Gustavo Ricci

Hay situaciones en la vida de los pueblos que únicamente quedan en el imaginario colectivo casi como si fuese una película de ciencia ficción. En Uruguay, la escasez de agua potable para consumo humano era una de esas situaciones, hasta que la realidad pegó una cachetada y despertó del letargo a toda la sociedad.

En toda problemática siempre hay responsabilidades para adjudicar. El déficit hídrico no escapa a esa lógica. Intentaremos dar nuestro punto de vista para que paradójicamente nadie se “lave las manos”.

El cambio climático es una realidad que llegó para quedarse aunque algunos sigan diciendo que es pura fantasía. Una de las claras consecuencias de esto, es que nuestro país hace tres años y medio que padece un déficit hídrico importante. Justo el mismo período de tiempo en que la Coalición Multicolor gobierna en Uruguay. La pregunta viene sola: ¿Se encaró en clave nacional y con debida seriedad este tema? Con solo mirar lo que está sucediendo por estos días no puede haber otra respuesta que un contundente NO.

¿El sistema político se preparó con visión a largo plazo para afrontar posibles dificultades ante la eventualidad de sufrir escasez de agua dulce en el Uruguay? Otra vez la respuesta tiene un contundente NO.

Contextualicemos.

1) El acceso al agua potable es un derecho humano esencial para la vida. Así lo resolvió el pueblo uruguayo al incorporar el artículo 47 a nuestra Constitución, mediante el mecanismo del plebiscito. También se estableció que la participación ciudadana es obligatoria en todo proyecto que involucre a ese recurso natural.

2) El crecimiento exponencial en las últimas décadas, del modelo forestal y agro exportador en Uruguay, puso en riesgo la cantidad y la calidad del agua superficial y subterránea que existe en nuestro país. Para graficar esto, solo dos ejemplos:

-La producción anual del arroz en un año consume cuatro veces más que el consumo de agua potable de toda la población de Uruguay.

-La producción de soja, consume 17 veces más que el consumo humano anual del Uruguay.

3) La Ley de Riego aprobada por casi todo el sistema político en el período pasado impulsó con fines productivos, la construcción de embalses en nuestros ríos lo que a nuestro entender profundiza el descontrol de las acciones que los privados implementan sobre las aguas superficiales. A modo de ejemplo y de acuerdo a estudios realizados, se ha constatado que en la cuenca del río Santa Lucía existen al menos 426 embalses de agua.

4) En este período de gobierno se ha recortado de forma importante las inversiones en OSE. Se ha establecido una reducción del 15% anual comparadas con las inversiones del período anterior. También se ha profundizado en una drástica reducción de personal, que sumado al recorte anterior disminuye notoriamente las funciones y obligaciones que OSE tiene y que se establecen en su carta orgánica.

Las y los trabajadores nucleados en el sindicato de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), siempre hemos puesto el tema del agua en el centro de nuestro accionar. Hemos sido impulsores de la reforma constitucional del año 2004 e intentamos derogar la Ley de Riego. Hemos denunciado permanentemente cómo, desde el sistema político, se ha mirado siempre para el costado en materia de control del uso del agua por parte de particulares, así como también se intenta desmantelar a OSE.

Analizando la crisis del agua en una perspectiva histórica, es claro que todo el sistema político tiene responsabilidad. Más allá de esto, no se puede negar en absoluto que el actual Gobierno, no estuvo a la altura de las necesidades y para colmo no se hace cargo de la situación.

El Gobierno improvisó, especuló con que en algún momento lloviera y con esta inacción pone en riesgo la salud de la población.

Como es su costumbre, ninguna de las medidas que anuncia es en beneficio directo de las y los más necesitados. Declara el déficit hídrico para el sector agropecuario y no declara la emergencia sanitaria para el 60% de la población que está sufriendo la crisis del agua. Da facilidades crediticias para sus aliados del campo y no rebaja las tarifas de OSE para la población más necesitada. Más de lo mismo.

Una vez más, el movimiento sindical, las organizaciones sociales y la población en general, deberán defender sus derechos. Defender el agua como recurso natural es uno de ellos. El acceso al agua potable, es defender la vida. La movilización popular será clave para torcer la mano de un Gobierno que gobierna para pocos. El sistema político en general debe tomar nota que con la salud de la población no se puede improvisar.

La sequía es una anécdota que ojalá pronto pase. 

La improvisación, la inacción, el descuido de nuestros recursos naturales, ojalá que también.