Por Daniel Olesker

Dijimos en la campana electoral que la disyuntiva era entre dos modelos: el distributivo e incluyente y el concentrador y excluyente. Queda claro en tan solo 6 meses de gobierno.

Para ello debemos ver en conjunto las medidas tomadas en estos 6 meses: La Ley de Urgente Consideración; las políticas sociales y económicas frente a la pandemia; la política salarial para el sector privado; la política de gasto público y la política salarial para el sector público.

LA LEY DE URGENTE CONSIDERACION (LUC)

La LUC por un lado representa una reforma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que modifica gran parte de las reformas realizadas entre 2005 y 2019 y define un modelo de desarrollo diferente. 

Primero propone un progresivo desmantelamiento del rol activo del Estado que se construyó en estos 15 años. Es decir, pasar de un Estado cuya intervención es estratégica definiendo el rumbo de la asignación de recursos en materia económica y social a un Estado de intervención subsidiaria cuyo objetivo es el de fijar reglas de juego que permitan el funcionamiento del libre mercado y garanticen la rentabilidad del capital concentrado. La educación es uno de los tantos ejemplos de ello, donde hay claramente un enfoque de sistema de educación mixto coexistiendo, incluso en las conducciones, lo público y lo privado. Pero también las empresas públicas, la política de colonización o la inclusión financiera.

En segundo lugar, la LUC se inserta en un modelo concentrador en el terreno de los propios servicios públicos y de la distribución del ingreso a partir de estrictas reglas fiscales y reducción de lo público que en sí mismo es un contribuyente a la concentración. La regla fiscal claramente se inscribe en el proyecto concentrador. Regla que además de innecesaria -ya que actualmente existe una regla fiscal referida al tope de endeudamiento, la Ley n.º 17947- es restrictiva porque impone límites al gasto público, y con el peso decisivo que tiene el gasto público social y los salarios, lo que pasará es que se reducirán esos rubros como ya está sucediendo.

 

En tercer lugar, al mismo tiempo que propone desmantelar el Estados social y económico, tiene entre sus rasgos distintivos la expansión del Estado en su rol punitivo y represivo. Un resumen de ello se sintetiza en 3 puntos: la ampliación del instituto de la legítima defensa que propone una especia de “gatillo fácil”; el aumento de las posibilidades de la policía del registro de personas vestimenta, equipaje, etc.; una postura de inflación penalista de toda la ley, por ejemplo, en la resistencia al arresto o en el aumento de penas en el caso del código de la niñez y la adolescencia aumentando de 5 a 10 años el máximo de penas.

Pero lo más grave es la criminalización de la protesta a partir del mix que forma el artículo de que el desacato es más grave cuando se hace en grupos de más de 3 personas, la posibilidad de disolver manifestaciones, la reglamentación del derecho de huelga y el declarar ilegítimos los piquetes.

LA PROTECCIÒN DE CARA A LA PANDEMIA

En cuanto a la política económica y social frente a los impactos de la pandemia podemos afirmar que el gobierno ha tomado la decisión de que cada uno se arregle como pueda. Ha dado una respuesta avara e insuficiente, basada en pequeñas transferencias a los hogares más vulnerables, tímidas exoneraciones parciales a pequeñas empresas y como contrapartida dejar crecer los precios de los alimentos, dejar crecer al dólar y aumentar las tarifas. 

Por otro lado se flexibilizó el desempleo, pero no compensó la caída del ingreso.

La información del MEF es clara: a julio del presente año se gastaron 332 millones de dólares. Solo 70 millones para reforzar partidas MIDES de tarjeta, canastas y asignaciones familiares.

El cuadro siguiente nos muestra el gasto realizado a julio.

 

LOS SALARIOS PRIVADOS

La principal política del rumbo distributivo es la política salarial. La mayoría de los hogares tienen como ingreso principal un salario o una jubilación y estas se ajustan en función de los salarios.

El gobierno ha decidido que los salarios reales del sector privado caigan. Propone no ajustar los salarios en julio (sólo el correctivo del convenio de 2018), ajustarlos en enero o abril 3% (con un 1% más a los salarios bajos) y luego un correctivo en junio 2021 descontando la caída del PBI. 

Dicen que al final del año puente se dará un “correctivo” y lo ponemos entre comillas porque es un correctivo inventado. ¿Cómo funcionaría el correctivo en condiciones normales? Si al finalizar el año de julio/2020 a junio/2021 la inflación fuera 10% y el aumento otorgado fue de 3%, el correctivo debe ser 7%. Sin embargo, se inventa un nuevo correctivo que reduce del aumento la caída del PBI.  O sea, si el PBI cae 4% el aumento será 3% (10 – 3 – 4). 

Bajo ciertos supuestos estimamos una caída del salario real en 2020 y en 2021 de un orden de 4 a 5%. 

Es la primera vez en la historia desde la reinstalación de Consejos de Salarios que estos arrancan sin aumento

He aquí una visión política de que los trabajadores deben acompañar la caída del producto, es decir una socialización de las pérdidas. ¿Y nos preguntamos: se socializarán luego las ganancias? Los lineamientos no lo garantizan. Dicen que si la economía se recupera se verá en 2022.

EL GASTO PÚBLICO

El 11 de marzo se firmó el decreto 90/20 de reducción de gasto, al que se sumaron después duros instructivos de las empresas públicas que repiten el decreto.

Es clara la visión sobre las “prioridades” en el gasto. El decreto reduce 15% el gasto de funcionamiento (que si le sumamos que en la mayor parte de los casos no se ajustó por inflación es 25% de caída) igual para todos. Da lo mismo reducir en Defensa, en el MEF o en la Presidencia, que MIDES o Vivienda o ASSE. Por ejemplo, si se redujera un 30% en Defensa, MEF y Relaciones Exteriores, se podría evitar la reducción del MIDES.

Der modo que tenemos un doble efecto: por un lado un efecto recesivo al reducir la demanda interna (de compras públicas, de empleo, de inversión) y por otro un efecto de acceso a los servicios sociales.

Y ésta es sin duda la antesala del debate presupuestal en donde ya se anunciaron la continuación de las rebajas, ya que el presupuesto no tomaría como línea de base el gasto de 2019 sino los gastos de 2020 con las rebajas definidas por dicho decreto.

Si tomamos el presupuesto 2019 y le aplicamos a rajatabla la rebaja del 15%, solo en la administración central se reducen 160 millones de dólares y sumando los organismo del 200 (ANEP, ASSE UDELAR, INAU e INISA) son otros 160 millones de dólares.

De una primera lectura del presupuesto surge claro que la línea de acción continua en ese sentido.

Claramente es un presupuesto que para el año 2021 (único año al que se asignan partidas y luego repite en 2002, 2023 y 2024) prácticamente congela el presupuesto respecto al valor ejecutado en 2019. En particular los componentes del área social (ANEP. UDELAR, ASSE, Vivienda e INAU) tienen en 2021 un presupuesto menor al ejecutado en 2019 ajustado por inflación. Y más aún si quitamos los 7.200 millones pesos de las asignaciones familiares que ya se pagan y pasan contablemente del BPS al MIDES y se los quiere hacer ver como un relevante aumento presupuestal del MIDES. 

En especial en Vivienda es el recorte más relevante, del orden del 10% de lo ejecutado en el quinquenio anterior.

En el caso de ASSE si bien no hay reducción de créditos presupuestales, los incrementos tienen destinos específicos (salud mental, adicciones y consulta domiciliaria) y para la atención general no hay incrementos. Y hay que tener en cuenta que se trata de un presupuesto casi congelado en un contexto de aumento de usuarios por la pérdida de cobertura de FONASA a quienes quedan desocupados sin seguro de paro. Ya hoy son 72 mil personas y se estima puedan ser más de 100 mil. Tomando el presupuesto de ASSE que al finalizar 2019 llegó a 2.600 pesos por mes y por persona, en 2021 bajaría a 2.400, o sea 8% menos. Un recorte relevante. 

La ley de presupuesto además de fijar valores casi congelados respecto a 2019, habilita al Poder Ejecutivo en su artículo 7 a establecer límites de ejecución en los créditos presupuestales aprobados por el Parlamento, cuando exista riesgo de no cumplimiento de la regla fiscal.

Al mismo tiempo el artículo 6 faculta a realizar ajustes en los gastos de funcionamiento en función también del cumplimiento de la meta fiscal y como máximo pueden ser el valor de la inflación, pero pueden ajustarse por debajo

Desde el artículo 8 al 36 en el capítulo de funcionarios se abren importantes niveles de reducción de funcionarios (que se suma a la norma de sustituir una vacante cada tres del decreto 90/20) habilitando la excedencia de funcionarios, y reestructuras que fusionen y transformen la organización del Estado. En particular, en funcionarios,vale la pena resaltar el artículo 30 que incorpora el sistema de seguro de enfermedad del sector privado no pagando los tres primeros días de enfermedad y luego el 70% del sueldo. 

LOS SALARIOS PUBLICOS

Dentro del ajuste en el gasto público otro factor relevante será la reducción de los salarios públicos.

En el presupuesto de 2010 se incluyó un artículo 4 que garantizaba año a año el 100% de la inflación a los trabajadores públicos. Se componía de dos valores. Un ajuste por el rango meta de la inflación y la diferencia entre ese ajuste en el año anterior y la inflación realmente acaecida.

Si se aplicara ese concepto en 2021 y tomando como base una estimación de 10% de Inflación, el aumento deberías ser 5 por el rango meta 2021 y 5 más como correctivo entre la inflación real y el rango meta de 2020.

Sin embargo, el gobierno decidió que sólo dará el correctivo, es decir el aumento de salarios en enero de 2021 será de 5%. Y como adicional 0 (cero). O sea: en enero de 2021 se iguala a enero de 2020 y toda la inflación que se genere en el 2021 será pérdida para los trabajadores. Mes a mes irán perdiendo poder de compra hasta completar un año entero de pérdida.

Como vimos más arriba lo mismo que se hizo en el sector privado que en julio de 2020 se dio el correctivo y un aumento 0 por encima de este. 

Luego habrá aumentos en enero de 2022, 2023 y 2024. En esos ajustes se dará la inflación prevista en el presupuesto nacional para cada uno de esos años. Si luego dicha proyección está por debajo de la real, al final de cada año se da la diferencia.

Y en esos tres años se recuperará una parte de lo perdido en estos años y ahora voy a explicarlo.

Con el ajuste de enero de 2021 se deja el salario real en el nivel de 2020, por ende, en enero de 2022 la pérdida será toda la inflación de 2021, por ejemplo 8%. Sin embargo, se inventa un correctivo y se dice que se corregirá esa inflación menos el ajuste de enero de 2021 que como ya dije solo corrigió la perdida del 2020. Entonces lo que se devolverá será, con nuestros números, 9 menos 5 o sea 4% y el resto será pérdida definitiva.

Dependiendo de la inflación real, su relación con la proyectada, etc. los números finales  podrán cambiar, pero de lo que no hay duda es que el salario real de los trabajadores públicos va a caer en ese quinquenio.

Veamos algo más del ajuste de los trabajadores públicos.

El monto del ahorro

Según la rendición de cuentas en 2019 el rubro 0 fue de 180 mil millones de pesos aproximadamente, es decir un orden de 5 mil millones de dólares. Un aumento del 10% significaría 18 mil millones de pesos, con un tipo de cambio más alto aproximadamente 420 millones de dólares. Si el aumento es la mitad, meses a mes hay un ahorro que al final del año será por lo menos de 210 millones de dólares. Nada despreciable para aquellos 900 millones que iban a ahorrar sin tocar salarios. 

Otros ahorros de salarios.

Hay que recordar además que habrá más ahorros en el rubro 0 porque las vacantes sólo se proveerán 1 de cada 3 (con excepciones de salud, educación, policía y parte de la defensa).

Por las dudas me cubro

La propuesta dice que, si en algún año la inflación prevista es mayor que la real, entonces ese diferencial se reduce del ajuste anterior, no sea cosa que por errarle al cálculo suba el salario real.

Y al mismo tiempo dice que si no se cumplen las metas fiscales, el gobierno puede convocar para rediscutir esta propuesta. O sea, una salvaguarda para ello, obvio no para los trabajadores.

IMPACTOS DE ESTAS MEDIDAS

Si tomamos en conjunto las rebajas salariales de públicos y privados el primer impacto es que bajarán las jubilaciones que se ajustan al año siguiente por el aumento de los salarios. Por ende en 2021 y 2022 habrá rebaja del valor real de las jubilaciones. Según el boletín estadístico del BPS en 2019 las erogaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia fueron del orden de 5 mil millones de dólares. Si en 2021 y 2022 aumentan un orden de 3% por debajo de la inflación cada año, el ahorro en 2023 luego de los dos ajustes, por esta circunstancia puede ser del orden de 300 millones de dólares.

Un segundo impacto es que con menores niveles salariales y menores niveles de jubilación, los hogares en el país tendrán menor dinero y gastarán menos. Y eso afectará el mercado interno que es como el 70% de las ventas y es casi el 100% en las empresas pequeñas y medianas. O sea que será un factor recesivo para estas empresas, contribuirá a sus problemas, permitirá la concentración económica en grandes empresas y afectará el empleo que básicamente en Uruguay se realiza por parte de estas empresas que operan en el mercado interno.

Es decir que los impactos sobre el empleo son muy relevantes tanto en personas desempleadas, con y sin seguro de desempleo, como desempleados ocultos por retiro del mercado de trabajo. Se estima en 16% la tasa de desempleo si los retirados se hubieran mantenido buscando trabajo.

Por otra parte, los seguros con causal suspensión o parciales vencen entre agosto y octubre y de no volver a renovarse y sin estímulos públicos relevantes para su reincorporación, es posible pensar en un aumento del desempleo visible u oculto.

En síntesis, una política económica en contra de los trabajadores, en contra de los segmentos de la pequeña producción y en beneficio del capital concentrado.

LAS EXPLICACIONES

El gobierno ha optado por no poner en marcha un círculo virtuoso en la economía apoyando con ingresos de emergencia a los sector informales, con expansión de salarios y mayor cobertura del desempleo. Y decimos virtuoso pues esto genera mas actividad económica y por ende mayores ingresos para las pequeñas y medianas empresas y menor impacto sobre el empleo.

En cambio ha optado por el círculo vicioso de la contracción económica y social.

No hay duda que hay un efecto contractivo que viene desde fuera de la economía nacional. Sin embargo, como lo demostré, las políticas públicas en lugar de amortiguar esos efectos, los potencian y agravan su impacto sobre la desigualdad.

En este 2020 y parte de 2021 el costo mayor lo pagarán los trabajadores y si hubiera en 2021 recuperación económica será para pocos.

¿Esto es por el déficit fiscal?

No, en ninguna parte del mundo se han puesto restricciones fiscales para expandir el gasto. Por otra parte la cuestión fiscal incluye análisis de las condiciones de endeudamiento y Uruguay tiene fortalezas construidas en los últimos 15 años.

¿Es porque es necesario el crecimiento (del “malla oro”) para luego distribuir?

No ya se ha demostrado que esta teoría del derrame no funciona y más en Uruguay donde la mayor parte del empleo lo generan las `pequeñas y medianas empresas es decir el pelotón.

Entonces, ¿porqué es?

No encontramos desde la economía política, otra explicación que la de la ideología económica, la que apuesta al mercado y al estado subsidiario a sus intereses.

Y al mismo tiempo el interés de clase que se representa, el de la elite empresarial, la que apoyó la LUC, las pautas salariales y el desmantelamiento del Estado.