Escribe: Daniel Olesker economista, docente e investigador (UDELAR), participa del Instituto Cuesta Duarte, dirigente del Partido Socialista

¿Cuál es el desafío?

En el reportaje publicado en el número anterior de Claridad, planteábamos diversos desafíos que se abrían ante el gobierno de izquierda. Dos de ellos, que considerábamos relevantes (más allá de la profundización de la matriz de protección social que calificamos de protosocialista), eran: a) una reforma tributaria de segunda generación y b) un cambio en la matriz productiva, desprimarizando la economía nacional.

En esta nota abordaremos el primero de esos desafíos, con el compromiso de ocuparnos  de la siguiente en la próxima edición.

Respondiendo a  una de las preguntas de dicho reportaje, decíamos: “Es necesaria una reforma tributaria de segunda generación, por dos razones”:

1) Porque en 2007 se realizó una reforma tributaria que redujo de manera relevante la desigualdad de ingresos en el país y significó un gran avance de justicia social, pero que,al mismo tiempo, no afecto la distribución de la riqueza.

2) Porque el Frente Amplio ha avanzado muy poco en este tercer gobierno en los compromisos sociales que comprometió en la campaña electoral. Sea para educación e investigación (6 + 1% del PBI) sea para  igualar el gasto per cápita entre ASSE y el mutualismo entre otros.

Es decir que, por razones de justicia social y de recursos para avanzar en políticas sociales, se requiere una reforma tributaria de segunda generación.

La estructura de Impuestos en el Uruguay

El cuadro siguiente nos muestra la estructura de impuestos en el Uruguay.

El cuadro nos muestra por un lado que los impuestos han crecido desde 2004 y, particularmente, desde la implementación de la reforma tributaria.

Dicha reforma se planteó el objetivo central de reducir el peso de los impuestos indirectos, como el IVA, dado su carácter regresivo ya que todos pagan igual cualquiera sea el ingreso de la persona.

Estos pasaron de 67 a 56% del total recaudado es decir que se avanzó en el objetivo, pero aún siguen siendo muy importantes y son la principal fuente de ingresos del Estado.

Un segundo objetivo fue actuar sobre la distribución, tanto del ingreso como de la riqueza.

Respecto a la distribución del ingreso, como lo muestran estudios del BID y del CINVE, ha sido importante para su mejora que el eje de dicho objetivo fue la sustitución del IRP (impuesto a los sueldos) por el IRPF categoría II.

Dicha mejora se dio ya que el IRPF respecto al IRP incluyó todas las rentas y no solo a los asalariados. Importa el monto de la renta y no su origen.

Mejoró el mínimo no imponible. A precios de hoy pagaría IRP sueldos de más de 10 mil pesos, el mínimo de IRPF es del orden de los 30 mil pesos.

Incluyó deducciones por hijos, mejorando así la distribución al contemplar a las familias con hijos.

Cambió la tasa fija de 6% por una tasa progresiva.

Sin embargo, no incluyó cambios sustanciales en los impuestos sobre el stock de la riqueza, es decir sobre patrimonio y herencias.

El cuadro muestra que las rentas del capital mantienen su participación, es decir no la aumentaron y el stock de riqueza redujo su participación.

Si ahora cambiamos el enfoque y nos concentramos en la participación, dentro de los impuestos directos de aquellos que gravan al trabajo y aquellos que gravan al capital, vemos la información en el cuadro siguiente:

Es decir, en los impuestos directos las rentas al capital son la mitad, recordando que los impuestos directos son poco más del 40% del total recaudado.

Las Propuestas Alternativas

Frente a esta situación, como dijimos más arriba, la propuesta debe concentrar su esfuerzo en actuar sobre las rentas que gravan al capital. El capital es gravado de tres maneras en Uruguay: el stock de capital a través del impuesto al patrimonio y, cuando se vende, el impuesto a las trasmisiones patrimoniales (no existe impuesto a las herencias); en sus ganancias como empresa. a través del Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE); en sus ganancias como capitalista personal, a través del IRPF categoría I.

La baja recaudación de estos impuestos, en particular patrimonio e IRPF categoría I, obedece a diversas razones. Expondremos dichas razones acompañadas de propuestas alternativas.

En el caso del impuesto al patrimonio sus tasas son muy bajas (1,5 en el patrimonio de las empresas y 0,6% en las personas) y a su vez en el caso de las personas físicas está previsto reducir la tasa de aportación 0,1% por año, hasta llegar a 0,1% como tasa en 2020.

Por otra parte, se paga sobre aforos que están, en general, subevaluados por su desactualización.

Al mismo tiempo, en el caso del patrimonio a la tierra, el mínimo no imponible a partir del que se paga, es muy alto: un millón y medio de dólares,

Finalmente, el impuesto tiene muy amplias exoneraciones cuyo valor equivale a más del 100% de lo que recauda el impuesto.

Es claro que se hace necesario corregir estas inequidades y detener la rebaja de la tasa de personas físicas y con ello podríamos tener un Impuesto al Patrimonio más justo y sin tantos agujeros que lo terminan desvirtuando

Al mismo tiempo, estas propuestas de modificación en estos 4 rubros deberían ir acompañado de la reinstalación del impuesto a las herencias.

En el caso del IRPF categoría I (rentas del capital) no tiene lógica que sus tasas sean fijas y no progresionales como son en el caso de las rentas del trabajo.

Tampoco tiene sentido que, siendo la tasa fija del 12%, haya rentas que paguen menos, como los dividendos que pagan 7% o los depósitos que pagan 5%. Por ende, proponemos darle progresionalidad al impuesto y unificar todas las tasas.

En el caso del IRAE proponemos volver a la situación previa a la reforma tributaria con una tasa del 30%; pero proponemos que ese 5% adicional no vaya a la bolsa de los recursos generales, sino que se cree un Fondo para estimular vía subsidios el valor agregado en la producción nacional y en las exportaciones.

Las exoneraciones fiscales

Un último punto que queremos incluir en este análisis se refiere a la renuncia fiscal que se origina a partir de las exoneraciones tributarias. Partimos de que la intervención del estado definiendo prioridades en la inversión es importante. También que el estímulo fiscal es un instrumento adecuado para ello. El cuadro siguiente nos muestra las exoneraciones fiscales al capital que son poco más de la mitad del total de las exoneraciones. La otra mitad son las tasas preferenciales (tasa 0 y tasa 10% del IVA) del impuesto al consumo.

Es necesario analizar estas exoneraciones que derivan por un lado de leyes específicas como la de zonas francas o promoción de inversiones y otras de decisiones gubernamentales también específicas.

En particular, creemos que en la ley de inversiones hay que incluir un enfoque de sectores priorizados, en especial aquellos que agregan valor, y  dirigir hacia ellos el grueso de estas renuncias fiscales.