la caducidad de la pretensión punitiva del Estado sobre los crímenes de la dictadura; la que será restablecida recién en el 2011 mediante la ley 18.831.

[2] Dos días antes del referéndum, en una reunión en el edificio Libertad del presidente Sanguinetti, el vicepresidente Tarigo, Miguel Ángel Semino y Walter Nessi, secretario y pro secretario de presidencia y Jorge de Feo de Canal 10, Horacio Scheck de Canal 12, deciden y coordinan con Canal 4, impedir la trasmisión del aviso de Sara Méndez de la Comisión pro Referéndum.