Hoenir Sarthou

Cuatro proyectos de reforma constitucional se anuncian como posible objeto de consulta popular plebiscitaria en las próximas elecciones de 2024.

El primero en el tiempo es el de la reforma Uruguay Soberano, del que ya he hablado en notas anteriores para Claridad. Es una iniciativa netamente ciudadana, promovida por el Movimiento Uruguay Soberano con el apoyo de algunas organizaciones sociales, sindicales y políticas. Pretende regular la contratación del Estado, eliminando los contratos secretos y estableciendo un doble control, parlamentario y popular (vía referéndum), para los contratos que pueden afectar la soberanía política, jurídica, económica o ambiental del Uruguay.

La segunda iniciativa de reforma es promovida por el partido Identidad Soberana, que lidera el Dr. Gustavo Salle, y apunta a impedir la sustitución del dinero físico por dinero electrónico, dado el sometimiento al sistema bancario y la pérdida de privacidad que ello implicaría.

La tercera iniciativa es promovida por el partido Cabildo Abierto. A partir del concepto de “deuda justa”, se propone limitar la usura y otorgar condiciones y facilidades para que puedan rehabilitar su acceso al crédito los cientos de miles de uruguayos que lo tienen bloqueado por medio del “Clearing de informes”.

La cuarta y última iniciativa, por el momento, es la anunciada por el PIT CNT para regular constitucionalmente el régimen previsional, recientemente modificado por la ley de reforma jubilatoria aprobada este año.

Un aspecto nada menor de este proyecto es que, a juzgar por los documentos que han circulado, elimina el régimen de las AFAP disponiendo que los aportes previsionales y el pago de jubilaciones deben ser administrados y pagados por organismos públicos. Además establece la edad de 60 años como la máxima exigible para acceder a la jubilación, sin perjuicio de que la persona pueda seguir trabajando si no desea jubilarse.

Dos reflexiones genera esta aparente proliferación de proyectos de reforma constitucional. La primera es que parece indicar alguna clase de bloqueo, por el que el sistema político, y el Parlamento en particular, no logran procesar ni dar respuesta a problemas relevantes que afectan o afectarán a amplios sectores de la población.

Basta observar la indiferencia del sistema político ante las miserables rentas vitalicias que paga el “régimen mixto” de seguridad social, o ante la pérdida del crédito que sufre una enorme cantidad de uruguayos, o ante la eventual virtualización de la moneda (hay una ley reciente que lo posibilita), convertida en meros registros informáticos en manos de instituciones financieras, o ante los contratos leoninos que firman día a día nuestros gobiernos con empresas transnacionales que van tomando el control de nuestros recursos naturales más valiosos y vitales, como el agua, tanto superficial como subterránea, hoy entregada gratuitamente para producir celulosa e hidrógeno verde, o la tierra, destinada a plantar eucaliptus, o infraestructuras estratégicas, como el puerto de Montevideo y la vía del Ferrocarril Central, asignadas al servicio o administración de empresas privadas extranjeras.

Hay una segunda reflexión, no menos obligada, que puede explicar varias cosas, incluida la actitud indiferente del sistema político. Los problemas que motivan y dan origen a los cuatro proyectos de reforma tienen un factor común: se relacionan con áreas de interés del capital financiero.

Los contratos secretos, prohijados y financiados por los organismos internacionales de crédito, las AFAP, metidas en el sistema previsional, el endeudamiento usurario de la población con bancos, empresas financieras y tarjetas de crédito, y la pretensión de sustituir al dinero por moneda virtual, tienen en común que son fuente de fabulosas ganancias para el sistema financiero. Son los bancos, los fondos de inversión y los organismos internacionales de crédito quienes se benefician con esa sangría constante a que someten, y quieren someter más, al país y a su población. Por consiguiente, esa aparente proliferación de proyectos de reforma constitucional es menos dispersa y contrapuesta de lo que se podría creer.

En el fondo, los cuatro proyectos anunciados tienen un común denominador: tienden a reducir los privilegios y ganancias que el capital financiero obtiene a costa de la soberanía jurídica y territorial del Uruguay y de la libertad económica de sus habitantes.

En otras palabras, no hay contradicción entre esos proyectos de reforma. Diría que hay incluso complementariedad. Porque muy otro sería el Uruguay sin contratos leoninos, sin las AFAP, sin usura y sin control monetario por los bancos.

Desde el punto de vista jurídico constitucional, por otro lado, no hay ningún impedimento para votar varios proyectos de reforma constitucional que no se contradicen entre sí y que regulan áreas distintas de la vida social y económica.    

Dicen que “de diciembre a enero, la ganancia es del banquero”. Veremos qué pasa en octubre.