La aplicación de las prioridades programáticas para el período 2020-2025 plantea la necesidad de una concepción integral para observar el país

Escribe : Daniel Olesker

¿Cuáles son los principales desafíos de un cuarto gobierno del Frente Amplio?

El Frente Amplio asumió en 2005 luego de una profunda crisis económica y social que llevó a un desempleo de 15%, a una precariedad laboral de 40%, a una pobreza de 40% y a una caída del salario real de 26% en el quinquenio anterior.

Las políticas públicas, en el marco del modelo de desarrollo que aplicó el Frente Amplio, a las que hemos denominado: de “crecimiento con distribución simultánea”,  posibilitó, al mismo tiempo que recuperar el crecimiento económico, redistribuir el ingreso, reduciendo el desempleo a un orden del 7%, la precariedad laboral al 25%, la pobreza al 7,9%. Esto permitió recuperar la caída salarial en el primer período de gobierno y mantener luego el crecimiento del salario real y del salario mínimo nacional.

Al mismo tiempo, la solución a estas graves problemáticas abrió nuevos frentes que es necesario enfrentar y también considerar que los diferentes niveles de mejora han hecho que algunos problemas se vuelvan hoy más relevantes.

Por otra parte, es evidente que algunas de las reformas básicas o ejes centrales se han enlentecido o estancado en este último período de gobierno. Señalemos como las más destacables, la reforma de la salud, el aumento del gasto público social, el crecimiento del salario  mínimo.

Eso exige entonces, en el marco del programa de gobierno que aprobamos en el reciente Congreso del FA,  poner el énfasis en determinados aspectos. Y de eso trata esta nota.

Los cambios en la matriz productiva

Este es, sin duda, el principal desafío de un cuarto gobierno del Frente Amplio. Y ello supone aplicar políticas que permitan el desarrollo de nuevos sectores productivos y exportadores, basados en la aplicación intensiva de conocimiento o agregar mayor valor a los tradicionales, todo lo cual permitirá diversificar nuestra economía, acceder a nuevos mercados y disminuir así la limitación que significa ofertar pocos productos  con alto contenido primario, así como la dependencia tecnológica de nuestra economía que constituye la principal restricción del desarrollo a mediano plazo.

Ello implica cambiar la concepción de la política productiva e ir hacia una visión de cadenas de valor, desarrollando la industria manufacturera de nueva generación, aprovechando las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico, por ejemplo, en el plano de la biología, la nanotecnología y la informática.

En el ámbito legal esto supone modificaciones en la ley de promoción de inversiones y en los subsidios públicos aplicando en ellos un enfoque sectorial.

En el ámbito de la innovación supone destinar más recursos en estas áreas de la Universidad de la República y un estímulo a las empresas públicas y privadas a fin de  priorizar el uso endógeno de tecnologías. Es necesario llegar al 1% del PBI para Investigación y Desarrollo

En el ámbito de la inserción internacional para alterar los niveles de dependencia derivados de las relaciones “centro–periferia” que se establecen con los países dominantes y a los cuales, en general y mayoritariamente, exportamos productos primarios sometidos a intercambio desigual, nuestra política debe priorizar la región sudamericana en términos geográficos y los mecanismos de complementación productiva.

Finalmente, para todas estas transformaciones juega un rol central la aplicación de una política selectiva, sectorial y de prioridades nacionales en las compras públicas.

Inversión en infraestructura 

Más allá de los avances en la inversión pública realizados en estos años, y que han alcanzado, entre 2010 y 2014, un 4,2% del PBI, se requiere la aplicación de un nuevo “shock” de infraestructura que mejore las condiciones de desarrollo de los sectores productivos, los sectores de exportación y el propio desarrollo de las ciudades. Es en este sentido que se hace necesario actuar sobre el sistema ferroviario, el sistema de transporte carretero, la energía y las comunicaciones y, en el caso de los hogares, con la inversión en vivienda.

Políticas activas de empleo   

Obviamente, cualquier perspectiva de mejora en la cantidad y la calidad del empleo pasa por un cambio de la matriz productiva que agregue valor a una economía de creciente primarización, tal como se plantea inicialmente.

Además, junto con esto es imprescindible diseñar políticas activas de empleo para estimular el trabajo y la demanda empresarial. La ley de inversiones ya tiene un componente en esa dirección, pero es necesario potenciar el uso del subsidio a las empresas que incrementen su contratación de trabajadores.

Sin embargo, es necesario abordar este tema de tal manera que aumente efectivamente el empleo o impida su caída y no subsidiar la creación natural de empleo que se da en una economía en desarrollo.

Para ello es necesario tener un enfoque sectorial, priorizando ramas de actividad o que hayan presentado en el último tiempo, mayores dificultades en la evolución de empleo o que siendo dinámicas tengan menor demanda de empleo,

Finalmente es necesario abordar, como lineamiento para la negociación colectiva en los sectores de mayor desarrollo de la productividad, la propuesta de reducción de la jornada de trabajo de manera de compartir las mejoras económicas con los trabajadores.

Economía Social y Solidaria

Es evidente que un proyecto de desarrollo basado en crecimiento con distribución, tiene que plantearse el tema de la propiedad de los medios de producción. En ese sentido es necesario reforzar y priorizar en toda su extensión el desarrollo de la Economía Social.

Para ello se debe fortalecer al FONDES volviendo a su lógica fundacional y volcando los recursos económicos comprometidos en su ley de creación, con el objetivo final de constituir una banca de fomento que atienda las necesidades de financiamiento de estas empresas.

Salario mínimo nacional

A lo largo de estos años de gobierno del Frente Amplio, el Salario Mínimo Nacional ha jugado un rol relevante en la mejora de la distribución del ingreso y ha permitido que los salarios más bajos de las ramas de actividad privada crecieran impulsados por dicho salario mínimo.

Sin embargo, este proceso se ha enlentecido desde 2013 y es necesario recuperar su ritmo de crecimiento para empujar los salarios aún bajos. El programa propone establecer un criterio normativo del salario mínimo ajustado a la canasta básica de alimentos. En el caso del PIT CNT hace ya tiempo se planteó que fuera equivalente a media canasta de pobreza para una familia tipo y ello lo lleva a un orden de 17 mil pesos líquidos.

Educación

Las políticas educativas han avanzado significativamente en estos años y el programa muestra una orientación para profundizarlo.

Entre ellas destaco por un lado avanzar hacia una educación politécnica integral para superar la clásica división entre la formación técnica manual y la intelectual.

Al mismo tiempo es necesario trabajar la continuidad y seguimiento de las trayectorias educativas y mejorar el acceso, la permanencia y culminación de los ciclos de las personas en situación de vulnerabilidad socio-económica, y de colectivos históricamente relegados.

Todo ello requiere un compromiso presupuestal de un orden del 6% del PBI para la educación y un componente importante de dicha dotación para los programas de inclusión y permanencia.

Salud

La profundización del Sistema Nacional Integrado de salud debe tener una prioridad en el diseño de la protección social.

En primer lugar, se debe completar el proceso de cobertura universal en salud a través del Seguro Nacional de Salud (FONASA). Para ello se deben incluir en él los trabajadores municipales y como prioridad absoluta se debe culminar la superación del rezago histórico en la asignación de recursos a ASSE respecto al sistema mutual, que pasó de 30 a 80% entre 2005 y 2014, pero que ha permanecida estancado en ese valor hasta hoy.El presupuesto destinado a la población usuaria de ASSE debe reflejar las capas ajustadas por edad y sexo, pagadas por el FONASA para las prestaciones del Plan de Salud.

En segundo lugar, es necesario avanzar en las prestaciones incluidas en el Plan de Salud (PIAS) priorizando el acceso a la salud mental, la salud bucal y a programas integrales de rehabilitación.

En tercer lugar, y en el marco de la recientemente aprobada ley de centro de referencia la Red de Efectores públicos (RIEPS) debe articular para ser referente en patologías complejas y al mismo tiempo liderar la inclusión de tecnología de alta complejidad como forma de garantizar la accesibilidad, equidad y combatir la mercantilización de los servicios de salud.

En cuarto lugar, debe continuar el proceso de reducciónde tickets y órdenes  diferenciando según la capacidad de pago de los usuarios,

En quinto lugar, la fijación de precios del sector salud por el Estado deberá incluir la compraventa y complementación de servicios, fijando los precios de dichas complementaciones (cama CTI, Resonancia, estudios, etc.)

En sexto lugar, y para fortalecer la rectoría, el  Ministerio de Salud debe contar con  presupuesto para mejorar las funciones de control y diseño de políticas de salud en especial con infraestructura y tecnología en sistemas de información.

Vivienda

Es clara la necesidad de otorgar a la política de vivienda y hábitat una fuerte prioridad (quizás la mayor, en el próximo gobierno del Frente Amplio) y resulta claro que ello es imposible sin un aumento sustancial de los recursos asignados.

Por ello proponemos tomar como referencia lo que asignaría hoy la ley 13728 (ley madre de vivienda) que es el 2% de la masa salarial del país. Ello representa una cifra anual del orden de 400 millones de dólares.

Es evidente que ello supone una prioridad en construcción de nuevas viviendas y mejoramiento de las existentes, con énfasis en la construcción del modelo cooperativo de acceso a la vivienda.

Pero al mismo tiempo, junto a esas prioridades, es necesario abordar la emergencia habitacional. Se propone, por ende, que una parte de este significativo aumento de recursos se destinen en un plan a mediano plazo (por ejemplo 10 años) a las situaciones de emergencia socio-habitacional grave. En esta perspectiva el plan debe abordar mejoramientos de viviendas y/o construcción de vivienda nueva. Tal como se verá más adelante.

Al mismo tiempo es necesario incidir sobre el mercado de arrendamientos, mediante la creación de un segmento que funcione con independencia de la ley que regula los alquileres y tenga sus propias reglas en materia de precios, plazos, garantías, etc. que será el receptor de los estímulos tales como subsidios, garantías y préstamos blandos para refacciones, etc.

Plan integral de erradicación de la pobreza

Desde el 2005 ha estado claro que para impactar directamente sobre los mecanismos de reproducción de la exclusión y la desigualdad, es insoslayable el acceso en forma conjunta al trabajo formal, al cuidado y a la vivienda, principales factores que afectan la vida de las personas, en estrecho vínculo con las dimensiones de salud y educación.

Es evidente que las acciones de inclusión social y la recuperación de la presencia del Estado como líder estratégico de ellas ha sido relevante desde 2005. Sin embargo, como dice el Programa a pesar de este importante reposicionamiento del Estado, persisten hoy algunas de las condiciones que reproducen la exclusión, ya que, por diversas razones las acciones de fortalecimiento de la matriz de protección social no han logrado impactar en forma suficiente sobre dichos mecanismos de exclusión.

Este diagnóstico fue realizado con rigurosidad en el 2011 y dio lugar a lo que se dio en conocer la estrategia 7 zonas que, funcionó, con evaluación positiva hasta 2014, pero luego no fue continuada.

En aquel momento dicha iniciativa concibió al territorio como un factor clave de producción y reproducción de desigualdad y exclusión, razón por la cual se decidió intervenir en él para transformar la trama urbana. En ese sentido elPlan 7 zonas definió un despliegue sectorial de  políticas con eje en el territorio como la unidad central de intervención.

Dicho plan construyó un programa de intervención urbano integral, que aumentó la presencia de los llamados programas sociales prioritarios (Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías), fortaleció las prestaciones sectoriales en intensidad y accesibilidad (Salud, Educación, Cuidados, Capacitación Laboral), al tiempo que promovió una intervención contundente en la trama urbana a través de obras de infraestructura para la convivencia y despliegue una estrategia de seguridad local estructurada entorno al urbanismo social y la policía comunitaria.

Es claro que un programa que nace a mitad de periodo cuenta con las dificultades presupuestales para transformarse en un shock, en especial en lo referido a la inversión en vivienda.

Por ello creíamos  y creemos vigente que, tal como se planteó en el informe de transición del MIDES en 2014 para el siguiente gobierno que:

“ Es posible diseñar este shock de políticas que incluirá al menos 30 zonas  con un diseño centralizado, presupuesto propio definido para todo el quinquenio y que incluya las acciones focalizadas y las inversiones sectoriales en salud, educación y especialmente vivienda, entre otras, definición de estrategias en un comité político interinstitucional, seguimiento y evaluación centralizada y poder de decisión y mando en dicho comité.  Se trata de un PLAN UNICO de URUGUAY SIN POBREZA”

Sistema Tributario

Es evidente que el país necesita seguir aumentando la dotación de su gasto social, como se ha visto en diferentes  puntos de los ítems anteriores. Por ende, el programa propone en línea con lo realizado desde la instalación de la reforma tributaria de 2007, continuar aumentando gradualmente la participación de los impuestos a la renta y a la riqueza respecto de los impuestos al consumo.

De modo de avanzar en términos de la distribución de la riqueza, se propone fortalecer el Impuesto al Patrimonio en especial en lo referido a sus exoneraciones, sus bajas tasas, y los mecanismos de evaluación de sus aforos. Y, al mismo tiempo, de forma de minimizar el impacto de la transmisión intergeneracional de la desigualdad y de reforzar los mecanismos de control, se propone implementar un impuesto a las herencias elevadas, exonerando del gravamen a los hogares de los estratos bajos y medios.

En este sentido y en línea con lo planteado en el cambio de la matriz productiva y las políticas de empleo se debe analizar los regímenes especiales de tributación y las exoneraciones que de ellos se desprenden para fortalecer las políticas de orientación  de los recursos hacia sectores de mayor valor agregado e impacto sobre el empleo.