Carlos Peláez

El año comenzó agitado para el gobierno. Cayó otro ministro colorado, van cinco y una subsecretaria; Cabildo Abierto se niega a votar la reforma previsional;  nuevos audios de Astesiano generan dudas sobre la calidad de nuestra democracia y el Ministerio del Interior destruido por Larrañaga es un caos bajo Heber. Para peor un intendente blanco acomoda a toda su familia. Parece algo menor pero así gobiernan en el interior.

El miércoles 31 de enero estalló lo que hasta entonces parecía ser lo más grave del affaire Astesiano.

Ese día La Diaria informó que “Astesiano utilizó el sistema de cámaras del Ministerio del Interior para rastrear los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en las horas previas a su accidente en Punta Carretas. El exjefe de seguridad compartió con Jorge Berriel, Director de Investigaciones en el Ministerio del Interior, el material gráfico con el recorrido del auto de  Abdala antes del choque y le envió un audio al secretario privado de Lacalle Pou, Nicolás Martínez diciendo que “hay que matarlo a este hijo de puta”.

La información difundida por La Diaria agrega: “Apenas una hora después del accidente, que se produjo a las 16.33 en Bulevar Artigas casi García Cortinas, Astesiano le envió un primer mensaje por WhatsApp a Martínez.

Se trataba del parte policial en el que se reportaba que el auto de alquiler que manejaba Abdala había chocado a otros dos vehículos que estaban estacionados y que al lugar ya habían concurrido medios de prensa y el comisario Gabriel Silvera, segundo jefe de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo. Todavía no se había realizado la espirometría.

“Qué dice, Fibra. ¿Eso fue ahora? ¿Chocó éste? ¿Mamado?”, preguntó Martínez. “Sí, ahora, estoy que le hagan espirometría ya”, contestó Astesiano. El secretario de Lacalle Pou le informa que a esa altura los portales informativos todavía no habían publicado la noticia.

“Estoy con todo eso ahora. Y ya estoy pidiendo resultado de espirometría”, le informó Astesiano, por mensaje de audio. Tres minutos después ya había logrado su objetivo: “Nico, 1,53 (gramos de alcohol en sangre) le está dando la espirometría. Ahora dispuso el Jefe de Policía que vaya el coordinador hasta ahí y el jefe de Zona. 1,53 la espirometría”.

Astesiano le mandó después algunas fotos del operativo policial, de la libreta de conducir de Abdala y del resultado que arrojó el espirómetro. También dos stickers: el músculo de fuerza con el texto “Vamo arriba” y una cara del Chavo del Ocho.

“Está en el horno”, escribió Martínez. Astesiano le contestó con un audio: “Ahora Nico llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Que se pongan las pilas ahí, hay que matarlo a este hijo de puta”. El secretario de Lacalle Pou no hizo ningún comentario sobre la sugerencia y el diálogo entre ambos retoma recién al otro día.

Astesiano le mandó después algunas fotos del operativo policial, de la libreta de conducir de Abdala y del resultado que arrojó el espirómetro. También dos stickers: el músculo de fuerza con el texto “Vamo arriba” y una cara del Chavo del Ocho”, informó La Diaria.

Además Astesiano usó las cámaras del Ministerio del Interior, a las que tenía acceso, para hacer un seguimiento del coche de Abdala desde las 6 de la mañana del día del accidente.

El hecho es muy grave por varias razones. Es la primera vez que en un audio, que está en Fiscalía, aparece un hombre estrechamente vinculado al presidente, nada menos que su secretario privado. Que además no solo se presta sino que tampoco advierte al jefe de seguridad que lo que estaba en haciendo era ilegal.

Tanto Abdala como Martínez declararon como testigos en Fiscalía

Astesiano emplea la estructura del Estado y se vincula a altos funcionarios policiales para tareas que nada tenían que ver con la suya.

Ninguno de los altos oficiales, que además están investigados en la causa, rechaza las solicitudes aun sabiendo que las pesquisas secretas están prohibidas.

Y lo más grave es que se emplea toda esa estructura para investigar a un dirigente social opositor sobre el que no había ninguna requisitoria judicial y que solo había protagonizado un accidente de tránsito sin lesionados y no había huido de la escena, como pudieron verlo en todos los canales de televisión.

Por si surgiera alguna duda, el senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo el martes 7 en el informativo Sarandí  que “la oposición se agarra del caso Astesiano y lo llevan a límites insospechados. Porque el caso de Marcelo Abdala  les terminará resultando un boomerang. Cuando se empiece a revolver qué hizo Abdala esa mañana del accidente capaz que dista mucho de lo que declaró públicamente. Él dijo que ese día había dormido muy poco y capaz que eso no fue lo que pasó”.

Después sostuvo que se refería a “rumores”. Sin embargo sus expresiones coinciden con los horarios en que Astesiano, manipulando las cámaras de video vigilancia del Ministerio del Interior, espió a Abdala antes del accidente.

Sin querer Da Silva demuestra que el trabajo de Astesiano también servía a todos para intentar desacreditar a luchadores sociales y de la oposición.

Lo mismo que hizo con docentes y alumnos de Secundaria.

También espiaron a docentes y estudiantes del liceo 41

No había transcurrido una semana cuando La Diaria publicó nuevos audios de Astesiano.” Un policía cercano al ex jefe de seguridad presidencial compartió los contactos de docentes y alumnos del Liceo 41 y le pidió “intervenir sus teléfonos”, decía la información.

Quería probar la participación de “docentes comunistas” en un supuesto “escrache” que impulsaban estudiantes de tercer año; Astesiano  se comprometió a hacerlo de manera “urgente”.

Entonces surgen las inevitables preguntas: ¿cuál era la verdadera tarea de Astesiano? ¿Era solo seguridad presidencial o era una especie de comisario político persiguiendo opositores y haciendo negocios con la tolerancia de su jefe?

Porque ante estos audios indesmentibles cobran otra veracidad el pedido de un ejecutivo de Vertical  Skies para investigar la vida de los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, así como también la entrega de “papeles” sobre la vida del ex Director Nacional de Policía, Mario Layera o la investigación sobre un viaje de la ex primera dama.

Es muy obvio que Astesiano no avanzó con “sus negocios” y sus sucias tareas porque cayó antes. Hasta entonces tuvo mucha impunidad.

La empresa Vertical Skies, que salvo Astesiano nadie más conocía, hizo negocios con UTE y el Ministerio de Defensa. Pretendía vender aviones de guerra y barcos a la Armada. Pero no lo lograron porque fueran descubiertos sino porque cayó su contacto más importante.

Los  jerarcas policiales investigados por fiscalía, por realizar tareas ilegales para el ex jefe de la seguridad presidencial, regresaron a sus puestos porque “una investigación administrativa estableció que no habían cometido ninguna falta”, según dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Pero el pasado martes 7 fue el presidente Lacalle Pou quien ordenó el cese del director y del subdirector Nacional de Policía, Diego Fernández y Jorge Berriel respectivamente.

Este último es uno de los tres altos oficiales de la policía investigados por la fiscal Gabriela Fosatti. El subdirector Héctor Ferreira renunció a fines del año pasado; Jorge Berriel que lo sustituyó  acaba de ser relevado y Claudio Correa, director de Investigaciones, el que detuvo a Astesiano y manipuló su celular, renunció. Pero Heber insistía con que “sus investigaciones internas no mostraban ninguna irregularidad”.

¿Cuánto más demorará el presidente en sustituir al ministro del Interior? Su incapacidad abruma.   

No se puede tapar el sol con el dedo

Todo el Partido Nacional, incluidos ministros y legisladores, se ha abroquelado para defender al presidente y su gestión.

La táctica es quitarle relevancia a los audios difundidos y acusar a medios y oposición de encabezar maniobras políticas contra el gobierno.

Nadie quiere asumir ni la responsabilidad política, ni los costos, por haber nombrado a un delincuente para encargarse de la seguridad de Lacalle Pou.

Nada nuevo. Durante y después de finalizar su gobierno (1990-1995) el padre del actual presidente fue denunciado por varios actos de corrupción: Banco BPA, venta del Comercial a los Rohm, marcado de autos para el BSE y hasta presunto enriquecimiento ilícito. Las denuncias más graves provenían de dirigentes de su propio partido, por ejemplo, Jorge Machiñena y Juan Andrés Ramírez. También de dirigentes muy vinculados a Julio María Sanguinetti.

La respuesta de Luis Lacalle Herrera fue que “era víctima de una embestida baguala”.

Hoy su hijo también se coloca como “víctima” y se niega a aceptar que fue el único responsable de nombrar a  Alejandro Astesiano, aun sabiendo quién era.

Artigas un modelo de nepotismo

Pero Astesiano no es el único problema de los blancos. El domingo 29 el diario El País informó que el secretario general de la Intendencia de Artigas y primo del intendente Pablo Caram, le había pagado a su pareja, también jerarca, el equivalente a 155 horas extras trabajadas en diciembre.

Algo así como que la señora hubiera realizado tareas durante 15 horas diarias, incluidos sábados, domingos, Navidad y Fin de Año.

La filial local de ADEOM denunció que “hay otros 50 casos similares” y las bancadas de ediles colorada y frentista anunciaron la presentación de una denuncia penal.

El intendente Caram dijo que “era un disparate” y que “iba a destituir a la muchacha”, refiriéndose a su pariente política. En realidad a quien debe destituir es a su primo que ordenó el pago.

Finalmente no la destituyó y peor, terminó defendiendo su gestión.

Puede ser que los ciudadanos del resto del país consideren esto como parte del folklore político artiguense. Hasta que se enteren que todos están aportando para que el nepotismo funcione en ese departamento.

Cada año el Congreso Nacional de Intendentes “pelea” con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) los recursos que recibirán del gobierno central.

A la luz de las Rendiciones de Cuentas que cada intendencia presenta a las respectivas Juntas Departamentales a mediados de cada año, se entiende la desesperación por esos recursos. Porque particularmente para Pablo Caram representan la diferencia entre pagar o no los sueldos o reconvertirse totalmente.

De acuerdo a información de la Oficina del Servicio Civil, la Intendencia de Artigas tiene, proporcionalmente, cuatro veces más funcionarios que la de Montevideo, aunque sus habitantes son apenas el 5% de los que tiene la capital del país.

Artigas recibe del gobierno nacional más del 100% de lo que recauda  (989 millones de pesos contra 670 millones) y tiene un déficit de 10 millones de pesos. Cuenta con 1.571 funcionarios municipales, 213 cada 10.000 habitantes, incluidos los de la Junta Departamental.

En el primer año del segundo gobierno de Caram ingresaron 173 funcionarios por designación directa y uno por concurso. 

El intendente de Artigas fue reelecto en el 2020  como el más votado en la historia de ese departamento con el 71.2%. En sus dos gobiernos no tuvo ningún conflicto ético para integrar su gabinete con parientes.

Su pareja Karolina Gómez se desempeñó como Directora de Cultura y ahora ocupa un cargo en la comisión del Río Cuareim. En tanto Rodolfo Caram, primo y ex diputado, fue nombrado primero Director de Desarrollo y ahora Secretario General. Y ya que estaba, su pareja ingresó como funcionaria de la intendencia y obtuvo un meteórico ascenso.

La hermana de esta señora, por supuesto también funcionaria municipal y cuñada del secretario general, logró que “le cedieran” un predio de 1.000 metros en un lugar privilegiado para construirse una casa porque “ya no podía pagar alquiler”.

Augusto Rodríguez, primo del cuñado del intendente, fue Secretario General. Valentina Dos Santos Caram, sobrina, hoy diputada y también suplente del intendente, también fue nombrada Directora General. Su pareja, Omar Bicera, era encargado de Proyectos.

Por su parte la escribana Elita Volpi, pareja del primo de la sobrina del intendente, asumió como intendenta suplente.

Gustavo Dos Santos,  primo del cuñado del intendente, asumió como Director de Tránsito y Manuel Caram, primo del intendente, fue nombrado asesor en Desarrollo.

A su vez, varios funcionarios municipales contratados con cargos de jerarquía, estaban vinculados a empresas que ganaban licitaciones.

La JUTEP elaboró un informe lapidario sobre la gestión de Caram. Pero el Parlamento anterior jamás trató el tema.

El Partido Nacional tiene 22 ediles en 31, por lo que no necesita para nada a la oposición.

De todo este desatino ningún dirigente del Partido Nacional se ha ocupado.

Caram aporta muchos votos.

El verso de “cuidar los dineros públicos” solo se usa para criticar a la oposición.