Escribe Jorge Ramada

En la campaña electoral hacia las departamentales en Montevideo, todos los candidatos ponen en lugar relevante el tema de los residuos urbanos. En algún caso poniendo el acento en la limpieza de la ciudad (¿de toda la ciudad o de la que ven los turistas?), en la mayoría insistiendo en la necesidad de reciclar.

De la necesidad de reciclar hace mucho que se habla. Hace cerca de 20 años, trabajos orientados desde la Universidad de la República marcaban un alerta sobre los problemas que traería el entierro indiscriminado, a la vez que denunciaban la situación de los miles de clasificadores informales que, en lamentables condiciones de trabajo, ganaban su sustento rescatando materiales de “la basura”. Ellos, los verdaderos generadores de valor a partir de los residuos (trabajadores ambientales, en los hechos), son marginados social y económicamente, menospreciados por buena parte de la sociedad y explotados en última instancia en beneficio de grandes generadores de residuos no retornables y unos pocos intermediarios en el negocio.

Poco ha cambiado desde entonces. Las iniciativas de “formalización” de clasificadores (que no necesariamente significan dignificación del trabajo) han abarcado a lo sumo a 300 en todo el país, dentro de un universo cercano –al menos– a los 10.000.

¿Por qué entonces, tras varios llamados a la responsabilidad ciudadana para clasificar sus residuos, tras varias campañas publicitarias –algunas muy ingeniosas– para promover el reciclaje, se sigue enterrando más del 95% de los residuos sólidos domiciliarios o similares? 

Hay quienes dicen que es la alternativa más económica, aunque eso es muy discutible (desde el punto de vista de los costos en dinero) si se consideran todos los costos adicionales que generan los residuos que no llegan al enterramiento. Si consideramos además el daño ambiental que se produce, no hay forma de mantener este argumento. 

Podría pensarse que es por comodidad, por la inercia de una rutina establecida desde hace tiempo. Algo de eso hay sin duda, pero no debería ser un argumento sólido para no cambiar. 

Lo real es que hay fuertes intereses económicos para mantener el sistema. Desde las empresas proveedoras del equipamiento para las intendencias (en especial los grandes contenedores y los camiones necesarios para manejarlos) hasta los grandes generadores de envases o productos descartables, pasando por los intermediarios que rescatan lo que juntan los clasificadores (al precio que se les antoja) y lo exportan o lo revenden a algunas industrias en el país.

Un caso claro es el de las grandes embotelladoras, especialmente Montevideo Refrescos (hoy en manos de una filial mexicana de Coca-Cola) o compañía Salus (hoy propiedad de las multinacionales Danone y Ambev). Sistemáticamente se han negado a aceptar la retornabilidad total de los envases, apoyados por los supermercadistas (los más grandes de ellos también en manos de transnacionales), para los cuales sería una complicación instrumentar la recepción de todos los envases que venden. Sin embargo, las campañas publicitarias se orientan a promover “la responsabilidad del ciudadano” sobre los residuos, ocultando con ello a los verdaderos responsables del problema.

El ciudadano es el que paga por un envase que va a tener que tirar (entre $ 15 y $ 20 en el caso de los refrescos de 1 a 2 litros); la mayoría de esos envases termina enterrado o perdido en cursos de agua y red de saneamiento y un pequeño porcentaje (menos del 10%) es rescatado por clasificadores que los terminarán vendiendo a intermediarios, asociados a los mismos generadores, al precio que éstos determinen. En su gran mayoría se exportarán sin más procesamiento que el prensado y enfardado. 

La base del problema –  El problema de los residuos no nace en los hábitos ciudadanos de generar muchos desperdicios y no clasificarlos antes de desprenderse de ellos. En realidad el problema nace en la lógica de la producción capitalista que lleva a promover un aumento sostenido del consumo; esto conduce a la creación permanente de nuevas necesidades (reales o inventadas), a la rápida sustitución de bienes de confort y al incremento de la propaganda para fomentar el mayor consumo de bienes. Las conductas de los individuos respecto al consumo, que deberían estar determinadas por la satisfacción de necesidades básicas y la mejora de calidad de vida, pasan a estar modeladas por las necesidades del capital de mantener un ritmo creciente de producción.

Es inevitable entonces la generación creciente de residuos: artículos de confort que deben tener corta duración para ser reemplazados por modelos supuestamente “nuevos” (la obsolescencia programada, que ya era promovida y defendida por la prensa estadounidense en los años '50 del siglo pasado), envases y embalajes meramente accesorios con el fin de una mejor presentación del producto; costosos materiales de promoción y propaganda que se van renovando constantemente, etc, etc.

 

¿Qué pasa en Uruguay? – Para dar una idea de la magnitud del problema en Uruguay y mirando exclusivamente el tema de los envases de líquidos, digamos que se consumen más de 500 millones de litros anuales entre agua embotellada, refrescos y vinos, la inmensa mayoría en envases no retornables (especialmente plásticos, pero también vidrio y tetrapak); es decir del orden de 250 millones anuales, cerca de 1 millón de envases no retornables por día. A eso hay que agregar los 800 millones de litros de leche que se consumen por año, casi exclusivamente envasados en bolsas plásticas (no contamos el aceite comestible que, aunque también genera problemas con sus envases, representa menos del 5% de todo lo anterior). Solo en Montevideo se convierten en residuos más de 80.000 toneladas de plásticos por año, de los cuales más del 90% termina en el vertedero municipal. 

En el tema de residuos, no ha habido una política ambiental seria  los 15 años de gobierno frenteamplista. Recién en el último período se avanzó en la elaboración de una Ley de Gestión Integral que a los tropezones se pudo aprobar un mes antes de las elecciones y habrá de esperar al 2021 para que se reglamente y pueda empezar a operar. Al igual que en otros temas, como el etiquetado de alimentos o la prohibición de algunos agrotóxicos, la presión de los grandes capitales (especialmente transnacionales) ha sido más fuerte que la voluntad de realizar cambios en defensa de la salud o de la inclusión social de los habitantes del país. 

En Montevideo, mientras tanto, ya son 30 los años de una administración de izquierda, con constantes idas y venidas en la política general, o planes piloto que apenas si despegan (cuando no se estrellan, como la famosa bolsita naranja). Dirigentes políticos que han dicho disparates del tipo que “la clasificación es para países con problemas de espacio, acá sobra lugar para enterrar” o que el sistema de contenedores implantado hace cerca de 20 años iba a ser “para que el vecino no se preocupe de cuándo y cómo saca la basura” (luego de lo cual se hacen costosas campañas publicitarias para instarlo a clasificar). Políticas de gestión elaboradas por técnicos entre 4 paredes o a partir de las ideas de consultorías extranjeras muy bien pagas, con un marcado acento en la tecnología (¿será de empresas vinculadas a los consultores?), como si ésta fuera “neutra”. 

Pero no hay neutralidad en la sociedad de clases. Acá hay una cadena productiva, bastante primarizada, que maneja buena cantidad de dinero (U$S 180 millones al año en una estimación conservadora), que va en su mayor parte a los bolsillos de los intermediarios (grandes depósitos), asociados a los grandes generadores y para los cuales es funcional la informalidad y la miseria de los clasificadores. 

Mientras tanto, se proclama como gran logro el haber terminado con los carritos a caballo, en realidad sacados de las zonas céntricas –donde encontraban residuos bastante “ricos” en papel, cartón o plástico (además de la comida que le daban algunos comercios)– para desplazarlos a la periferia, lejos de la vista de los turistas y de algunos pretenciosos miembros de las capas medias. La iniciativa de algunas organizaciones animalistas consiguió que algunos pudieran cambiar su caballo por un motocarro (poco más de 20 a esta altura). La consigna era “basta de TAS (tracción a sangre)”; claro que la TAS que le importaba a estos piadosos “defensores de la vida” era la de los caballos. No ofrecían el cambio a quienes tiraban carros de a pie, suponemos que no porque estos clasificadores no tuvieran sangre, sino porque no tenían caballos para ofrecerles a cambio. Caballos a los que se les daría un buen pasar, pastando en plácidos campos en vez de romperse el lomo tirando de un carro, de modo que pudieran llegar felices y gordos al final de sus días, para beneplácito de los frigoríficos.

 

¿Qué se puede hacer?  – En Uruguay habría posibilidades de absorber una constante reutilización o recuperación de bienes en la medida en que se produjera un aumento sostenido de la población, pero esa no es la tendencia actual. Se generan industrias de reciclado que recuperan productos desechados o reutilizan materiales, pero eso tiene un límite, porque donde sean muchos, limitan la posibilidad de nuevas ventas. En definitiva, con la lógica del capital y el mercado no es sostenible un proceso de amplia recuperación y reciclado; para ello se necesita planificar la economía en función de satisfacer las reales necesidades de la gente en forma racional y con el mínimo desperdicio. Y la planificación es enemiga del mercado.

La alternativa es diseñar un programa de reciclaje en función de los diferentes tipos de residuos, de modo que lo que se destine a enterramiento sea un mínimo. Para ello hay que tener en cuenta todo el proceso, desde que se fabrica o importa algo destinado al consumo, pasando por el residuo que deja luego de consumido y evaluando la generación de nuevos productos a partir de ese residuo. Hay que empezar por exigir que el fabricante o importador asuma la responsabilidad por el residuo que se puede generar a partir del producto que introduce (una forma de que lo asumiera sería gravar con una “ecotasa” a todo producto en función de los residuos que puede generar y la dificultad para reciclarlos; eso contribuiría a minimizar seguramente los envases o envoltorios superfluos, a la vez que generaría un importante fondo para impulsar investigación y concreción de soluciones de reuso y reciclaje; pero la conducción económica –del pasado gobierno– no quiso considerarlo). Hay que diseñar un sistema de separación y recolección a todo nivel que limite lo más posible la mezcla de residuos que se estropean mutuamente. Hay que tratar de rescatar lo más posible de una fracción orgánica húmeda que puede dedicarse al compostaje y al consumo animal. Para la fracción seca hay que buscar el reuso y reciclaje del papel y cartón, de los diferentes plásticos, de la ropa, de los muebles y artículos domésticos, de los metales; y sobre todo del vidrio, que puede reciclarse indefinidamente, generando ahorros energéticos a la industria correspondiente. Todo  eso requiere un estudio previo cualitativo y cuantitativo de los componentes de la fracción seca para darles un uso adecuado, con lo que además estaríamos promoviendo investigación y generando fuentes de trabajo.

Pero por sobre todas las cosas, desde una perspectiva transformadora, lo primordial es dignificar el trabajo de los actores que están en la base de la generación de valor en esta cadena, que son los clasificadores. La lucha no es solo por generar innovaciones tecnológicas y gestiones racionales que disminuyan los impactos negativos sobre el ambiente, sino ante todo un aspecto más de la lucha de clases, en este caso, de los oprimidos en esta cadena, contra sus explotadores, los apropiadores del valor que generan .

Cada tanto aparecen nuevos términos que al parecer responden a estrategias o campañas para defender el ambiente: “economía circular” o “empleos verdes”, por ejemplo; propuestas que aparecen muy “amigables” con el ambiente y que sin duda contienen aspectos positivos en los que apoyarse; pero que a la larga terminan siendo máscaras que encubren la negativa de los grandes generadores de residuos a hacerse cargo en serio de la contaminación que generan. Es llamativo que detrás de muchas de ellas aparezcan los logos de multinacionales que vienen desde hace años envenenando el planeta con sus productos.

Como dijimos, estos grupos poderosos dominan también el ciclo de rescate y revalorización de los residuos, en la forma y proporción que más les conviene. El ciclo comienza y termina en ellos. Pero más que “economía circular”, se trata en realidad de un “negocio redondo”.