Antonio Elías
El lunes pasado Luis Lacalle Pou declaraba que en su gobierno eran “cuidadosos de los recursos de la gente”, obviamente de los económicamente más poderosos, los que él denomina los “malla oro”, porque a los trabajadores públicos, tanto los que dependen directamente del presidente de la República -poder ejecutivo y organismos descentralizados del Art. 220 de la Constitución- como los de las empresas públicas han sido severamente castigados desde que asumió el gobierno.
Reduciendo personal y recortando derechos a los usuarios
Las primeras medidas fueron un fuerte ajuste de gastos para la Administración Central adoptadas por el gobierno el 11 de marzo de 2020 (Decreto 090/20). A través de esta disposición el Poder Ejecutivo fija un techo a la ejecución presupuestal para el Ejercicio 2020, de 85% de los créditos comprometidos del Ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones. También establece una fuerte reducción de personal: prohíbe proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y solo permite ocupar un tercio de las vacantes que se generen a partir del año 2020. Con la excepción del personal docente; profesional técnico y especializado de la salud y policías. La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal y un tope de 60% del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto.
Como consecuencia se redujo la cantidad de funcionarios públicos de la Administración Central de 78.377 en 2019 a 75.871 en 2022. La reducción no se dio en los ministerios de Defensa e Interior que sumados mantienen 60.665 funcionarios de los 60.939 que eran en 2019, se dio en los restantes incisos que perdieron el 12,8% de sus funcionarios, eran 17.438 y quedan solo 15.206.
Está reducción de personal se reflejó en la evolución de la masa de remuneraciones pagadas en la Administración Central: mientras que en Defensa e Interior aumentaron 2,2%, en los restantes incisos las remuneraciones disminuyeron 14,1%.
Los incisos más afectados por la reducción de personal fueron: Transporte y Obras Públicas, 18,5%, Presidencia, 18,5%; Salud Pública, 17.1%; Educación y Cultura, 15,9%; Economía y Finanzas, 15,8%; Trabajo y Seguridad Social, 14%. Como consecuencia de estas políticas de achique del Estado, miles de puestos de trabajo fundamentales para garantizar la cantidad y calidad de los servicios públicos quedaron vacantes, lo que claramente afecta los derechos de los usuarios, básicamente los de quienes tienen menos recursos.
Entre 2020 y 2022, la pérdida de puestos de trabajo fue de casi cinco mil vínculos laborales en el Estado, los cuales en su mayor parte se concentran en la Administración Central, como ya señalamos, y en las Empresas Públicas que, también, fueron muy afectadas por la reducción de personal, considerando solo algunas de ellas, la pérdida de puestos de trabajo en este periodo de gobierno es de 2.296 vínculos, un 10,8%.
Porcentualmente la más afectada fue AFE que perdió el 26% de su personal, seguida de OSE y ANTEL con un 13%, luego están ANCAP y el CORREO con 12%, por último, está UTE con un 6%.
La reducción de puestos de trabajo es acompañada de una pérdida de poder adquisitivo sostenida, como lo demuestra el informe sobre el índice de salario real que elabora el Instituto Nacional de Estadística. En efecto, el promedio anual de los trabajadores del sector público es el siguiente: 131,44 en 2019; 130,63 en 2020; 128,45 en 2021; 127,66 en 2022.
Como contrapartida y en el marco del modelo de la desigualdad, esas reducciones salariales se producen a pesar que el PBI tuvo un fuerte crecimiento en 2021 de 4,4% y en 2022 de 4, 9%, lo que demuestra que el gobierno reduce el déficit fiscal a costa de los trabajadores públicos.
Les descuentan el salario a los trabajadores enfermos
El Poder Ejecutivo impuso un nuevo sistema de licencias médicas a través de las Leyes de Presupuesto 2020-2024 (Nro. 19.924) y de Rendición de Cuentas del ejercicio 2021 (Nro. 20.075), que reglamentó con el decreto 760/023 (21/07/2023).
Con la instrumentación del nuevo régimen el gobierno persigue como principal objetivo el de reducir el déficit fiscal aplicando descuentos salariales a los funcionarios públicos en los momentos donde la situación económica de la familia es más compleja, cuando se transita una enfermedad y se generan gastos adicionales asociados a la misma que afectan la economía familiar. En efecto, se establece que, durante la enfermedad, habrá 9 días en el año (alternados o consecutivos) que no generan descuento y a partir del décimo día se percibirá el 75 %, lo que significa una rebaja salarial del 25 %.
Para el gobierno de Coalición, este descuento salarial a las personas enfermas generará recursos y permitirá reducir el déficit fiscal. Para fundamentarlo se acusa a los trabajadores estatales de abusadores y el presidente Lacalle Pou sostiene que “Cuando vemos que se va muchísimo dinero en licencias, nos parece que hay que emprolijar”, pero detrás del discurso de desprestigio al trabajador estatal se encubre el objetivo central de achicar, recortar y violentar los derechos de los trabajadores públicos.
En las leyes citadas el nuevo sistema se aplicará, con algunas excepciones, a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los servicios descentralizados. Aunque, en el decreto 760/2023, se faculta (Art. 3) y se exhorta (Art. 30) a los Entes Autónomos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y a los Gobiernos Departamentales a adoptar el sistema que se reglamenta.
En el informe “Licencias médicas 2022”, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, se observa que el promedio de días de licencia médica por funcionario certificado en los organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución es, respectivamente, 30,4 y 26,6. En la Administración Central es de 35.7, aunque se reducen a 27,5 si se excluye los ministerios de Defensa e Interior.
En el caso del ministerio del Interior, la situación sanitaria es mucho peor, por las características propias de la actividad que desarrollan, el promedio de certificación es 43.6 días, notoriamente superior al resto de los funcionarios. La tasa de suicidios fue el triple que la tasa de suicidios de la población en general. Mientras que en la población general la tasa es de 21 cada 100.000 en la Policía es de 63 cada 100.000.
El promedio de días de duración de las licencias médicas que presenta el gobierno para fundamentar este descuento salarial, son menores, salvo en el caso del ministerio del Interior, a los datos que surgen del informe de Amarante y Dean: “Estudios sobre el subsidio por enfermedad en Uruguay”, en el que analizan los subsidios en el sector privado para el período 2005-2015, en el cual la cantidad de días de duración promedio del subsidio por enfermedad es en 2015 de 40 días, que es la cifra menor en los diez años que estudian, en efecto, entre 2005 y 2010 superan los 50 días y desde 2011 a 2014 superan los 40 días.2
Las mujeres serán las que sufrirán más descuentos
En efecto, hay una clara discriminación de género, las mujeres se certifican en proporción más que los hombres y el promedio de días de certificación también es mayor.
En la Administración Central el porcentaje de funcionarios certificados sobre el total de vínculos por sexo es 56,0% en las mujeres y 34.9% en los hombres. La diferencia es mayor en las personas menores de 30 años: las mujeres certificadas son el 54,15% y los hombres solo el 26,41%, la mitad que las mujeres.
Al respecto la ONSC pretendía dar una explicación: “Los motivos de estas diferencias deberían analizarse con mayor profundidad, atendiendo a factores como las responsabilidades de cuidados”, lo cual es absolutamente cierto, pero continúa con un profundo desacierto la explicación: “así como otros internos a la Administración, como la motivación y visualización de las posibilidades de ascenso”. (ONSC, “Licencias médicas”, 2021, p.15).
Con esa explicación se acusa a las funcionarias de declararse enfermas, sin estarlo, porque están desmotivadas y sin posibilidades de ascenso, acaso los hombres no podrían estar tan desmotivados como las mujeres. Este análisis es una discriminación pura y dura contra las mujeres para justificar el castigo que se les aplica con el nuevo sistema de certificaciones médicas.
Se violan derechos adquiridos con medidas absolutamente desproporcionadas
Este nuevo régimen se enmarca en la lógica general del gobierno de ajustar a costa del salario de los trabajadores. En esa lógica se redujo el salario real de los trabajadores públicos durante este período de gobierno, se cesaron contratos y se recortaron puestos de trabajo, no se cubrieron las vacantes y se aplican políticas de recorte en todo el Estado, afectando la prestación de los servicios públicos. Con ese mismo enfoque el objetivo de este régimen es bajar el monto de las retribuciones totales aplicando un descuento a los que se enferman.
Previo a adoptar medidas sobre el régimen de licencias médicas vigente en el sector público se debe: convocar a la negociación colectiva, lo cual el gobierno incumplió en forma sistemática en este tema; hacer efectiva la intervención de las instancias especializadas previstas en el Decreto 291/007, tripartita sectorial y bipartita en cada Inciso y Organismo, creadas en el marco del Convenio 155 de la OIT, las cuales no participaron en un tema tan importante para los trabajadores públicos.
Debe darse cumplimiento al asesoramiento de los Servicios de Prevención y Salud previsto en el decreto 127/014, creadas en el marco del Convenio 161 de la OIT. El gobierno es responsable por el incumplimiento de las disposiciones que regulan los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo que no se hicieron efectivos en sus organismos, los mismos brillan por su ausencia.
Deben aplicarse medidas que mejoren los procesos de control, seguimiento, auditoría, cruzamiento de datos vinculados a las licencias médicas. Luego de definir estas medidas, realizar una evaluación sobre su efectividad. Concomitantemente aplazar la instrumentación de descuentos salariales asociados al uso de las licencias médicas hasta tanto no se realice la evaluación prevista en el punto anterior
Esta medida se toma sin discusión ni negociación, en un Estado democrático, un tema tan importante para cientos de miles de trabajadores públicos como lo es la supresión de un derecho adquirido hace muchísimo tiempo: percibir salario cuando no se asiste a laborar por causa sanitaria fundada, es por sí un tema demasiado crucial que debería ser debidamente discutido.
Si lo que el gobierno buscaba era frenar el uso fraudulento de las licencias médicas a funcionarios estatales, lo que podía y debía hacer era tomar medidas de control conducentes a poner coto a dicha irregularidad y no suprimir un beneficio tan importante. La medida tomada viola, además, el principio de proporcionalidad, porque el castigo es enormemente superior al daño que recibe el Estado.
La ley ha de reconocer a quien se encuentre en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado la justa remuneración. La rebaja del salario en el momento de mayor necesidad del funcionario desmantela la más elemental idea de salario justo, ya que el abatimiento del mismo en el 25 %, luego del noveno día de enfermedad, cuando la situación de salud torna al funcionario más dependiente del mismo, destruye la más elemental idea de salario justo, incluso de salario vital.
En conclusión
Los trabajadores estatales han sufrido desde que se inicia este gobierno una política de ajuste muy regresiva por: reducción de funcionarios, cese de contratos, cierre de oficinas en todo el país principalmente en el interior, desmantelamiento de servicios, supresión de políticas sociales, reducción de gastos de funcionamiento e inversiones y, por supuesto, una fuerte pérdida salarial. Las certificaciones médicas son una perla más que muestra una profundización del sistema de desigualdad y de concentración de la riqueza.
- Esta nota es una versión ampliada del artículo “Cuidadosos de los recursos de los malla oro”, publicado en el Semanario “Brecha”, el 2 de agosto de 2023.
- https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42506/1/S1701015_es.pdf, p. 30.