Por Carlos Peláez

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha demostrado ser un necio. Y lo peor, es que su necedad nos arrastra a todos hacia una guerra con los narcos que inexorablemente terminará en  la tragedia que  viven varios países americanos.

Desde su ridícula frase “volvieron las carteras al barrio”, pasando por confundir el lanzamiento de cohetería con tiros, hasta renunciar a llevar a la Republicana a Rivera porque “podría ser asaltada por narcotraficantes brasileños”, todo nos estampa en la cara que estamos en manos de un incompetente.

Los hechos muestran el crecimiento de los niveles de violencia, acompañada por actos de maldad hasta ahora desconocidos. Víctimas descuartizadas, quemadas vivas, amputadas, baleadas.

El primer fin de semana de agosto dejó dos víctimas inocentes atrapadas en medio de una balacera entre delincuentes. Los balazos frente y contra centros de estudio son frecuentes y en algunos lugares ni padres ni docentes saben ya a quién pedir auxilio.

Nombran una fiscal especializada en drogas para Rivera y enseguida se sabe que estaba amenazada de muerte y requiere protección. Y la debe proteger la misma policía superada por los delincuentes brasileños.

El caso del traficante Sebastián Marset evidencia la inoperancia absoluta. El ministerio del Interior “colaboraba” con la DEA en una investigación sobre quién se sindica como el líder del Primer Cártel Uruguayo, cuando la Cancillería le otorgó un pasaporte que le sirvió para que las autoridades de Dubai, donde estaba detenido por tener un pasaporte paraguayo falso, le otorgara la libertad.

Marset es sindicado como quien ordenó asesinar en Colombia al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de este año.

Pero, como una dependencia del Ministerio del Interior no se enteró que ese ministerio lo investigaba, le otorgó el certificado de buena conducta que le permitió, a su vez, obtener el pasaporte. No se sabe si alguien se dio cuenta que el tipo estaba preso cuando gestionó el documento.

El 8 de junio pasado durante una sesión secreta en el Parlamento, Heber identificó con fotos y datos a los principales referentes de las “45 bandas que controlan el mercado de las drogas en el área metropolitana”.  

Pero no son los únicos, “hay gente más arriba”, dijo el Inspector Alfredo Rodríguez, Director General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

En esa sesión se mostraron las principales rutas de ingreso y egreso de drogas, así como los países proveedores.

Aunque dos meses después sólo  uno de esos “jefes” ha sido detenido.

La cárcel proveedora de soldados narcos

La LUC le otorgó nuevas potestades a la policía y endureció algunas normas penales. Parece que los parlamentarios creen que los delincuentes andan con el Código Penal bajo el brazo para revisar qué delitos les conviene o no cometer.

Así llegamos a un Estado punitivo cuya única acción defensiva es encarcelar gente. Este pequeño país tiene la tasa de “prisionización” más alta de las tres Américas. Y aún así el problema se agrava.

Hoy rondamos los 16.000 presos, la mayoría en condiciones infrahumanas, sin ninguna capacidad de recuperación. Es tan brutal que para muchos la única alternativa es el suicidio.

La absoluta mayoría de los detenidos son jóvenes y pobres, sin educación, sin ninguna posibilidad de reinsertarse cuando obtienen la libertad.

Lo único que está haciendo el Estado es crear los “soldados” que pasarán a formar parte del mundo narco, porque no se les da ninguna otra oportunidad.

Esto es lo que ocurre en toda América, pero nadie quiere verlo.  

Por otro lado una buena parte de la sociedad cree que con “meter presos” a todos, alcanza. Y terminan viendo a la justicia como un acto de venganza.

Y otra vez aparece Heber calificando como “un éxito” la cantidad de delincuentes que ha logrado detener y procesar  la policía.

Una sociedad armada

De acuerdo a los datos oficiales en Uruguay una de cada tres personas tiene un arma y la mitad son ilegales. Hay circulando, sin contar a quienes tienen la potestad que les da el Estado, 1.300.000 armas, 650.000 ilegales.

El número de quienes saben usarlas, de quienes la mantienen y resguardan es muy bajo. Basta ver la cantidad que van a clubes de tiro o polígonos.

Según información difundida esta semana por el sitio Insight  Crime  “una seguidilla de casos de tráfico de armas, pequeños pero seguidos uno tras otro en Uruguay, muestra cómo el país se ha convertido en foco de tránsito para el envío ilegal de armas desde Argentina hacia Brasil.

El caso más reciente, denominado Operación Popular, dejó diez personas condenadas por tráfico de armamento y municiones a comienzos de agosto, según el Ministerio uruguayo del Interior.

En una investigación realizada en noviembre de 2021, las autoridades uruguayas descubrieron una red que contrabandeaba armas al país por medio de los departamentos de Soriano y Río Negro desde Argentina. Una vez dentro de Uruguay, otros tres miembros del grupo vendían parte de las armas en el país. A finales de julio, el ejército hizo un avance, y decomisó miles de rondas de munición, silenciadores, miras telescópicas y un rifle de asalto”.

El fiscal de Flagrancia, Carlos Negro advertía en El Espectador, que “lo nuevo es encontrar pistolas Glock 9mm con cargador extendido, lo que las convierte en metralletas”

Pero basta mencionar que sería necesario establecer normas más duras para el control de las armas, para que aparezcan poderosos empresarios a expresarse en contra. Casualmente son los que las venden.

El contrabando de armas revela también la existencia de nichos de corrupción en las fuerzas de seguridad. La Prefectura detiene muy seguido a quienes ingresan ropa o cigarrillos de contrabando a través del río Uruguay. Pero las armas siguen pasando.

Hace unos 25 años el entonces director de la Brigada Antidrogas, Inspector Roberto Rivero, había logrado establecer un mecanismo de inteligencia para combatir a los narcos que integraba también Aduanas y Prefectura y que tenía buenos vínculos con la DEA. Pero el descubrimiento de actos de corrupción en Prefectura Naval, alejó a la agencia antidroga norteamericana, que no confía en esa dependencia de la Marina ni en Aduanas.

Pero el gobierno ni siquiera menciona la posibilidad que exista corrupción entre quienes deben combatir el tráfico de drogas.

Peor aún porque la presión y las pésimas condiciones de trabajo han provocado el suicidio de jóvenes policías y el reclamo de atención sicológica para centenares afectados por enfermedades mentales. 

 

La estigmatización de los pobres

 

La política del gobierno ha llevado su “guerra” contra las drogas a los barrios más pobres de Montevideo y del resto del país.

No hay drogas en Carrasco ni en Punta del Este.

Aunque en ambos lugares se consuman kilos de cocaína, vivan todos los que les han dado estructura legal a los que lavan la plata que genera la droga y,  tal vez también, los que financian a algunos de los “45 clanes”, como los identificó Heber.

La “guerra” contra las drogas se da únicamente en Casavalle, el 40 Semanas o Peñarol.

El ministerio no sigue la ruta del dinero.   

El gobierno logró una ley de derribo, pero no han bajado ni a una paloma.

El ejército controla las fronteras. Pero ¿controla? El ministerio reconoce que las fronteras son un colador.   

Otra muestra de hipocresía y necedad.