Las Calificadoras, convertidas por el sistema en un instrumento de dominación

 

 Escribe: Jorge Notaro [1]

Las agencias calificadoras de riesgo, con sus recomendaciones y propuestas, condicionan las decisiones de los gobiernos de los países dependientes que venden títulos de deuda pública en los mercados financieros. De ese modo cuidan la rentabilidad y la seguridad del capital  financiero, están satisfechas con la situación del Uruguay pero exigen que se reduzca el déficit fiscal y no aumente la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB). Durante la crisis de 2008 se hizo evidente su carácter corrupto que llevó a más de una de ellas a enfrentar juicios por estafa.

Las calificadoras son empresas que cobran por evaluar las emisiones de deuda de gobiernos o de empresas para informar a sus clientes, los propietarios de capital financiero, qué emisiones vale la pena comprar. La evaluación finaliza con advertencias sobre la necesidad de modificar el rumbo de algunos indicadores y recomendaciones de medidas que aseguren la recuperación del capital invertido y la rentabilidad.

Las críticas obligan a los Estados a pagar mayores intereses y pueden implicar la pérdida de potenciales compradores de sus bonos, ya que algunas instituciones sólo compran a aquellos que tienen la mejor calificación. Los evaluados aspiran a alcanzar el grado inversor (investment grade) que indica que el riesgo de incumplimiento de pago es bajo y tienen que tener en cuenta las opiniones y recomendaciones.

El poder de las calificadoras fue creciendo a medida que aumentaba  la colocación de títulos de deuda pública a acreedores privados en los mercados financieros,  desplazando a los préstamos del FMI y del Banco Mundial. Desempeñan un papel clave en regular y controlar los flujos de capital operando en más de cien países y evaluando miles de empresas, una “baja” decidida en la clasificación de la deuda soberana de un país repercute en las inversiones, el empleo y llegan hasta hacer caer gobiernos, como de manera indirecta ocurrió en Portugal e Irlanda (Casanueva 2011). El más reciente informe del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) señaló que el 50% de la deuda de los países de América Latina fue contraída colocando valores públicos con una previa evaluación de las políticas de los gobiernos por parte de las agencias; en estos país la deuda pública  alcanzó a 1.258 miles de millones de dólares en 2012 (CADTM 2018).

La emisión de bonos, que representa el 52% del total de la liquidez global, es el instrumento que muestra el mayor dinamismo  con aumentos del 10,8% en el cuarto trimestre de 20 y 8,5%  en el segundo trimestre de 2018 (CEPAL 2018). El peso de los bonos como fuente de financiamiento refleja la creciente importancia de las empresas  administradoras de riesgos, con activos que se estiman en más de 90 billones de dólares, representa más del 30% del total de los activos globales y superan el PIB mundial (aproximadamente 78 billones de dólares). En 2017 casi un tercio del valor de los activos administrados (29 billones de dólares) se concentraba en 15 empresas y aproximadamente la mitad forman parte del conjunto de bancos globales más importantes (incluidos J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Crédit Agricole Group y el grupo UBS Group (CEPAL 2018).

En Uruguay en el año 2004 los acreedores oficiales (predominantemente multilaterales)  tenían el 57.6% de la deuda externa pública y  los acreedores privados (predominantemente financieros) tenían el 42.4%. La importancia relativa de los segundos fue aumentando en forma continua hasta llegar en el primer semestre de 2018 a 80.7% (BCU 2018). La deuda pública uruguaya tiene grado inversor de acuerdo a las cinco calificadoras que la evalúan, Standard & Poor's, DBRS, Rating and Investment Information (R&II) Moody´s y Ficht[2], esta última es la más baja con perspectiva negativa. Advierten al gobierno uruguayo que la calificación podría bajar si no se logra reducir el déficit fiscal, la relación deuda/PIB o hubiera un inesperado aumento en los requerimientos de financiamiento.

Las calificaciones empezaron a tener un papel central en el sistema financiero y surgieron los conflictos de interés ya que los emisores de deuda que pagaban los servicios de las calificadoras podían elegir a aquella más amigable. Para aumentar su cartera de clientes comenzaron a evaluarlos con menor rigor y esto colaboró para que el sistema financiero tomara mayores riesgos. El Premio Nobel de Economía  Krugman señaló que  “Es confortable creer que la crisis financiera fue causada por errores honestos. Pero no fue así; fue, en gran medida, el resultado de un sistema corrupto. Y las agencias calificadoras fueron una gran parte de la corrupción” (2010).

En 2013 el Departamento de Justicia de Estados Unidos entabló juicios por fraude  a la agencia Standard & Poor’s (S&P), acusada de “inflar deliberadamente calificaciones de crédito” para los CDO (Collateralized Debt Obligations, obligaciones de deuda secundaria) con el fin de beneficiarse, causando unos 5.000 millones de dólares en pérdidas (López Accotto 2013).

 

 

Banco Central del Uruguay BCU (2018) Deuda Externa Pública. Junio 2018. Montevideo, BCU

Casanueva (2011) Calificadoras de riesgo: ¿Quién custodia a los custodios?

Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) (2015) Cifras de la Deuda 2015 Enhttp://www.cadtm.org/Las-Cifras-de-la-Deuda-2015.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  (2018) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 2018 Santiago de Chile, CEPAL

Krugman, P. (2010)   Berating the Raters

https://www.nytimes.com/2010/04/26/opinion/26krugman.html

López Accotto (2013) Inhabilitar a las calificadoras de riesgo. En http://www.alainet.org/de/node/73773

 

 

 



[1] Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII

[2] Todos los informes de las calificadoras se encuentran en  http://deuda.mef.gub.uy/6475/14/areas/calificacion-crediticia.html