Tamara Samudio, Helena Suárez Val y Dahyana Suárez Lucián

Compartimos con Claridad -con la debida autorización de las autoras- el primer capítulo de la investigación “El feminicidio en Uruguay. Datos que nos ayudan a dimensionar el problema”, presentada el pasado 6 de julio en el espacio Las pioneras.*

Tal como los definen las autoras, “Feminicidio Uruguay es un trabajo de activismo feminista, que tiene como objetivo denunciar y visibilizar el fenómeno de feminicidio en Uruguay a través de monitorear, sistematizar, mapear y publicar datos reutilizables fundamentados con fuentes”.

El trabajo analiza 615 asesinatos, la mayor parte de los cuales ha sido cometido por las parejas de las víctimas. Esta realidad lleva a Helena Suárez a decir -en nota a TV Ciudad el día de la presentación- que “el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres”.

A esto se suman los problemas que surgen de la escasa existencia de registros y de su baja calidad, siendo los datos vitales para legislar, corregir y guiar los esfuerzos públicos.

La gravedad del tema se resume en el golpe que nos produce el título del primer capítulo: “Uruguay, país feminicida”. Lejos de ser un golpe bajo, nos ubica en la realidad, por lo que consideramos importante la transcripción completa del capítulo de marras. Con la ilusión de que despierte en nosotros y nosotras una conciencia adormecida sobre la situación:

 “En Uruguay, cerca de 8 de cada 10 mujeres de 15 años o más (76,7%) han  experimentado algún tipo de violencia por razones de género a lo largo de su vida, y casi 5 de cada 10 mujeres (47%) han atravesado situaciones de violencia por razones de género por parte de una pareja o ex pareja. Estos datos surgen de la Segunda Encuesta sobre violencia basada en género y generaciones realizada en 2019 (CNCLVD 2020), y dan cuenta de la grave situación de violencia en la que se encuentran las mujeres en territorio uruguayo. Sin embargo, ésta es una situación de la que no tenemos conocimiento acabado. La falta de un sistema integrado de información pública, que de forma periódica e integral releve, sistematice y difunda datos e información sobre las violencias basadas en género hacia las mujeres en Uruguay, es una preocupación señalada por el sistema internacional de derechos humanos en varias oportunidades, que recomienda desarrollar “un sistema nacional para recopilar información exhaustiva sobre todas las formas de violencia contra la mujer” (CEDAW/C/URY/CO/8-9 /párrafo 20.d).

Las encuestas, los estudios e investigaciones académicas, así como registros de diversas instituciones estatales nos aproximan a dimensionar la alarmante situación.

Los registros administrativos que sí existen dan cuenta cada año de un elevado número de denuncias por delitos vinculados a la violencia doméstica y la violencia sexual. Para el año 2022 según datos del Ministerio del Interior hubo un total de 38.251 denuncias de violencia doméstica, un aumento de 3,8% con relación al año anterior¹. Esta cifra implica que durante el 2022 fuerrealizadas más de cuatro denuncias por violencia doméstica por hora. Sin embargo, al ponderar estas cifras debemos considerar que las situaciones que llegan a ser denunciadas representan solo una parte de la realidad que viven las mujeres diariamente en Uruguay.

Los registros relativos a las denuncias por violencia sexual dejan al descubierto una situación de riesgo con la que las mujeres conviven a lo largo de su vida. Datos de Fiscalía General de la Nación para el año 2022 identifican 3.373 mujeres víctimas en denuncias por distintos delitos vinculados a la violencia sexual, 2.299 de ellas por abuso sexual y 197 por el delito de violación. Esto implica que según las denuncias realizadas, en el año 2022 se registra un promedio de nueve mujeres víctimas de delitos sexuales por día.

Los nuevos marcos normativos e institucionales creados en los últimos años que identifican y definen respuestas integrales frente a las situaciones de violencia basada en género, como la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género (Ley n°19.580), no se han traducido en acciones que efectivicen una disminución de los distintos tipos de violencia que viven las mujeres en los más diversos ámbitos (familiar, social, laboral, entre otros). La escasez de recursos humanos y materiales en el territorio, particularmente en zonas fuera del Área Metropolitana, se traduce en respuestas insuficientes de protección, de reparación, y de acceso a la justicia para las mujeres.

Los servicios de atención a situaciones de violencia de género han aumentado en los últimos años, pero continúan siendo insuficientes, al encontrarse desbordados en sus capacidades, con horarios limitados² y barreras específicas para la atención³. En situaciones de alto riesgo de vida las mujeres, infancias y adolescencias cuentan a nivel nacional con una única Casa de Breve Estadía, mientras que para situaciones de riesgo medio existen dos centros de estadía transitoria especializados (uno en Montevideo y otro al norte del país). Todas estas limitaciones resultan en seguimientos esporádicos a las situaciones que se atienden (cada uno o dos meses), lo que afecta la calidad de la respuesta en aspectos tan fundamentales como la evaluación del riesgo de vida, el acompañamiento cercano a las mujeres víctimas y el apoyo necesario para definir una ruta de salida.

A la insuficiencia de servicios para mujeres víctimas se suma la ausencia de respuestas específicas y extendidas hacia varones que ejercen violencia, ya que sólo algunos departamentos del país cuentan con servicios orientados a la atención de varones que deciden dejar de ejercer violencia.

El sistema de justicia carece también de los recursos necesarios para brindar una respuesta rápida y efectiva frente a situaciones de violencia denunciadas. La falta de fiscalías penales especializadas en violencia de género en todo el territorio nacional y el desborde de las existentes en la capital dificultan el trabajo de investigación sobre las denuncias recibidas.

Al respecto, los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual previstos por la Ley n°19.580 no han sido implementados en su totalidad; sólo existen en la capital nacional y un juzgado especializado en San Carlos, en deficientes condiciones⁴. Además, los juzgados que reciben situaciones de violencia de género no funcionan de forma multimateria, tal como establece la mencionada ley, para que frente a una denuncia se tramite la situación de forma integral y a través de un único juez.

Existe por parte del Estado uruguayo una omisión en la atención y la protección efectiva a las víctimas, lo que vulnera su derecho a la libertad, la justicia y la vida.

La falta de una respuesta adecuada a las denuncias de mujeres víctimas de violencia no sólo deja impune el hecho, sino que sobre todo expone a las mujeres a nuevas situaciones de violencia, donde los daños son irreparables, y puede correr peligro su vida y la de su familia.

Los feminicidios dejan al descubierto fallas legales, institucionales y sociales a la hora de combatir la violencia basada en género. Representan el acto de violencia más extremo, pero también, generalmente, el desenlace final de un continuo de violencia de género que sufren previamente estas mujeres, que no encuentran en el Estado o su comunidad una respuesta de protección a su situación de riesgo de vida.

Para el actual documento y desde el marco conceptual del trabajo de Feminicidio Uruguay, el feminicidio refiere al asesinato de adolescentes, mujeres y mujeres trans por razones de género, que considera la responsabilidad de un sistema social y de género patriarcal, y donde existe una negligencia por parte del Estado en su deber de tomar medidas y acciones de prevención y acción para el combate a la violencia hacia las mujeres. Esto no implica que sea únicamente un problema del Estado: todas las personas ponemos nuestra cuota cuando definimos cómo nos paramos frente al sistema patriarcal y el sexismo cotidiano.

Es importante por ello que podamos ver estas cifras, que son vidas de mujeres arrebatadas por la violencia machista, desde la responsabilidad que nos compete a toda la comunidad de combatir todas las violencias de género, entendiendo que la acción u omisión frente a estas violencias puede tener consecuencias extremas en la vida de las mujeres.”

 

* Tamara Samudio, Helena Suárez Val y Dahyana Suárez Lucián. El feminicidio en Uruguay: datos que nos ayudan a dimensionar el problema. Experiencia de monitoreo y análisis de datos sobre feminicidios de los últimos 20 años. Montevideo, Uruguay, junio de 2023.

¹ En el año 2021 se registraron 36.834 denuncias. Datos extraídos de la página web del Ministerio del Interior. En: https://minterior.gub.uy/index.php/unicom/noticias/10642-cifras-de-delitos-del-ano-2022-bajaron-respecto-al-2019

² En promedio, los servicios de atención se encuentran abiertos 20 horas semanales.

³ Los servicios están orientados principalmente a situaciones de violencia por parte de parejas o ex-parejas, quedando fuera de la respuesta otras situaciones específicas como por ejemplo víctimas de violencia de género por parte de otros integrantes de la familia, víctimas de violencia sexual callejera, o víctimas de prostitución forzada.

⁴ La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) señaló que el juzgado no ofrece garantías básicas, al no contar con espacios adecuados para la permanencia o privacidad de las víctimas con sus abogados, y tener una sobrecarga de trabajo. Ver en:

https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2023/3/defensores-publicos-denunciaron-la-grave-situacion-de-los-juzgados-de-genero-de-san-carlos-y-altisima-sobrecarga-laboral/