PACTUM

Escribe: Walter Caimí

DEMANDAN AL ESTADO URUGUAYO POR DERECHOS HUMANOS ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió  el día 12 de Febrero de 2019 una “petición” demandando a la República Oriental del Uruguay. Dicha petición está registrada con el número P-346-19.

Por esta razón, se libró un Comunicado de Prensa fechado en Montevideo el día 13 de Febrero de 2019. Su texto:

El día 12 de febrero, los peticionarios, Juan Francisco Errandonea Dobal, Jair Lima Krischke, Louis Joinet, Juan Eduardo Fagúndez Scapusio, Francesca Lessa, Pablo Simón Chargoñia Pérez, Federico Álvarez Petraglia, Mirtha Alcira Guianze Rodríguez, María Bernabela Herrera Sanguinetti, y el Observatorio Luz Ibarburu hemos presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra de la República Oriental del Uruguay

Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial.

El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse “con debida diligencia hasta sancionar a los responsables.” Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó como “las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad.”

Nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido. Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Denunciamos la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al Señor Presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalización de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país. 

Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (o CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tiene su sede en Washington D. C., Estados Unidos. El otro organismo del sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH).

Sobre el tema, dialogue con Francesca Lessa, autora del libro ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura.

“No hemos visto ninguna investigación seria como lo sucedido a los antropólogos, hay falta de interés. En el momento que se dio la amenaza por este caso ningún representante del gobierno dijo que este fuese un hecho inaceptable. Tampoco no se nos brindó protección alguna o medida en particular. Hay una falta de interés total por aclarar y saber quiénes son los responsables de este hecho.

Cuando hablamos de los delitos de la dictadura, por parte del Estado Uruguayo, nunca existió una clara voluntad de investigar salvo excepciones. Lo que queda por hacer es mucho más de lo actuado hasta el presente”.

¿Hay un hilo conductor desde el año 1985 a la fecha?

FL: Sí. Existe un hilo conductor desde que se retornó a la democracia, y en ese sentido, el espionaje denunciado en el Parlamento por dos diputados en pleno ejercicio de la democracia con amenazas, etcétera, es todo parte de un mismo patrón, parecería ser. Se oculta la verdad. Miremos el seguimiento a la ex fiscal Mirtha Guianze en el denominado archivo Castiglioni. Es sin duda un patrón común de lo que denominó Roger Rodríguez (periodista) la cultura de la impunidad, que no es solo no investigar los delitos del pasado, sino crear un clima de impunidad y amedrentamiento para los operadores de justicia, hacia los antropólogos, los periodistas, en fin.

¿Qué expectativas tienes respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al presentar este petitorio?

FL: La esperanza está basada en que la Comisión es un órgano prestigioso de Derechos Humanos y sabemos que Uruguay quiere proyectar una imagen internacional de respeto, que la presión internacional permita avanzar un poco más. Las pocas pruebas o avances se han dado porque nosotros trabajamos mucho y no el Estado Uruguayo. La esperanza se basa en que la Comisión Interamericana se pronunció en el año 2017 que esta amenaza debía ser investigada. Esperamos que la presión internacional ayude. El año pasado intentamos con una carta abierta dirigida al presidente de la república para sensibilizar, pero no hubo éxito.

El 5 de Febrero de 2019 la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dio a conocer un comunicado a la opinión pública acerca de las declaraciones del Gral. Alfredo Erramún tras asumir el 1° de febrero como Jefe del Estado Mayor de la Defensa refiriendo a la dictadura.

En síntesis, se exige que los tres Poderes del Estado generen garantías necesarias para que nunca más haya dictadura en nuestro país; amén de que hace 30 años que los distintos jerarcas militares hacen la vista gorda respecto al pasado. Está claro que la Fuerzas Armadas tienen información (siempre la tuvieron) y la misma se pasa en generación en generación a resguardo de los intereses militares.