EL ORIGEN DEL DINERO

 

Escribe Andrés de la Iglesia

 

El título de esta nota podría sugerir un profundo estudio Engeliano respecto de las acumulaciones originarias en los diferentes estadios de la sociedad o bien una introducción de cómo será este medio de pago en el futuro o siendo más especulador, sencillamente un anzuelo para atraer al lector a dedicar unos minutos a estas líneas.

Lo cierto es que en tanto me considero un especialista en absolutamente nada, ni poseo doctorados en ninguna materia, solamente tengo la tozuda certeza de estudiar, indagar, observar todo aquello que se me presenta como indiscutible y natural e intento enfrentar algunas verdades eternas sentado sobre otro banquillo.

Por ello es que me propongo plantear un tema que muchas veces separa aguas y por tanto va asociado de actitudes preconcebidas por quienes las esgrimen y que este título tal vez al final de la nota, pueda demostrar cómo una sencilla posición en el escenario me permite desarmar esa fortaleza estructurada de conceptos que en el fondo sólo existen y se manejan para permitir el mantenimiento del statu quo. Así que dejemos por ahora al dinero donde está y comencemos a desarmar la madeja.

Es muy común escuchar, argumentar e inclusive construir todo un andamiaje de argumentos cuando uno se refiere a lo privado y lo público.

En un primer acercamiento podríamos definir estas esferas como en el caso de la primera, es aquella que se desarrolla en el ámbito familiar, doméstico, íntimo, lo circunscripto a nuestra casa y que de alguna forma es restringido. En cambio, lo público es el espacio donde ocurre lo social, la calle, nuestros vecinos, nuestro lugar de trabajo o estudio, es el lugar común donde transcurren las interacciones sociales, el vínculo con el otro.

Luego podemos avanzar profundizando desde una perspectiva filosófica desde el mismo Aristóteles hasta Habermas, Arendt y otros. Pero como decíamos al principio no es intención de esta nota tomar por ese camino.

La otra esfera de lo público y lo privado y es al cual queremos analizar desde otra perspectiva, es la vinculada a la economía. Como se lo conoce habitualmente como el sector público y el sector privado y esto tiene varios niveles de percepción.

En el ambiente económico, los economistas y contadores definen claramente estos dos sectores desde la óptica si la actividad desarrollada está vinculada al gobierno (como sinónimo de Estado) o no. Es decir, desde el origen de la propiedad de la actividad o servicio, de modo tal que cuando existen empresas que son compartidas entre ambos sectores se les denomina como mixtas, independientemente del porcentaje de propiedad de cada uno.

En definitiva, si el local, las máquinas, los muebles son propiedad del Estado, independientemente de los bienes o servicios que brinde, entonces pertenece a la esfera pública. Ahora si la entidad que supongamos, brinda los mismos servicios o bienes que la antedicha es propiedad de un fulano o una Sociedad Anónima, entonces responde a la esfera privada.

El otro nivel de percepción al que nos referíamos más arriba es cómo es visto este esquema desde el imaginario colectivo, es decir desde la sociedad, con todos sus complejos actores. Aquí radica gran parte de la hegemonía de los conceptos sobre estos sectores y tiende a poner como propio, como propiedad de la sociedad todo aquello que está bajo la órbita de lo público, lo que es propiedad del Estado, entiéndase también por Estado el ámbito de lo municipal y en tanto un servicio o un bien brindado por alguno de estos organismos lo consideramos como nuestro, que nos debe rendir cuentas, es dable a la crítica y a la denuncia por sus excesos o ineficiencias y nos vemos con el derecho de controlar su gestión, sus gastos, inversiones y hasta la forma en que contrata a su personal.

Sin embargo, si este organismo u organización es propiedad de aquel fulano o es una firma comercial o industrial, nos decimos que no es asunto nuestro, que puede hacer lo que se le ocurra, porque en definitiva es de su propiedad y como yo puedo hacer dentro de mi casa y con mis cosas lo que quiero, entonces él tiene el mismo derecho.

Es entonces con la última palabra del párrafo anterior, que defino claramente esa línea divisoria que institucionaliza, santifica y protege esas conceptualizaciones sobre lo privado y lo público y es el Derecho. Este es otro nivel de percepción que claramente asoma, el Derecho Público y el Privado es la superestructura formal en donde habrán de dirimirse los conflictos de los dos sectores, instalando definitivamente que será en razón de la propiedad de los bienes y medios de cada uno, donde voy a determinar las reglas de juego.

Bien, hasta aquí lo que hicimos fue detallar un poco más claramente lo que ya todos sabemos y lo que intentaremos ahora es tratar de ver toda esta realidad, por un lado, mirándola desde la perspectiva del origen del dinero y aquí se devela el misterio del título y por el otro tratando de pensarlo desde el sentido común, dentro de las reglas mismas que nos impone el mercado.

En el Uruguay no es extraño encontrarse con las frases de “bajen el costo o el gasto del Estado” o “me están matando con los impuestos” u otras similares. Pero tratemos muy someramente no en determinar en qué se gastan los fondos públicos, sino a cambio de qué se nos pide que paguemos.

El principal impuesto que pagamos los que consumimos, no las empresas, es el IVA y éste ingreso significa cerca del 60% de los que obtiene el Estado, el resto son otros impuestos a los ingresos IRPF, a la propiedad, las ganancias de las empresas, etc. Nos podríamos preguntar, ¿a cuenta de qué pagamos toda esa plata?, pues bien, con ellos se sostiene la policía, el ejército, los maestros y profesores que educan a nuestros hijos o nietos, la Universidad de la República en la que se han formado, entre otros.

¡Podemos quejarnos de que es un disparate! pero veámoslo desde el otro extremo, supongamos que no pagamos ni el IVA ni ningún otro impuesto, el resultado es que no se pueden pagar policías, ni maestros, ni todos los otros servicios que para nosotros son tan habituales como dejar a los niños en la escuela o el liceo sin preocuparnos en que a fin de mes hay que pagar ese servicio o cobrar la jubilación cada mes

Si estas fueran las condiciones, nadie puede dudarlo, tendrían educación, seguridad, salud y carreras universitarias, sólo aquellos que pudieran pagarlas, que es lo mismo que decir los que tienen la plata, los que son más ricos, los más poderosos. La inmensa mayoría de la población no podría acceder. Aún puesto esto así, igualmente ese sector de la población que no podría pagar por esos servicios se hace eco de la barbaridad de los impuestos.

Luego pagamos tarifas para recibir energía eléctrica firme en la puerta de nuestras casas, agua corriente de calidad con la que preparamos nuestros alimentos, la bebemos, nos bañamos, luego, aunque cada vez menos, usamos nuestros viejos teléfonos de línea o algunos nuestros celulares, pedimos dinero prestado a pagar en varios meses a un determinado interés. Estos servicios son entregados a la población por empresas u organismos que son propiedad del Estado y en algunos casos por instituciones o firmas del sector privado.

En cualquiera de los casos uno obtiene una contraparte y podrá estar satisfecho o no con lo que obtiene, pero no hay duda de que esos no son imposiciones, es decir yo puedo elegir no tener energía eléctrica en mi casa y vivir como en el siglo 19, sacar agua de un manantial o ir a acarrearla al río, pero esto no se le pasa por la cabeza a nadie, ¿verdad?  Aunque uno puede si, decidir no pedir un préstamo de dinero o pedirlo a un banco o financiera que le cobre intereses más altos que los que cobraría la institución pública, aquí ejerce su “derecho” de elegir en el mercado lo que se le ocurra.

Los servicios de salud son un ejemplo más claro para poner en evidencia lo que quiero demostrar. Los aportes van entre el 3 y el 8% sea que ganan menos o más de 10.000 pesos y tenga o no hijos a cargo, por tanto y teniendo en cuenta que una cuota de un prestador de servicios privado está en el orden de los 2.500 pesos.

Es indudable que los que poseen mayores sueldos aportan más y son los que más se quejan de este “impuesto”. Pero pongamos un ejemplo, una persona que gana 50.000 pesos podemos acordar que tiene un buen sueldo, supongamos que es una madre, divorciada y que tiene 2 hijos a su cargo, en ese caso aportará un 6% de su ingreso, esto es 3.000 pesos y con ello tienen cobertura ella y sus dos hijos, entonces paga una cuota a la mutualista privada de sólo 1.000 pesos por todos los servicios. En buen romance, está obteniendo un servicio que de no existir el FONASA debería pagar para obtenerlo de cualquier mutualista la suma aproximada de 7.500 pesos, ¿es correcto el razonamiento? Entonces puesto así aún aquel que gana 100.000 pesos y tiene esposa/o y dos hijos, se le descontarían 8.000 pesos, igualmente no es una suma disparatada para un sueldo realmente muy importante en nuestro medio.

Para que esto sea así como lo describimos, el resto de lo que falta para cubrir la cuota de la mutualista privada lo paga el Estado, el conjunto de los uruguayos, si no se descontara de los ingresos la cuotaparte correspondiente al FONASA este servicio no podría brindarse a todos los uruguayos, tengan o no trabajo, ganen mucho o poco, sean niños o ancianos. Sin embargo, muchas veces escuchamos esta “cantinela” de todo lo que se nos descuenta de nuestro sueldo y son estos mismos beneficiarios, los que se hacen eco del reclamo sin detenerse a realizar este simple ejercicio aritmético.

Pero bien hecha estas descripciones me impongo analizar independientemente de quien preste el servicio o nos venda el bien, sea éste público o privado, de donde proviene el dinero que hace posible estas transacciones, estos intercambios. ¡Usted se lo está respondiendo sólo señor lector! De nuestro bolsillo, de nuestro trabajo que es el único generador genuino de valor y de riqueza.

Entonces, en tanto consumidor de cualquiera de esos bienes o servicios, qué más me da que lo provea una empresa u organismo llamado Estado de otro que se llame Fulano S.A. o Internacional Products Company. El caso es que con mi dinero quiero obtener la mejor calidad de bienes o servicios posible y me importa un reverendo “pepino” la propiedad y el Derecho que rige las reglas de juego a uno y a otro.

Ahora estimado lector, usted es de aquellos que se queja y saldría a levantar firmas para que la tarifa eléctrica de la empresa del Estado se reduzca en un 30 %, sin embargo no lo veo tan preocupado de hacerlo cuando le llega el día de pagar su tarjeta de crédito y el interés que le cobran por comprar un refrigerador en 12 meses sea del 70% anual, es decir a usted no le enoja que en lugar de pagar 10.000 pesos por ese electrodoméstico una empresa privada le cobre 17.000 y sin embargo le sobra gallardía para sostener que “es un afane” lo que paga por consumir los 250 Kw mensuales. Esto puede parecer políticamente incorrecto pero el razonamiento es inobjetable, el mismo dinero que paga por consumir la energía para su consumo razonable y habitual de su vida cotidiana, es el que paga también por ese refrigerador que tuvo que comprar porque el que tenía llegó a su fin y sin embargo su actitud al abonar en uno u otro caso, es claramente distinta.

Pongamos otro ejemplo más significativo y fácil de comprender porque aquí el origen del dinero es más fácil de demostrar. Escribíamos un poco más atrás, acerca de los servicios de salud a la población, queda claro allí primero, que el origen del dinero proviene de los bolsillos de los trabajadores, porque al que se le ocurra decir que los empresarios también lo aportan es un eufemismo porque los empresarios privados lo cargan a sus precios y segundo, que queda demostrado que todo el dinero sea para el funcionamiento y salarios de ASSE como de las mutualistas privadas, proviene de la misma bolsa recaudada por el Estado, ¿se ve que con tanta facilidad a los legisladores cargar las baterías pidiendo explicaciones sobre las contrataciones y los gastos que realiza ASSE y no los veo tan valientes para exigirlo a las diferentes mutualistas privadas?

¿Por qué pongo tan en evidencia y exijo que sean de conocimiento público saber cuáles son las cuentas de UTE, OSE, ANCAP, ANTEL, BROU, etc., y no tengo la misma preocupación por saber cuáles son las ganancias, los sueldos y los gastos de las entidades financieras que me cobran ese 70% por comprar un refrigerador u otros bancos o los grandes supermercados en los que aportamos gran parte de nuestros ingresos o a las otras compañías de teléfono?

¿Por qué vemos tan legítimo que se pudiera plebiscitar el uso o inclusive la tarifa del consumo de agua o el valor del gasoil y sin embargo no nos da la “nafta” para salir a requerirle a esa entidad financiera que nos está “robando” cuando nos cobra un 70% por el valor del dinero que nos presta?

Entonces si estamos de acuerdo en que el dinero proviene de nosotros y que todos intentamos obtener el mejor producto por lo que pagamos, sin importarnos a la hora de adquirirlo si éste es propiedad del Estado o de un particular, si usted es capaz de regatear el precio que pagará por las verduras o las frutas en la feria, frente a otro “laburante” igual que nosotros, para obtener una mejor inversión de su dinero, ¿por qué no desarrolla la misma conducta cuando va a los grandes supermercados o en la cola de la tarjeta de crédito o cuando saca número para el oculista y se lo dan para dentro de un mes?

Estimado lector, a eso se le llama “hegemonía”, que hablando en criollo quiere decir que usted vea como normal e indiscutible que porque el Derecho Privado impone que la propiedad privada le otorga derechos a su poseedor, entonces usted no tiene derecho alguno a saber qué hace con su propiedad, aunque el origen de toda su propiedad provenga de su bolsillo y del de todos los que trabajan y sin embargo usted se sienta con todo el derecho del mundo a exigirle al Presidente de UTE cuáles son sus costos para cobrarle la tarifa que usted paga, sabiendo usted que es el mismo precio que paga un apartamento en Pocitos, de un acomodado propietario de Montevideo, exactamente el mismo que se le cobrará a la zona de Mataojo de Salto cuando se instale la electrificación rural a cualquiera de los productores chicos y medianos que allí viven y es notorio que no es el mismo costo en un lugar que en otro.

No pretendo estimado lector, que salga a buscar firmas para derogar la propiedad privada, ni para trasladar todos los servicios del Estado al sector privado, lo que quiero poner en evidencia es que cuando usted escuche los eslóganes de “bajen el costo del Estado por favor”, tal vez algún desubicado pueda salir con otro autoadhesivo que diga “bajen las ganancias de algunos privados, please” (para que lo entiendan las multinacionales también) o “quiero saber cuál es el costo del privado” o “que se publiquen los balances de todas las entidades privadas”.

Porque en el fondo los derechos se ejercen y luego se escriben. Si la presión de la gente, del pueblo, de los consumidores, de los beneficiarios y use el adjetivo que más le guste, se dirige a consolidar como propio ciertas prerrogativas que sólo están escritas en el Derecho para algunos, entonces se producen los cambios y logra construirse una nueva hegemonía.

No se deje ganar por el discurso “facilongo”, edulcorado y pegajoso; indague, pregunte, busque información, hable con otro que le de otra perspectiva. Converse más con aquel que no piensa igual que usted, que con el que le pasa la mano por el lomo por asentir con su discurso. Arremeta contra lo que le parezca injusto, pero hágalo con argumentos sólidos, sea riguroso al momento de construirlo; mantenga siempre la desconfianza de lo que escucha, ve o le cuentan, contrástelo con otros parámetros; no divulgue lo que no tiene absoluta certeza en una época donde “reenviar” se ha convertido en la forma más haragana de demostrar que está vivo y existe.   

 

Andrés de la Iglesia

Noviembre 2018